La Gaceta Jurídica

Cuestionamientos, empresas y función

A un año de la promulgación de la Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, de 26 de junio de 2011, los resultados no son los anunciados, además, que existen vacíos jurídicos que impiden su aplicación y la aprobación de decretos como el 1310 y 1311 no contribuye a los objetivos de esa norma.

La producción tradicional no tiene protección real hasta el momento.

La producción tradicional no tiene protección real hasta el momento. Foto: iptk.fisc

La Gaceta Jurídica / Sonia Maldonado

00:00 / 14 de agosto de 2012

Esta ley fue promulgada por el Presidente Evo Morales en un acto en el Coliseo Cerrado de La Paz y fue presentada ante una concentración de delegaciones campesinas de todo el país como un instrumento de liberación social, cultural y financiera.

En la promulgación se anunció la creación de un seguro agropecuario de empresas dedicadas a la labor agrícola, como la fábrica de fertilizantes, el banco de provisión y producción de semillas; empresas de apoyo a la comercialización comunitaria, mecanización del agro y tecnificación y de la empresa pública de agua.

Sobre las empresas

La única que está en funcionamiento, pero que aún no ha desarrollado mecanismos para asegurar el acceso a los pequeños productores, es el banco de provisión y producción de semillas.

Para que las organizaciones sociales apaguen sus voces se promulgó el Seguro Agropecuario Agrario Universal “Pachamama” a través del Decreto Supremo 942, del 2 de agosto de 2011, donde las organizaciones no vieron el alcance del mismo, ya que este Decreto reglamenta parcialmente, determinando las condiciones de implementación del Seguro Agrario para Municipios con Mayores Niveles de Extrema Pobreza (Samep),  así como la naturaleza y financiamiento institucional, el rol y atribuciones de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Instituto del Seguro Agrario (Insa).

Hasta el momento, ningún sector productivo se ha beneficiado y, desde su reglamentación parcial, no se ha vuelto a hablar de la universalidad del seguro.Entre otras cosas, la Ley 144 establece que los productos comestibles y alimentos importados deben exhibir una etiqueta en caso de que hayan sido procesados con transgénicos. En Bolivia sólo se conoce un producto con etiquetado –aunque no muy notorio–, es el caso de la carne de soya que forma parte del subsidio de lactancia y en cuya etiqueta se indica que está “elaborado con soya no transgénica”.

¿Quién debe realizar dicho control?

Según la Ley 144, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias es la entidad responsable de vigilar el uso del recurso genético e impulsar el mejoramiento de las semillas, mientras que el Comité Biogenético debe fiscalizar la provisión de semillas para evitar el uso de transgénicos, pero estas dos instituciones no cumplen sus funciones.

La Ley 144, establece los plazos para la aprobación de las reglamentaciones que deben asegurar su plena puesta en vigencia. El único plazo que se cumplió fue el de la Cláusula Tercera de las disposiciones transitorias con el Decreto Supremo 943 de 2 de agosto de 2011, sobre el diferimiento del Gravamen Arancelario (ga), por un periodo de cinco años para la mercancía identificada en las subpartidas arancelarias.

Al margen de ello, los plazos establecidos a partir de la promulgación de la Ley 144 son incumplidos.

El Órgano Ejecutivo debió emitir en el plazo de 120 días las disposiciones normativas para la creación y fortalecimiento de entidades públicas responsables de concretar la revolución productiva comunitaria agropecuaria.

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural debía presentar en 60 días la normativa de la banda de precios para garantizar el precio justo del productor al consumidor ya que se abrogó el 21060, pero el mercado sigue rigido por la oferta y la demanda.

El Órgano Ejecutivo debía emitir en 90 días la normativa para la ampliación preferente del servicio de provisión de productos para el Programa de Alimentación Complementaria Escolar y el Subsidio de Lactancia Materna.

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural debía emitir, en 60 días, la normativa para el sello social que debe certificar el  uso de mano de obra e insumos locales provenientes de la producción agropecuaria.

Ya pasaron más de 360 días, los plazos han sido sobrepasados, pero las disposiciones no han sido aprobadas.

A un año de la promulgación de la Ley 144 no existe cambio alguno. El Pacto de Unidad que ha promovido esta ley no ha realizado el seguimiento para su implementación, al punto que aún ni los beneficiarios saben cómo definir qué es una Organización Económica Comunitaria (Oecom).

La ley las reconoce, pero no se sabe quiénes son. ¿Serán asociaciones, cooperativas, microempresas, sociedades? ¿Qué son las Oecom, otro tipo de asociatividad? ¿Quién reconoce a este tipo de organizaciones, el Estado, la gobernación o su municipio? Estas interrogantes debían ser aclaradas con la reglamentación, que, por lo que se sabe, aún no está en elaboración.

*    Es abogada y coordinadora del ETL de Fobomade.

Espere…

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia