La Gaceta Jurídica

Crisis policial crónica

…debe incidirse en la reforma policial, que es anunciada por cuanto Ministro de Gobierno que es posesionado, pero que, en definitiva, no llega ni siquiera a iniciarse. Esta situación hace sospechar que desde el interior de esta institución se evita que se produzcan cambios, que ni siquiera parecen probables pese al apoyo mayoritario que tiene el actual partido…

Editorial

00:00 / 16 de septiembre de 2015

La reciente relación develada con imágenes de video sobre la relación delincuencial entre dos policías y una pareja de atracadores reavivó las críticas contra la entidad del orden, esto mediante generalizaciones, análisis y opiniones de diverso calibre en los medios de comunicación, en los ámbitos políticos y en las esferas privadas de la sociedad.

A la vez, la situación remarcó que en la colectividad verde olivo persiste una crisis de grado no medible en el aspecto moral, el que sobrepasa en gran porcentaje a otros indicadores de la problemática institucional, que pueden ser la baja preparación de algunos uniformados y la ausencia de recursos de diverso orden.

Si bien los principios señalan que no se puede generalizar, con estos hechos la imagen de la Policía ha recaído en la desconfianza y en la reprobación, pues se puede pensar que esa situación difundida de manera pública es muy común y que otros involucrados en situaciones de delito no han sido descubiertos de la forma “in fraganti”.

Como consecuencia de esa complicidad, fueron dados de baja dos policías el pasado sábado de manera definitiva y sin derecho de reincorporación a la institución del orden, la decisión fue tomada de manera unánime por los tres miembros del Tribunal Superior de la Policía en una sesión de unas cinco horas de duración. Además, la magistrada del juzgado que atiende el caso ordenó la reclusión preventiva de los ahora expolicías porque el Ministerio Público demostró en la imputación la probabilidad de autoría de delitos de robo agravado, incumplimiento de deberes, cohecho y uso indebido de bienes del estado, según informó a La Razón el fiscal del proceso.

Mientras este caso es ventilado en los estrados judiciales hasta que se obtenga un fallo definitivo, las expectativas de los entes estatales y de la población en general apuntan a que otra vez debe incidirse en la reforma policial, que es anunciada por cuanto Ministro de Gobierno que es posesionado, pero que, en definitiva, no llega ni siquiera a iniciarse. Esta situación hace sospechar que desde el interior de esta institución se evita que se produzcan cambios, que ni siquiera parecen probables pese al apoyo mayoritario que tiene el actual partido que administra el gobierno.

El optimismo lleva a presumir que los mandos policiales podrían estar interesados en que su organismo salga de la crisis y que los objetivos y principios del servicio policial sean enaltecidos como corresponde para que las personas que forman parte de ella no sean estigmatizadas como ocurre hasta el momento y que no se asuma que el personal está motivado el empeño de la riqueza ilícita. De manera paralela, sin que se justifique los actos de corrupción y cohecho, el Estado deberá analizar la condición real de los recursos y remuneración de los uniformados verde olivo, promoviendo que estas condiciones mejoren para bienestar de estos seres humanos que tienen familias y que, asimismo, necesitan cumplir sus obligaciones en condiciones adecuadas y con equipos apropiados.

Esto parece haber sido subsanado hasta cierto grado en algunas oportunidades en los últimos años, pero sin que se haya analizado si es medianamente suficiente como para que los policías cumplan su labor de manera apropiada y con la honestidad inexcusable.

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