La Gaceta Jurídica

Cultura, economía y derecho, tres conceptos implicados

Una visión acorde con la realidad exige superar esa dicotomía. Qué duda cabe que una parte importante de la personalidad la moldean hoy los mensajes y contenidos culturales que vehiculan el cine, el libro, el audiovisual y el disco

Cultura, economía y derecho

Cultura, economía y derecho FOTO: caminantecultural.blogspot.com

La Razón (Edición Impresa) / Jesús Prieto de Pedro*

00:00 / 16 de enero de 2015

(Parte final)

La situación de las industrias culturales en el seno de una economía globalizada. El desarrollo de las industrias culturales resulta hoy impresionante. Ya hemos señalado su dimensión económica, como fuente de producción de riqueza con su significativa aportación al PIB. Pero, dicho desarrollo no es menos clave en términos culturales. Aunque este otro aspecto que vamos a señalar es difícil de cuantificar, hoy el peso de las industrias culturales en la experiencia cultural de los individuos es muy elevado.

Sin embargo, salgamos al paso de un asunto que a menudo introduce confusión. Es corriente, en los análisis culturales, la tendencia a sobrevalorar el papel de las industrias culturales hasta la ilusión engañosa de considerarlas como un tótem cultural de hoy. Desde posiciones contrarias se observa que el imaginario popular está marcadamente determinado por el influjo de las tradiciones locales, territoriales y nacionales; y se resalta la honda impronta que esas tradiciones dejan en la personalidad de los individuos y en la conformación de los universos simbólicos compartidos de los grupos, por cuanto, como ha dicho Warnier, desde su urdimbre comunitaria vienen a ser como una brújula general que orienta el resto de los mensajes culturales que van recibiendo a lo largo de su existencia.

Una visión acorde con la realidad exige superar esa dicotomía. Qué duda cabe que una parte importante de la personalidad la moldean hoy los mensajes y contenidos culturales que vehiculan el cine, el libro, el audiovisual, el disco...; y, por otra parte, cómo se podría negar la importancia decisiva, en la conformación de la personalidad, de los medios formales e informales de transmisión de la cultura popular (folclore, costumbres, prácticas sociales...), de las tradiciones presentes en los ambientes y contextos sociales y comunitarios en los que los individuos viven.

Sin embargo, no creemos que exista la oposición que a menudo se quiere ver, ya que tradiciones e industrias culturales se imbrican recíprocamente en una compleja urdimbre. Las tradiciones no son ajenas ni están al margen de las industrias culturales, pues potencialmente éstas pueden cumplir una función altamente diversificada en lo que toca a los contenidos culturales que transmiten, desde ser expresión de la alta cultura hasta de las tradiciones y formas de vida tanto locales, regionales, nacionales y supranacionales, así como de las nuevas formas colectivas de expresión cultural popular que Renato Ortiz ha denominado la cultura transnacional popular.

Precisamente, es aquí donde descubrimos la raíz del problema actual de unas industrias culturales cuyos contenidos, a resultas de un proceso de producción y de circulación comercial desequilibrado y entregado a la exclusiva lógica del mercado, están ignorando gran parte de valores y tradiciones culturales de la humanidad.

La consecuencia de ese desequilibrio es una grave mutilación de la diversidad cultural y el desenraizamiento y desterritorialización de los contenidos, que se manifiesta con diferente intensidad en unas y otras industrias culturales. En efecto, por su diferente naturaleza productiva y empresarial, unas industrias son más propensas que otras al equilibrio, al enraizamiento local y a reflejar la diversidad.

La radio, el disco o el libro favorecen una producción y difusión de contenidos más diversos y equilibrados; mientras que el cine y el audiovisual propenden a la concentración en número escaso de grandes grupos de empresas de producción y de distribución que extrañan y alejan los contenidos de los públicos destinatarios.

Henos en el centro neurálgico del problema (de un problema complejo, pues no todas las industrias culturales presentan un comportamiento igual) que se manifiesta en el hecho de que el cine estadounidense alcance hasta el 90% de las cuotas de pantalla en gran parte de los países del mundo.

En Europa esa cuota de pantalla varía entre el porcentaje superior al 90% en Inglaterra y el 60% en Francia e Italia. En 2001, España se situó en el 84,5%. Similares o incluso más contundentes son los porcentajes de los países latinoamericanos; por ejemplo, las películas estadounidenses en Chile y en Costa Rica representan el 95% de sus mercados. Pero estos datos adquieren un valor escandaloso cuando, viéndolos desde la otra orilla, se observa la ínfima difusión en Estados Unidos del cine producido afuera que, por ejemplo, en el caso del procedente de la Unión Europea (ue) apenas llega al 3%. En 1999, de 185 países 88 nunca habían producido película alguna (“¿significa esto que 465 millones de personas no veían su imagen reflejada?”); Europa importaba 6.000 títulos de películas mientras que producía menos de 500; África importaba más de 2.800 películas por año y solo producía 42 títulos...

Ante una situación como ésta no se puede evitar la pregunta de si esto es normal. Dicho más claro, ¿se puede imputar la explicación de este estado de cosas al resultado de la interacción entre culturas o es, por el contrario, la consecuencia de un sistema de comercio cultural dejado exclusivamente al albur del mercado? ¿Es que la fuerza creativa y la expresión cultural de los países europeos y latinoamericanos, o de otros continentes, no es capaz de alcanzar más que esos ínfimos porcentajes que se han señalado? Sería imposible que nadie sensato responda que sí.

La preocupación ante estos hechos provoca múltiples críticas y reacciones. La respuesta más activa se sitúa en la llamada “excepción cultural”, que tiene origen en el grito lanzado por el exministro de Cultura francés Jack Lang y reiterado por el expresidente de la ue Jacques Delors de que la cultura no es un bien mercantil como los demás.

Esta propuesta, abanderada por Canadá y por la ue en las rondas de la Organización Mundial del Comercio (omc) pretende obtener un tratamiento de excepción para los productos culturales en las negociaciones para la liberalización del comercio mundial de bienes y servicios.

Aunque no todos los países europeos asumen con igual convicción esta demanda (los del área anglosajona, con Inglaterra a la cabeza, apenas la comparten) ni todos se han mantenido invariables (Alemania, inicialmente reacia a la excepción cultural, ahora se empieza a mostrar a favor), la ue adoptó, a iniciativa de Francia, una postura común en las negociaciones de la Ronda de Uruguay.

Esta postura obtuvo gran resonancia mediática y fue valorada en términos de éxito, pero lo cierto es que, bien mirado, ese “éxito” no es tal y la mejor demostración de ello es que el problema no se ha resuelto, sino que se sigue agravando. En realidad, lo que Europa logró fue –más que una excepción expresa al libre comercio (que sí las hay, aunque escasas, en el Tratado del gats, como los servicios relacionados con la moralidad, el orden público o la seguridad nacional)– la no oferta obligatoria por un tiempo de los servicios culturales.

En consecuencia, los productos culturales siguen inmersos hacia el futuro en la lógica de la liberalización del comercio y están ahí como posible moneda de cambio para los sucesivos procesos de negociación, si no se modifica el enfoque.

Bases para la armonía, a la luz de la política y el derecho, entre cultura y economía. Ya nos hemos referido a la función estratégica, en nuestro tiempo, de las industrias culturales. Desde su dimensión económica, son una fuente cada vez mayor de creación de riqueza, de empleo y, en general, de desarrollo económico y los datos de su aportación al PIB no pueden ser más categóricos. Y, desde su flanco cultural, son sin duda un poderoso instrumento de expresión cultural identitaria, de configuración de imágenes de vida, tradiciones y memorias colectivas y, en definitiva, un vigoroso cauce de acceso a la cultura para el humano actual.

Pero las cosas no se han desarrollado en los términos idílicos que se hubieran podido esperar (la multiplicación de las posibilidades de creatividad y de intercambio entre las culturas del mundo) sino que se están produciendo, sobre todo en los sectores cinematográfico y audiovisual, de un agudo problema debido a la asimetría del mercado mundial de dichos sectores, caracterizado por un mercado oligopólico imperfecto en el que los grandes grupos industriales, desde su dominio, imprimen una tendencia fortísima hacia un régimen de alienación y monocultivo cultural.

El orden actual del comercio mundial no expresa para nada, y está demostrando una incapacidad congénita para hacerlo por sí sólo, la rica y compleja diversidad cultural del planeta, la riqueza irrepetible de las múltiples formas de ser humanos, que se ve agostada irremediablemente en un proceso ciego y de fatales consecuencias, debido a la irreversibilidad inherente a lo cultural.

Esto es clave, la diversidad cultural que se destruya ya no volverá. Pero, aclararemos las cosas, el objetivo en absoluto es “congelar” la diversidad –lo que sería absurdo, porque es intrínseco a toda expresión cultural el evolucionar y, de forma natural, las culturas están llamadas a transformarse y hasta a desaparecer– sino algo previo y muy distinto, la necesidad de preservar el rico coro de voces y expresiones culturales del mundo, no empequeñecerlo por causas ajenas a la propia vida cultural, para brindarles así la posibilidad de participar en el concierto cultural universal dentro del proceso de mundialización que vive el planeta.

¿Tiene remedio este estado de cosas? Queremos pensar que sí, si se actúa sin esperas en la construcción de un orden democrático de la cultura a escala mundial que erija la diversidad cultural como valor fuera de discusión. Ese orden, en relación con los bienes y servicios culturales, no lo garantiza por sí sólo el mercado, pues éste no es capaz de medir los efectos externos de la cultura, la dimensión colectiva e intereses generales presentes en ella (identidad, diversidad cultural, cohesión social...).

Aparte, la ordenación del mercado y del comercio internacional en la omc es, desde un plano estrictamente técnico, manifiestamente incompleta, pues, incluso en su estricta lógica mercantil, está falta de mecanismos correctores de la concurrencia desequilibrada que sí hay en las legislaciones estatales, por ejemplo, las normas nacionales de protección de la libre concurrencia o, en el derecho estadounidense, la legislación limitativa del abuso de posición dominante.

En definitiva, la pregunta que el mercado no resuelve por sí mismo es sencilla: ¿cuál es el valor en tanto mercancías, de la identidad, de la diversidad o del sentido de la vida? Es el orden político democrático el que puede dar una solución a esa pregunta compaginando la circulación de los productos culturales con dichos valores, lo que exige regulación e intervención pública a escalas nacional e internacional. El mercado necesita ser regulado. Disipemos la falacia de que el mercado es “natural” y que con su sabia “mano invisible” expresaría mejor la libertad de elección de los individuos en relación con la cultura.

El mercado es una construcción social como otras y un instrumento de mediación social, pero no un fin en sí mismo; así como tampoco el libre comercio puede ser considerado un fin sino un medio para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de los seres humanos. Llegados a este punto se hacen necesarias dos nuevas clarificaciones, la de no confundir ni el mercado ni el comercio con la economía y la de no enfrentar economía y cultura.

La primera confusión tiene su origen en la idea, como afirma Touraine (El País, 15-12-2001), intelectualmente estúpida y materialmente peligrosa que reduce la economía al comercio internacional, olvidando los problemas de la producción, la gestión, el reparto y el consumo. La economía es, pues, mucho más que el comercio y el mercado –estos son una parte de las piezas de aquélla– y solo a partir de una visión tan distorsionada y sesgada se puede reclamar su liberación de todo control externo. La economía sí tiene la virtualidad de hacer posible el análisis integral que precisan asuntos como los que abordamos aquí y, como explica Amartya Senn, de imbricarse en los derechos fundamentales y la igualdad.

No es menor simpleza enfrentar economía y cultura, la primera como el terreno de los intereses egoístas y lo espurio y la segunda como el de lo desinteresado y el espíritu. Ambas cumplen funciones distintas, más fundamentales para la vida social y, precisamente por ello, el marco de desenvolvimiento no puede quedar a su albur, sino que han de ser sometidas a las reglas del Estado de derecho y de la democracia, a la voluntad y al control de los ciudadanos y a los derechos fundamentales.

Estas reglas tienen que ponderar los valores e intereses generales inherentes a una y otra y, en particular, la garantía de sus respectivos ámbitos de libertad (a las libertades señeras de la cultura y a los derechos culturales ya nos hemos referido; pero también en la economía la libertad tiene un espacio propio como libertad de empresa, de comercio o de mercado: libertades con raigambre, pues estuvieron ya en las bases del proceso revolucionario francés cuando la Constitución girondina de 1791 las enunció así: “Nulgenre de travail, de commerce, de culture –por cierto, esta “cultura” era entonces el cultivo agrícola– ne le peutêtreinterdit” ).

El caso es que ambos órdenes de libertades han de ser armonizados y a los dos se les ha de asegurar, como exigen las Constituciones modernas, un contenido esencial, un núcleo irreductible que no puede ser franqueado so pena de su negación. Ahora bien, el encuentro entre economía y cultura, por la diferente naturaleza y funciones de una y otra, sitúa a las libertades de la economía en un plano distinto, más instrumental, que las de la cultura, que resumiríamos en la preeminencia de los valores culturales sobre los valores económicos.

Con palabras llanas el socialista español Fernando de los Ríos decía que para hacer al hombre libre hay que controlar la economía y al hilo de ellas nos permitiríamos añadir si cuando se pone por delante libertad de la economía como un valor absoluto no se está sometiendo al hombre.

Ejemplos de dicha ponderación ya los tenemos en otros sectores del derecho de la cultura, pues vimos cómo intuitivamente el derecho ha ido construyendo, en el derecho de autor y en el derecho del patrimonio cultural, dos sistemas de derechos de propiedad limitada por razón de la función cultural que les incumbe cumplir, pero al fin sistemas respetuosos con el contenido esencial de la propiedad.

Obviaremos las consideraciones ontológicas o filosóficas –que en modo alguno serían accesorias aquí, sino todo lo contrario– sobre el rango de los valores de la cultura y de la economía. Quedémonos con la unicidad e irreversibilidad inherentes a la tradición e identidad cultural, que es lo que justifica, en los casos de colisión, la prevalencia –prevalencia no es negación ni exclusión del otro factor, sino su limitación proporcional a la finalidad que se desea alcanzar– del valor cultura sobre el valor economía.

En la libertad de comercio no es la regla que los contenidos delimiten el ámbito de dicha libertad. Pero hay casos en que debe serlo cuando ésta entra en colisión con valores fundamentales de la vida democrática y social. Y ésta es, precisamente, la ponderación a la que apunta la afirmación de la especificidad de los bienes culturales en tanto bienes objeto del comercio.

Llevemos estas reflexiones a las industrias culturales, en las que economía y cultura son carne y hueso de un mismo cuerpo. Y esa conjunción entre economía y cultura presente en ellas es lo que brinda a la humanidad unas insospechadas posibilidades, como nunca se dieron ni fue posible imaginar en la historia, de facilitar el acceso a la cultura a los seres humanos.

Para ello se hace necesario establecer –permítasenos la licencia de utilizar la figura jurídica con el valor de metáfora– el “contrato” entre economía y cultura para el bienestar de los seres humanos y de los grupos en los que cursan su existencia.

El mundo emprendió, hace más de medio siglo, con los acuerdos del gatt en 1947, un proceso de impulso del libre comercio internacional frente a las políticas proteccionistas nacionales vigentes hasta entonces. Pero la deriva reciente que ha tomado dicho proceso de liberalización del comercio internacional de bienes –ahora ampliado a los servicios y a la propiedad intelectual, tras los acuerdos del gats y del trips, y enmarcado en la Organización Mundial del Comercio creada al final de la llamada Ronda de Uruguay en las reuniones de Marrakech en 1994– pone de manifiesto un grave problema estructural: que algo que afecta de forma tan inmediata y fundamental a la vida del hombre y de los grupos humanos esté al margen del control político democrático y de los derechos fundamentales y, en particular, de los derechos sociales y culturales.

En este sentido no es baladí saber que el tratado de creación de la omc no alude para nada en su texto a los derechos fundamentales y que este organismo no pertenezca al sistema de la Organización de las Naciones Unidas (adviértase algo que se olvida, que el gatt estaba enmarcado en la onu). El hecho es que la omc funciona como un astro libre no vinculado a las reglas y principios del derecho internacional tan costosamente labrados ni a la Carta de la onu, a la Declaración Universal o al Pacto de Derechos Económicos y Sociales.

La mundialización no puede ser vista sino como un proceso positivo en tanto eleva al ser humano desde su condición de especie biológica unitaria –ésto viene dado de partida– a homo universalis –lo que es construcción social, política económica y cultural que se inició en el mismo momento en el que apareció la especie humana–, el resultado de un proceso complejo e inacabado de creación de lazos, intercambios, referentes y valores comunes, universos simbólicos...

Pero aunque la mundialización es en sí un movimiento natural y espontáneo, su ritmo puede ser impulsado. Esto es lo que ha ocurrido con la aceleración de la mundialización del comercio –que es lo que en términos estrictos designa la globalización–, pero esa aceleración necesitaría del impulso de las otras dimensiones políticas, sociales y culturales de la mundialización. Las consecuencias y los costes de una mundialización parcial y desajustada son graves en términos de justicia, de solidaridad, de bienestar y de calidad de vida. Lo que nos lleva a una inquietante conclusión, que mientras se avanza en la globalización económica se retrocede de facto en la mundialización de los derechos fundamentales y democráticos.

Bajemos al nivel de las propuestas operativas. No cabe duda de que las dificultades técnicas y la evolución tecnológica (la creciente importancia de la transmisión por satélite, por cable y digital de las señales audiovisuales) hace cada vez menos eficientes los enfoques negativos, cual el de la excepción cultural al que nos hemos referido antes, y las soluciones se han de orientar hacia medidas más positivas que reactivas o de barrera que, por otro lado, resultan difíciles de explicar en términos culturales.

Por ello, y por la relativa eficacia que ha demostrado hasta el momento, no podemos situar en la excepción cultural el desideratum de la solución de los problemas actuales de las industrias culturales de cara a preservar la diversidad cultural. Mientras no se disponga de otras soluciones mejores, no sería prudente prescindir de ella.

Esas soluciones que la situación reclama están en la creación de un marco jurídico internacional que, partiendo de una visión global del impacto de la mundialización sobre la diversidad cultural, se proponga como objetivo primordial su preservación y la garantía de los derechos culturales. Este orden se ha de plasmar en la erección de diversos instrumentos jurídicos internacionales de diferentes ámbitos y dimensión.

Hay un plus fundamental inherente a la diversidad cultural sobre la excepción cultural. Mientras ésta propende a quedarse en la defensa frente a lo exterior, la diversidad cultural afronta, en todos los niveles y escalones, la protección armoniosa de todas las expresiones culturales.

En esta misma línea no sobrarían tampoco medidas jurídicas de ámbito regional. Nos referimos a la erección de otros instrumentos jurídico internacionales de ámbito regional que consagren a las grandes culturas también como sistemas de diversidad y que a la vez les posibilite su proyección hacia el exterior como un gran sujeto cultural en el concierto cultural mundial.

Nos referimos a una Carta o Convención cultural iberoamericana que podría afirmar la contribución de la cultura iberoamericana y de su riqueza diversa a la cultura universal y su voluntad de estar presente en el concierto de la mundialización, la creación de un espacio cultural iberoamericano como ámbito privilegiado de desarrollo de dichos objetivos.

*    Fue Vicerrector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y profesor de Derecho Administrativo y Titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.    Tomado de: oei.es

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