La Gaceta Jurídica

Cultura, economía y derecho, tres conceptos implicados

Economía y cultura son dos campos estrechamente implicados desde siempre, aunque es verdad que esas implicaciones se han hecho mayores y más visibles con la irrupción de las llamadas industrias culturales.

Cultura, economía y justicia

Cultura, economía y justicia FOTO: blogoff.es

La Razón (Edición Impresa) / Jesús Prieto de Pedro*

00:00 / 13 de enero de 2015

(Parte I) Economía y cultura, un encuentro prometedor. El 18 de enero de 1983 Jonh Galbraith fue invitado por el Arts Council inglés a dictar una conferencia con el título “El artista y el economista. Por qué deben encontrarse”. Esta propuesta tuvo un valor premonitorio que estamos empezando a ver realizado en los análisis sobre economía y cultura.

Economía y cultura son dos campos estrechamente implicados desde siempre, aunque es verdad que esas implicaciones se han hecho mayores y más visibles con la irrupción de las llamadas industrias culturales. ¿Quién podría negar el valor económico de ciertos bienes culturales y su peso en la riqueza de un país o la importancia del desarrollo cultural como factor de bienestar social y de desarrollo económico?

Mas esta evidencia no ha empezado a ser “descubierta” y analizada de forma metodológicamente consistente por los analistas y científicos sociales y, en particular, por los economistas. Aunque cabría hacer cierta excepción con los países de habla alemana, con una antigua tradición de estudios de economía aplicados a las artes (recordemos el número especial de Volkswirtschafliche Blätter dedicado al “El arte y la economía”, editado en 1910), los padres fundadores de la economía y los autores clásicos no se interesaron o sólo se ocuparon secundariamente de este asunto.

El propio Galbraith, gran profesor de Harvard y alto consejero de la administración Kennedy, había advertido incidentalmente, en Economía y proyectos públicos (1974), sobre la importancia creciente que estaban llamadas a adquirir las artes; pero no comprometió su trabajo teórico en el análisis de esta cuestión como tampoco lo habían hecho otros economistas de una acendrada sensibilidad cultural como John Maynard Keynes. Él fue profundamente comprometido con el desarrollo cultural de su tiempo, fue quien convenció al Primer Ministro inglés, en 1940, sobre la necesidad de crear –y, de hecho, aceptó ser su presidente– el Council for Encouragement of Music and the Arts, precedente del actual Arts Council inglés; pero está probada sensibilidad no tuvo expresión en su obra teórica.

Contribución a la riqueza

En realidad, estos prohombres de la economía no hicieron sino proseguir la visión de los padres fundadores –Adam Smith y David Ricardo, sin ir más lejos– que, si bien advirtieron los efectos externos de la inversión en las artes, no consideraban que éstas tuvieran capacidad de contribuir a la riqueza de la nación, ya que, pensaban, pertenecían al ámbito del ocio. Para ellos la cultura no era sector productivo.

Sin embargo, a mediados de los años 70 del siglo pasado se inició un cambio importante. De hecho, el nacimiento de la economía del arte como disciplina independiente dentro de la ciencia económica moderna tiene una fecha precisa en la monografía de Baumol y Bowen, publicada en 1976, Performings Arts - The Economic Dilemma (“El dilema económico de las artes escénicas”). El surco abierto por este trabajo lo están haciendo camino las posteriores aportaciones de un número cada vez mayor de economistas (Frey, Throsby y O´Hagan, entre otros)

Ahora bien, no llevemos nuestro razonamiento más deprisa de lo que debemos, ya que, tal como se desprende ad litteram del título del trabajo de Baumol y Bowen, este enfoque gira en la órbita de una concepción restrictiva de la cultura, limitada a lo que en la tradición anglosajona abarca el concepto de artes, hermano de nuestro concepto de alta cultura. El concepto de economía de la cultura que utilizamos en este trabajo es más amplio que el de economía de las artes.

En efecto, para que sea posible hablar de una Economía de la cultura en sentido pleno, es necesario incorporar en su objeto de estudio otras realidades de nuestro tiempo que abarca la cultura –y, de forma muy especial, las industrias culturales–, pero con resistencia a dejarse absorber por la nueva especialidad porque tradicionalmente su análisis se incluía en los estudios de economía de la industria. Desde luego, no es baladí hacerlo en un sitio o en otro, pues los telones de fondo son muy distintos a la hora de interpretar la obra.

Pero este sesgo de no considerar el flanco cultural de dichas industrias no solo se da entre los economistas. Gran paradoja es que el menosprecio de su dimensión cultural fuera anticipado por próceres de la Escuela de Frankfurt como Adorno y Horhkeimer, que en los años 40 del siglo XX lanzaron un aldabonazo pesimista contra ese modo nuevo de producción y difusión cultural, en tanto consideraban que la producción en masa de los bienes culturales por medio de las industrias culturales –concepto acuñado por ellos mismos–, su serialización y mercantilización darían al traste con la autenticidad de la cultura.

Lo cierto es que esta visión penetró en el tuétano del mundo intelectual y se prolongó durante varias décadas en un proceso que se ha empezado a poner en cuestión, el desinterés por la dimensión cultural de dichas industrias en el desarrollo de las políticas culturales que, anatemizadas por su espuria dimensión empresarial, fueron abandonadas a su sola lógica económica.

La industria cultural

Buena prueba de esta actitud recelosa es la definición de industrias culturales, no tan lejana, adoptada en 1980 en una reunión organizada por la Unesco en Montreal: “Existe una industria cultural cuando los bienes y servicios se producen, reproducen y conservan según criterios industriales, es decir, en serie y aplicando una estrategia de tipo económico, en vez de perseguir una finalidad de desarrollo cultural”.

Así, tampoco debe extrañar que las responsabilidades públicas sobre el cine no se ubicaran únicamente en los departamentos ministeriales de industria. Curiosas complicidades. Se ha de reconocer, pues, que algo habrán tenido que ver aquellos polvos en los lodos que más adelante explicaremos.

Pero las cosas actualmente ya no son así y son cada vez más los autores que enfocan la economía de la cultura como una disciplina completa, que da razón de la totalidad de manifestaciones de la cultura, entre las que tienen un lugar propio las industrias culturales o el patrimonio cultural (así, en relación con este último campo, los estudios de Greffe). Valga, por todos ellos, dentro de este enfoque global el manual de Francoise Benhamou, L´economie de la culture, publicado en La Decouverte en 2000. Esta nueva situación de los estudios económicos de la cultura empieza a dibujar un horizonte lleno de expectativas.

Esas expectativas se están confirmando en forma de sorpresas de gran magnitud. Como que hoy –y así lo prueban los novedosos estudios de la Sociedad General de Autores de España y por el Convenio Andrés Bello– el sector económico cultural posee un peso fundamental en el pib, tanto mayor cuanto más importante es el grado de desarrollo económico del país.

Así, en Estados Unidos, el sector cultural –un sector cuyo concepto se ensancha hasta la duda al incluir el entertainment– aparece hoy como el primer sector de exportación por delante de la industria pesada, de la industria militar o del sector aeronáutico.

De no menor interés son otras reflexiones desde el campo de la economía y, en particular, las de la llamada escuela del public choice. Dichas reflexiones ahora nos ofrecen un marco teórico y metodológico para explicar cómo funcionan el arte y la cultura en el comportamiento de los individuos y de los grupos sociales.

Bienes públicos

De la mano con la teoría de la hacienda pública, encontramos una batería de argumentos para justificar la naturaleza de los bienes culturales como bienes públicos, como bienes que generan unos efectos externos que no se agotan en las utilidades que los sujetos particulares puedan obtener de ellos. Throsby es contundente, el bien cultural es un “bien social irreductible” cuyos beneficios no pueden ser atribuidos a los individuos concretos.

Habría muchos otros aspectos (de tan destacado interés, por ejemplo, el efecto multiplicador de la inversión cultural) que los análisis de la economía de la cultura nos ofrecen, pero no es nuestra intención tratarlos aquí. Si hemos seleccionado la dimensión de los bienes culturales como bienes públicos, es porque se trata de algo que preocupa en general a todas las ciencias de la cultura y porque prueba que el enfoque multidisciplinario que preconizamos puede suponer un extraordinario refuerzo de sus respectivos argumentos.

Relación entre derecho y cultura, antigua pero con nueva savia

Antecedentes de legislación

Otro campo de manifestación de la multidisciplinariedad de la cultura en las ciencias sociales tiene que ver con el derecho y la legislación. En este caso los antecedentes son más antiguos, aunque su formulación plena –que concreta hoy la especialidad de “Derecho de la cultura”– sea también un hecho reciente.

Los antecedentes se remontan muy atrás. Tanto que el depósito legal fue regulado en el derecho francés por primera vez en 1534; o que los antecedentes de la organización administrativa de las bellas artes y del patrimonio histórico se remontan a la “Surintendence des bâtiments du Roi”, creada en el siglo XVII, durante el reinado del Rey Sol, por el ministro Colbert.

Al margen de hitos dispersos como éstos y de otros precedentes añejos, los cimientos del actual edificio del derecho cultural se fraguaron en el siglo XIX, sobre tres columnas que se fortalecen a lo largo de dicha centuria y de la primera mitad del siglo XX.

La primera columna es la del derecho de autor, que presenta tempranas legislaciones nacionales (Inglaterra se anticipó, con la primera ley del copyright en 1701, el llamado Estatuto de la Reina Ana, los Estados europeos y latinoamericanos lo hicieron a lo largo del siglo XIX) a la par que paralelamente se fue configurando un plano jurídico de carácter internacional, como es el vigente Convenio de Berna de 1886.

Otra columna es la de la legislación del patrimonio cultural y de los centros de depósito cultural (museos, archivos y bibliotecas), regulados usualmente en dicho siglo en las leyes de educación que, ya en los primeros años del siglo XX, dieron lugar a leyes específicas de protección del patrimonio histórico-artístico y arqueológico. La tercera, embrión del derecho de las industrias culturales, tuvo que ver con la legislación de prensa e imprenta que adoptó la mayor parte de los Estados constitucionales a lo largo del siglo XIX, a la que más tardíamente, vencido el primer tercio del siglo XX, empezó a agregarse la legislación cinematográfica y del audiovisual.

Pero esta construcción legislativa no se agotó en la regulación de los sectores culturales. De forma paralela, junto a estas legislaciones sectoriales se articuló una regulación general de los principios que constituyeron las marcas de la cultura en tanto objeto del derecho y, en particular, de los derechos fundamentales relativos a la cultura y sus garantías jurídicas.

Libertad de cultura

Las materias culturales, durante el siglo XIX y una buena parte del XX, carecieron de garantías específicas en la parte dogmática de los textos constitucionales que, hasta la Constitución mexicana de 1917, no empezaron a hacer uso explícito del concepto de cultura. La libertad de la cultura carecía de reconocimiento con nombre propio y quedaba subsumida en la genérica libertad de expresión o de prensa e imprenta de las primeras Constituciones.

De hecho, ningún texto constitucional habló en ese tiempo de libertad de creación cultural, de derechos culturales o de derecho a la cultura, de derecho a la no discriminación por motivos de pertenencia cultural, de los principios de pluralismo y de descentralización cultural..., como lo hacen los textos constitucionales modernos del último cuarto del siglo XX (constituciones, entre otras, de Brasil, Colombia, Ecuador, España, Portugal...) y que hoy cristalizan en una copiosa lista de derechos y principios superiores relativos a la cultura.

Este proceso de inserción de la cultura en las constituciones implica un salto cualitativo en el tratamiento jurídico del hecho cultural como un todo y cuyos principios y valores se blindan con la suprema protección inherente a las constituciones y que, como subsistema dentro de ellas, todos juntos forman lo que la doctrina jurídica ha llamado la “Constitución cultural”, aquella parte de la Constitución que agrupa las reglas, principios y garantías constitucionales específicos de la cultura. El resultado es que hoy podemos afirmar la existencia de un derecho de la cultura como una especialidad que enfoca el hecho cultural desde una perspectiva integral y que trata de ofrecer un marco jurídico para la fijación de valores y de garantías para el desarrollo cultural así como un instrumental específico para la construcción de los modelos culturales que quieran darse las sociedades democráticas.

De forma pareja al libro de Benhamou, la expresión bibliográfica más cabal en el derecho de esta actitud doctrinal se encuentra en el libro de Pontier, Ricci y Bourdon, Droit de la culture, publicado por Dalloz.

Desarrollo cultural

¿Qué significa el derecho para la cultura, qué le aporta? Sin duda, una esencialísima función de garantía de los derechos subjetivos relativos a la cultura de los individuos y de los grupos en los que desenvuelven su vida –es decir, de los derechos culturales–, así como la garantía de los principios y valores superiores (autonomía de la cultura, pluralismo, diversidad, descentralización...) que hacen posible un desarrollo cultural democrático.

No nos conformemos con conocer cuál es esa virtuosa función que el derecho brinda a la cultura, pues la situación que provoca la multiplicación actual de los saberes acerca de la cultura nos debe llevar a detenernos también en la forma en la que el derecho de la cultura se ha de ubicar en este conglomerado científico.

En este contexto, desde una perspectiva sistemática, deseamos formular la hipótesis de que el derecho cultural está llamado a adquirir en el seno de las ciencias sociales un relevante papel en el análisis multidisciplinario de la cultura que se ha afirmado en las últimas décadas por medio de campos de reflexión especializados en los ámbitos de la sociología, antropología, economía, teoría de la comunicación, ciencia política...

Esta multiplicación de especialidades plantea la necesidad de su interconexión, desde la aceptación de la idea de que la cultura es un asunto lo suficientemente complejo y relevante como para, a la hora de analizar los procesos culturales y de la gestión cultural, asumir que ninguna especialidad posee el monopolio de la verdad ni, por sí sola, la capacidad de explicar y fundamentar las decisiones en materia de cultura.

Quienes se hallan incursos en el debate cultural y quienes, como políticos o como gestores, tienen la responsabilidad de adoptar decisiones han de aceptar, desde una actitud de modestia intelectual, que sus análisis y decisiones serán más consistentes si tienen en cuenta el amplio elenco de enfoques científico culturales hoy disponible.

Aportes teóricos

Entre éstos se anticiparon, en el siglo XIX, las aportaciones de la teoría e historia del arte y de la antropología, pero en las últimas décadas estas aportaciones se han visto desbordadas por la irrupción de nuevas especialidades en las ciencias sociales aplicadas a la cultura, entre las que ahora se ha ganado un lugar propio el derecho de la cultura.

Cada una de ellas por separado abre campos de interés, pero agregadas componen una figura enriquecida de ese poliedro multifacético que nos da el estado del arte del conocimiento acerca de la cultura. Se trata, en consecuencia, sin abandonar los enfoques específicos –todo lo contrario, cuanto más profundicen en sus explicaciones mayor será la magnitud de los sumandos a agregar–, de salir de las celdillas de la especialidad, dentro de las que se ignora lo que hacen los que se encuentran en la vecina y celebrar el cónclave de los saberes acerca de la cultura.

En este punto podemos comprender el servicio que el derecho puede prestar en el seno de un enfoque integral y multidisciplinario de la cultura. Ese servicio no es otro que el de facilitar una sede idónea, un lugar de encuentro para el debate sobre los valores y principios acerca de la cultura o, dicho más metafóricamente, el de ofrecer el cañamazo (esa tela que trama los hilos del bordado) para articular las expectativas y aspiraciones de la sociedad, a través de sus instituciones democrático representativas, que concretan la realización de los derechos culturales desde una comprensión compleja y científicamente multifacética de las cuestiones culturales.

He aquí la potencial relevante misión científica del derecho de la cultura, ni más ni menos que ayudar a insertar en la democracia y fijar operativamente en el Estado de Derecho, en forma de reglas, principios y valores jurídicos, las aspiraciones de la sociedad en relación con la cultura, comprendidas y formuladas con el concurso de las diversas especialidades aplicadas al análisis cultural, convirtiendo así al Estado democrático y de Derecho en un Estado de Cultura, en tanto hace del reconocimiento y protección de la libertad cultural, del pluralismo, de la conservación del legado cultural y del progreso de la cultura un fin indeclinable del Estado.

Descendamos, aunque sea brevemente, al detalle técnico jurídico, y para ello terminaremos estas consideraciones fijándonos en cómo el derecho articula técnicamente, en tres asuntos culturales destacados, esos valores superiores e intereses generales inherentes a la cultura (valores de identidad y diversidad cultural, acceso de todos a la cultura...), que son tales porque son más que la suma de los intereses individuales y que serían el correlato, en la economía, de la dimensión de los bienes culturales como bienes públicos. En efecto, en la regulación de la cultura siempre está presente, bien de forma latente o bien de forma explícita, la presencia de valores e intereses generales y expectativas que van más allá de los intereses personales o particulares de los individuos.

Esos valores e intereses se manifiestan y articulan de forma diferente según los sectores. Así, en lo que se refiere a la creación cultural, el derecho de autor, aun configurado como un derecho de propiedad del autor, las normas no lo conforman como una propiedad más, sino que, por un lado, la someten a diversas excepciones (copia privada, uso para fines culturales, educativos y de investigación por museos, bibliotecas, archivos y otras instituciones culturales...) que tienen como finalidad facilitar el acceso a la cultura al común de los ciudadanos por encima del derecho exclusivo del creador de la obra.

En segundo lugar, se trata de una propiedad temporal (pues solo dura un número de años post mortem del autor: en la actual legislación española, 70 años) que, una vez finalizado el plazo de duración, ingresa en el dominio público, lo que hace accesible su explotación a la totalidad de los ciudadanos. ¿En qué otra propiedad ocurre esto?

Estatuto especial

En el patrimonio cultural ese interés general da lugar a una construcción jurídica altamente sutil. Los bienes culturales que forman parte del patrimonio cultural son asimismo susceptibles de propiedad, pero de una propiedad de estatuto especial, por cuanto en ella las facultades jurídicas del titular vienen delimitadas por la función social que dichos bienes están vocados a cumplir: asegurar la conservación de la memoria cultural colectiva y hacer posible el acceso a la actual generación a dichos valores culturales pretéritos.

De ello que al propietario de un bien de este tipo le afecten cargas y deberes de conservación que no tienen los demás propietarios (prohibición de destruir o de alteración física del bien cultural, no destinarlo a usos incompatibles con su función cultural, necesidad de autorización de las obras e intervenciones de conservación...) y se vea sujeto al deber de facilitar su conocimiento y el acceso a la cultura (obligaciones de facilitar a otros particulares su consulta, conocimiento e investigación que, por ejemplo, encontramos en el artículo 13.2 de la Ley española de Patrimonio Histórico, de 26 de junio de 1985).

Pero esos valores e intereses generales se encuentran igualmente en las industrias culturales, por cuanto éstas en potencia son un cauce de expresión de la identidad cultural y un instrumento de mediación de la diversidad cultural. Proteger esos valores e intereses generales se consigue mediante el reconocimiento de la especificidad de los bienes y servicios culturales, tomando en cuenta su dimensión cultural y no solo la económica a la hora de ser objeto del comercio e intercambio mercantil.

¿Pueden, por ejemplo, el cine o el patrimonio cultural circular comercialmente igual que el acero, el trigo y los automóviles o han de tener un régimen distinto? En el caso del patrimonio cultural el asunto está resuelto y aceptado pacíficamente; en tanto los bienes que forman parte de él son parte de la identidad de un pueblo, las leyes nacionales suelen contener prohibiciones o controles a su exportación; e, igualmente, el derecho comunitario europeo permite una excepción al principio de libre circulación, entre los Estados miembros, para los bienes del patrimonio cultural (artículo 30 del Tratado de Amsterdam).

Sin embargo, la cuestión no está resuelta en el caso de los bienes y servicios producidos por las industrias culturales, pues ¿dónde queda la diversidad cultural si, como veremos, por ejemplo, cerca del 90% del cine que muchos países de Europa ven es de origen norteamericano y Estados Unidos apenas recibe un 3% de cine europeo?

Continuará

*    Fue Vicerrector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y profesor de Derecho Administrativo y Titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Tomado de: oei.es

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