La Gaceta Jurídica

Cruzada y corrupción

Por otra parte, podría ser saludable para las instituciones fiscales de toda índole, incluidas las gobernaciones, lanzar iniciativas propias similares a esta cruzada, de esta manera se establece antecedentes anticorrupción y se cura de desconocimientos.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 20 de agosto de 2013

Esta semana, instancias del órgano Ejecutivo dieron inicio a una cruzada que se espera tenga buenos resultados como mecanismo de prevención de actos relacionados con la corrupción en los gobiernos municipales y también como instrumento de detección de autoridades y funcionarios deshonestos. Se trata de la Caravana de la Transparencia, cuyo objetivo fundamental es difundir los contenidos de la Ley contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz y de otras relacionadas con el tema, para que el personal de las alcaldías no incurra en “errores”.

Uno de los justificativos para esta actividad que desarrolla el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción es que el desconocimiento de la legislación vigente provoca que todavía existan actos de cohecho, chantaje o extorsión, entre otros. Al respecto, el presidente del Estado, Evo Morales, dijo que, de las autoridades municipales del oficialismo que incurrieron en hechos de corrupción, el 50 por ciento lo hizo por desconocimiento de la normativa. Al mismo tiempo, el mandatario anunció que los militantes del partido de gobierno que sean encontrados en actos ilegales también serán castigados como cualquier otro infractor. Afirmación que involucra un compromiso.

En consecuencia, será importante la labor que desempeñen los técnicos de este Ministerio durante un mes en, por lo menos, 21 municipios de Cochabamba, Oruro, Chuquisaca, La Paz y Santa Cruz. Lo cual deberá replicarse, seguramente en próximas fechas, en otras jurisdicciones comunales, pues el país tiene 339 de éstas y puede ser muy útil para el reforzamiento moral llegar a todas ellas.

Por otra parte, si bien es trascendental el recorrido de la caravana para incidir en el conocimiento de los cánones estatales y advertir de que su vulneración será castigada, el Presidente hace bien en no disimular que también existen autoridades y funcionarios que actúan al margen de la ley con el propósito de enriquecimiento y que existen denuncias al respecto, situación que deberá ser encarada desde las instancias judiciales correspondientes, como lo ha sido hasta el momento. Con las causas jurídicas y con la difusión de la normativa en vigor se podrá machacar aún más en la lucha contra la corrupción.

En este sentido, la prevención evidenciará dos elementos. Uno sobre la capacidad de los equipos encargados de explicar la ley de tal modo que sea entendible y convincente para quienes todavía tienen dudas de cómo debe ser el comportamiento ético y legal del servidor público. El otro se refiere a la voluntad que tengan los titulares electos y designados en los gobiernos municipales para mantener una conducta a la altura de sus electores; de esta forma, a futuro se alcanzará la medición real o aproximada de los niveles de corrupción en estas instancias.

Del mismo modo, el Ministerio de Transparencia podría promover actividades similares a nivel de entidades estatales descentralizadas, autárquicas y autónomas que siempre son vulnerables a interpretaciones de conveniencia o “falta de conocimiento” de las medidas que rigen el funcionamiento del Estado y de las mismas entidades. Por otra parte, podría ser saludable para las instituciones fiscales de toda índole, incluidas las gobernaciones, lanzar iniciativas propias similares a esta cruzada, de esta manera se establece antecedentes anticorrupción y se cura de desconocimientos.

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