La Gaceta Jurídica

Cuestiones a debatir sobre arbitraje en Bolivia

Foto: estilojuridico.com.ar

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La Gaceta Jurídica / Brian Haderspock

00:00 / 17 de abril de 2012

El arbitraje viene solucionando disputas hace mucho tiempo y con mucho éxito. La institución es verdaderamente efectiva y ha logrado evitar que grandes conflictos terminen en manos de la justicia ordinaria, no porque la jurisdicción estatal sea mala, sino que la jurisdicción arbitral presenta ventajas que no pueden otorgar nuestras autoridades judiciales.

La institución arbitral se ha ido consolidando en todo el mundo, han surgido muchas legislaciones arbitrales modernas, la mayoría inspirada en la Ley Modelo cnudmi, no obstante, no estamos ante una jurisdicción perfecta, su aplicación en la práctica ha generado inconvenientes habituales.

En el presente artículo tocaremos tres temas importantes que vienen causando mucha división de criterio en el mundo arbitral. Son cuestiones no previstas en la mayoría de las legislaciones arbitrales, por lo tanto, cada Estado ha ido dándole su propio tratamiento. Ahora nos toca debatir la cuestión tomando Bolivia, y su respectiva Ley de Arbitraje y Conciliación, Ley No. 1770, como ejemplo para ver si proceden, es decir, si sería viable habilitar la modificación de los motivos de anulación, así como la renuncia expresa a la misma. También veremos la aplicabilidad de la Revisión Extraordinaria de Sentencias y su viabilidad en los arbitrajes de Bolivia.

El Pacto de Exclusión en la Ley de Arbitraje y Conciliación boliviana

¿Se podrá renunciar el recurso de anulación? (1)

Hoy en día se discute bastante la posibilidad de renunciar, por acuerdo mutuo, a la vía de anulación del laudo arbitral. Nuestra Ley de Arbitraje y Conciliación (en adelante lac) no contempla la renuncia al recurso de anulación llamado pacto de exclusión, no obstante, vale la pena analizar si sería positivo para la institución arbitral obviar toda posibilidad de anulación de los laudos.

Como sabemos, el arbitraje es un método extrajudicial de resolver disputas sobre cuestiones que se encuentran dentro de la esfera de la libre disposición, cuya base principal es la autonomía de la voluntad de partes, que implica la posibilidad por acuerdo mutuo de excluir al poder judicial del conocimiento de una contienda presente o futura para someter la misma a la vía arbitral.

Lo que atrae a las partes para acudir a la institución arbitral es la ventaja y seguridad que otorga el arbitraje de obtener un laudo arbitral que ponga fin a la controversia en poco tiempo y de manera definitiva y vinculante, sin posibilidad de recurrir la decisión del árbitro, más que el recurso de anulación, puesto que el proceso arbitral se desarrolla en única instancia.

El recurso de anulación constituye la única vía de impugnación del laudo arbitral, fue creado por el legislador para asegurar un mínimo de control judicial sobre las irregularidades, considerada grave, que pudieran vulnerar el derecho a una tutela jurídica efectiva y así resguardar el derecho a la defensa como Derecho Fundamental consagrado por nuestra Ley Suprema.

En este entendido cabe diferenciar entre los derechos dispositivos, una ley y los derechos fundamentales, para determinar la aplicabilidad del pacto de exclusión sobre el recurso de anulación del laudo.

Si nos ponemos a analizar la cuestión sobre el pacto de exclusión, podríamos considerarlo una renuncia a la aplicación de la ley arbitral para aplicar y regirse por lo acordado en el convenio arbitral, de manera que se estaría otorgando una autonomía de la voluntad ilimitada y sin restricciones a las partes para moldear el proceso arbitral a su gusto, sin tener en cuenta la existencia de las normas imperativas establecidas en la legislación arbitral.

Por lo tanto, no se puede concebir la posibilidad de utilizar el pacto de exclusión como instrumento para dejar de aplicar una ley arbitral. Lo que se debe entender es que nuestro ordenamiento jurídico sí faculta a las partes a renunciar a ciertos derechos dispositivos, es decir, derechos sobre los cuales el titular puede disponer de la manera que más le convenga. Por ende, podemos afirmar que en el pacto de exclusión no importa la renuncia de la Ley.

Ahora, cabe preguntarse si el recurso de anulación constituye un derecho dispositivo para que las partes puedan renunciar a ella. Para responder a la interrogante, tenemos que entender el objetivo buscado por el legislador.

Como mencionamos anteriormente, el proceso arbitral es llevado cabo en única instancia, quedando los recursos ordinarios fuera de su alcance, en resguardo a los principios de celeridad, flexibilidad y privacidad. En este sentido, reiteramos que la única vía de impugnación del laudo es el recurso o acción (2,3) de anulación. Las causales establecidas en la Ley permiten impugnar la decisión final del árbitro por errores, más que todo de forma, y no así de fondo, salvo dos excepciones; por materia no arbitrable y el orden público. En estos casos, la jurisdicción ordinaria entrara ex officio a revisar el fondo para anular el laudo arbitral.

Cuando nos referimos a errores de forma no estamos hablando de simples equivocaciones que puedan ser subsanadas por los árbitros, sino que se refiere a errores graves que comprometen los derechos fundamentales de las partes, sobre todo el derecho a la defensa, que implica el principio del debido proceso que rige en todo orden jurisdiccional.

En este entendido debemos aseverar que el recurso de anulación y sus causales constituyen normas imperativas y de orden público, dado que permiten a la institución arbitral garantizar la protección y observancia de los derechos fundamentales consagrados en nuestra carta magna.

Por lo tanto, renunciar al recurso de anulación implicaría a su vez la renuncia a los derechos fundamentales, lo cual es ilegitimo e ilegal (4,5). Por otra parte, siendo todo recurso un remedio procesal creado por la Ley como instrumento para asegurar la tutela judicial efectiva, el Recurso de Anulación es la única vía de impugnación creado por la lac, por lo tanto, forma parte integral de la tutela judicial efectiva que constituye a su vez una norma imperativa y no así dispositiva, todo acuerdo en contrario vulneraría el orden público (6).

Las causales de anulación y la autonomía de partes

Como mencionamos anteriormente, el arbitraje tiene como pilar fundamental el principio de la voluntad de partes, que implica, por un lado, la voluntad mutua de apartar la contienda de la jurisdicción ordinario y someter la misma a la jurisdicción arbitral, por otro, el principio implica a su vez la libertad y flexibilidad para adecuar o, mejor dicho, moldear el procedimiento arbitral según sus conveniencias, dejando un amplio margen de modificaciones e implementaciones a todo el proceso arbitral.

En este sentido, cabria preguntarse si dada la magnitud de flexibilidad y libertad, las partes tienen una facultad ilimitada para determinar el desarrollo del proceso arbitral de la manera que ellos gusten, en beneficio mutuo. La respuesta es negativa. Existen ciertos límites a esa voluntad autónoma, la legislación arbitral conlleva normas imperativas de estricto cumplimiento, inmodificables y de necesaria observancia en resguardo del orden público.

Diez-Picazo afirma que las normas imperativas no pueden en ningún caso ser excluidas por voluntad de las partes, incluso aunque con él no se contrarié el orden público ni se perjudique a terceros (7).

La normativa que regula la anulación del laudo arbitral constituye justamente una norma imperativa, en el sentido de que las causales estipuladas taxativamente en la Ley de Arbitraje y Conciliación son eminentemente exhaustivas, siendo inválidas su modificación o implementación por acuerdo de partes.

En otras palabras, lo acordado por las partes en el convenio arbitral que pretenda modificar una norma imperativa es netamente inválido, por lo tanto, pretender modificar o agregar una nueva causal de anulación es inviable. Un caso que generó mucha polémica en Estados Unidos y que sigue recibiendo mucha critica favorable y desfavorable fue el caso de Hall Street Associates vs Mattel Inc., donde las partes acordaron en el compromiso arbitral (8) extender el poder de revisión de los tribunales judiciales sobre el laudo arbitral.

El caso terminó en la Corte Suprema, que falló de la siguiente manera: “La Ley Federal de Arbitraje debería ser interpretada como la sustancia de una política nacional de favorecer el arbitraje con solo la revisión limitada y necesaria para mantener la ventaja esencial del arbitraje de resolver las disputas rápidamente” (9).

La decisión tomada por el Tribunal Supremo ha dado fin a una cuestión muy controvertida que mantenía divididas a las cortes estadounidenses (10), por tanto, creemos que la decisión tomada por el Tribunal Supremo es acertada, y coincidimos con el fallo cuando asevera que las causales de anulación son exhaustivas y de aplicación estricta a la hora de intentar anular un laudo.

Revisión del Laudo Arbitral firme

Por lo expuesto anteriormente, el laudo arbitral es considerado firme (11) cuando la parte perdidosa no haya interpuesto el recurso de anulación o siendo interpuesta, la misma haya sido rechazada, por lo tanto, resuelto el incidente, el laudo arbitral adquiere la firmeza y el carácter de cosa juzgada. La cosa juzgada otorga seguridad jurídica a toda resolución judicial o extrajudicial de manera que garantiza su intangibilidad.

En este entendido es lógico pensar que una sentencia judicial o un laudo arbitral con tales características sea intocable e inamovible, sin embargo, el código adjetivo civil boliviano prevé un instrumento jurídico que rompe el absolutismo de la cosa juzgada en sentido que la deja sin efecto cuando se haya probado que la resolución judicial fuera dictada de manera injusta, según las causales tasadas en el artículo 297 (12).

Estamos hablando de lo que se denomina “recurso extraordinario de revisión de sentencia”, que constituye el único medio de revisión y rescisión del efecto de cosa juzgada, procede únicamente contra las sentencias ejecutoriadas.

Si analizamos la posibilidad de aplicar este recurso a los laudos arbítrales  creemos que no podría serlo ya que en el arbitraje se prevé el recurso de nulidad del laudo que tiene un plazo para su interposición antes de ejecutar el mismo, entonces no cabe sentido interponer un recurso una vez ejecutado el laudo, o sea se desvirtuaría totalmente la institución del arbitraje.

Además, el arbitraje tiene su régimen especial que desplaza al común del Código de Procedimiento Civil y para que procediese en un arbitraje tendría que haber estado expresamente previsto, pero al contrario, “el esquema de la Ley Modelo implica limitar las vías de recurso en el arbitraje” (13). 

No obstante, si bien la Ley No. 1770 no prevé la revisión extraordinario del laudo arbitral, cabe preguntarse si el recurso extraordinario podría interponerse sobre laudos arbitrales firmes cuando dicha resolución verdaderamente contempla alguna de las causales establecidas en el artículo antes mencionado.

Dado que la legislación no habilita otro medio de impugnación que no sea el de anulación, por lógica diríamos que la revisión extraordinaria sería improcedente dado que no se encuentra legalmente habilitado por la Ley 1770.

En este sentido cabe hacernos otra pregunta: ¿Convendría reformar la Ley de Conciliación y Arbitral de manera que se implemente y habilite el recurso de revisión sobe los laudos arbitrales firmes? (14) Es una pregunta complicada de responder, que desde luego recibe muchas opiniones opuestas, por lo tanto, para no entrar en una discusión profunda del tema, concluiremos por decir que dado su carácter autónomo y extraordinario y dado que su finalidad es garantizar justicia y evitar por ende resoluciones injustas, desde nuestro punto de vista, sería óptimo por una sola razón: la Justicia.

Conclusión

En conclusión cabe afirmar que la Ley No. 1770 contiene lagunas que deben ser colmadas en un futuro. Ello no quiere decir que la Ley de Arbitraje y Conciliación boliviana no sea eficiente, todo lo contrario, es una legislación arbitral muy moderna, inspirada en la Ley Modelo UNCITRAL.

En cuanto a las cuestiones expuestas anteriormente, diríamos que el habilitar y por ende permitir a las partes modificar las causales de anulación, expondría a la institución arbitral a una utilización engañosa y muy peligrosa, por otro lado, renunciar a la vía de anulación del laudo sería totalmente inoperante y tentaría contra la seguridad de una tutela jurídica efectiva, contrariando los principios constitucionales, por consiguiente, exponiendo el orden público nacional.

La revisión extraordinaria de los laudos arbitrales es un tema muy complicado, si nos ponemos a analizar que, por un lado, con el dictado de un laudo arbitral los árbitros pierden su competencia y, por otro lado, no tenemos una jurisprudencia arbitral, el procedimiento para iniciar la revisión del laudo traería muchas dificultades, como ser, establecer las causales, el órgano competente, y demás trámites procesales para el efecto, porque la otra opción sería simplemente aplicar lo establecido en el Código de Procedimiento Civil boliviano.

NOTAS:

1. La legislación peruana sobre arbitraje permite a la partes, en un arbitraje internacional y salvo que una de las partes sea peruano, renunciar al recurso de anulación, o a limitar dicho recurso a una o más de las causales de anulación taxativas dispuestas en la LGA. Ver: CANTUARIAS SALAVERRY Fernando, ¿Cuándo estamos ante un arbitraje nacional o internacional conforme a la LGA?, Revista Peruana de Arbitraje, ED. Grijley, I-2005, p. 210.

2. “La acción de anulación no es, pues, un recurso sino una acción rescisoria, cuyo ejercicio da lugar a un proceso declarativo especial en el que se pretende tan solo que el Tribunal se pronuncie acerca de la validez o no del laudo.” Ver en: Jesús Remón, La Anulación del laudo…op. Cit., p. 121.

3. “La anulación solo podrá ser fruto del ejercicio de una acción más que de un recurso. En efecto, este último supone acudir al superior en alzada, dando lugar a una especie de segunda instancia.” Ver: ROCA AYMAR José Luis, El Arbitraje Com… op. cit., p. 184.

4. “…esa exclusión encuentra su límite en las leyes imperativas y en el orden público…” Ver en: Jesús Remón, La Anulación del laudo… op. cit., p. 126.

5. Para el jurista español José Luis Roca Aymar, en general las partes podrán renunciar al derecho de anular el laudo, pero no al control jurisdiccional del mismo. Ver: ROCA AYMAR José Luis, El Arbitraje Com… op. cit., p. 184.

6. “…la acción de anulación forma parte del derecho a la tutela… su exclusión voluntaria por las partes del convenio arbitral no sería válida”. REMÓN Jesús, Anulación del Laudo… op. cit.

7. DIEZ-PICAZO GIMÉNEZ Ignacio, Algunas cuestiones relativas a… op. cit.

8. El convenio arbitral decía: “El Tribunal del Distrito de Oregón de Estados Unidos podrá juzgar, bien confirmando, anulando, modificando o corrigiendo cualquier laudo en que: 1) la determinación de hecho realizada por el árbitro no se halle fundamentada en una prueba sustancial, o 2) las conclusiones de derecho del árbitro sean erróneas”. Ver en: MULLERAT Ramón, La Federal Arbitration Act: a shield or a sword? La autonomía de la voluntad de las partes y la facultad de los Tribunales de revisar el laudo en cuanto al fondo. Revista del Club Español del Arbitraje-Spain Arbitration Review-editorial Wolters Kluwer, No. 2/2008, España, p. 60.

9. “The Federal Arbitration Act should be interpreted as the substance of a national policy favoring arbitration with just the limited review needed to maintain arbitration’s essential virtue of resolving disputes straightaway”. Ver en: GUTIÉRREZ Elena, Can parties agree to expand the scope of judicial review of arbitration? The Hall Street Case. Revista del Club Español del Arbitraje-Spain Arbitration Review-editorial Wolters Kluwer, No. 2/2008, España, p. 103.

10. “The courts are split concerning whether party’s can contract for expanded judicial review beyond that contemplated by sections 10 and 11 of the Federal Arbitration Act”. Ver: BAKER Jean, IP Meets ADR: Selecting the right ADR procedures, Curso tomado on line sobre “Alternative Dispute Resolution options and applications in Intellectual Property Disputes, ofrecido por COGNISTAR en conjunto con AIPLA, 2004.

11. “…firmeza se utiliza como sinónimo de inimpugnabilidad, además de invariabilidad de la resolución”. Ver: GONZÁLEZ-MONTES SÁNCHEZ José Luis, El Control Jud… op. cit., p. 155.

12. Art. 297.- (PROCEDENCIA) Habrá lugar al recurso extraordinario de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, de una Sentencia ejecutoriada en proceso ordinario, en los casos siguientes: 1) Si ella se hubiere fundado en documentos declarados falsos por otra sentencia ejecutoriada que se hubiere dictado con posterioridad a la sentencia que se tratare de rever. 2) Si habiéndose dictado exclusivamente en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia. 3) Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o fraude procesal declarado en sentencia ejecutoriada. 4) Si después de pronunciada se recobraren documentos decisivos detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte a favor de la cual se hubiere dictado, previa sentencia declarativa de estos hechos y ejecutoriada.

13. GRIEGERA NAON, Horacio, La ley modelo sobre arbitraje internacional y el derecho argentino, La Ley T. 1989-A, p. 1031-1033.

14. La nueva Ley de Arbitraje española (60/2003) habilita el recurso de revisión de los laudos arbitrales en su artículo 43, que reza lo siguiente: “El laudo firme produce efectos de cosa juzgada y frente a él solo cabra solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes.

*    Es analista.

Espere…

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