La Gaceta Jurídica

La “Cumbre Judicial”

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 30 de junio de 2015

Se pedirá que la llamada “cumbre judicial” sea desarrollada en la ciudad de Sucre, sede del Órgano Judicial y del Ministerio Público, pero la fecha de la realización de aquel evento todavía no está señalada.

Entre tanto, han ocurrido determinados casos que han hecho ver que la crisis en la administración de justicia sigue alarmante y urgen medidas para tratar de encontrar remedios.

Como lo hemos reiterado en varias ocasiones, el tema es muy completo y, además, aquellas soluciones no son pocas. Se trata de iniciar el análisis del tema bajo una visión amplia e integral que abarque la cura de varias enfermedades. El problema, por lo tanto, no comienza ni termina cambiando a unos funcionarios por otros. Este sería un error muy grande.

Desde un punto de vista general, podríamos decir que el problema en la administración de justicia nos muestra fundamentalmente dos facetas: una relativa a su estructura institucional y la otra que tiene que ver con el comportamiento de sus funcionarios y que acaba conformando un cuadro de corrupción alarmante. En el primero, se pasa incluso por una revisión de textos constitucionales.

En el primer aspecto, uno de los temas es el referido a la forma actual de “elección” popular y directa de magistrados, cuya instauración fue un fracaso. El sistema no puede ser consagrado respecto de la naturaleza de las funciones de magistrados. Fue peor el remedio que la enfermedad.

Sobre este tema tenemos que preguntarnos si de inicio existe o no la voluntad política de hacer cambios, incluyendo porqué es inevitable la reforma de los artículos 182, 194, 198 y otros de la Constitución Política del Estado (cpe) en una reforma parcial, pero con un texto sustitutivo.

Y aquí está el mayor problema, porque es fácil plantear reformas, pero no tanto señalar el texto nuevo. Este es un detalle fundamental y no vemos que hasta el momento existen alternativas en concreto consensuadas entre oficialismo y oposición o, al menos, una propuesta oficial del partido de gobierno.

Creemos que se sigue haciendo mucho discurso, pero no se muestra nuevas realidades a implementarse como avance en la temática. Sin tales propuestas específicas, ¿de qué serviría una “cumbre” judicial? Otra vez solo para llenarse de discursos. Lo propio se puede decir de otros subtemas que hacen a la problemática general de la administración de justicia del país.

Es que tales consensos previos son imperativos antes, incluso, de que la “cumbre” esté ya programada y con fecha de realización. Respecto al segundo factor, referido a la corrupción, habrá que comenzar destacando que aquella nos hace ver que se trata de una postura referida, a su vez, a una determinada actitud sobre la función pública. O sea, no se trata solo de una referencia al Órgano Judicial.

Se trata de la creencia de que la función pública en general está destinada al enriquecimiento personal, “aprovechando” las ocasiones que se presentan a través de la misma función pública. Por tanto, los funcionarios del Órgano Judicial llegan a considerar que aquellos tienen el “derecho” de utilizar a aquel órgano del Estado para sus propios fines.

No existen, salvo excepciones, casos en que se ve al Órgano Judicial como “función” del Estado a favor de los ciudadanos, es decir, que sea una función de “servicio”, sino para servirse de ella.

Las conductas que se muestran en torno al mismo panorama no han conseguido cambiar, a pesar de una abundante normativa existente en forma supuesta contra la corrupción. Y es que se trata de una postura apoyada en hechos concretos. Pero para que la misma se haya mantenido, han ocurrido otros hechos más.

Una excesiva tolerancia, que podría decirse es del Estado como tal. Sus organismos principales no suelen inmutarse cuando se ha denunciado un hecho abiertamente irregular en el Órgano Judicial o en otros del Estado. El Ministerio Público se limita, por lo general, al anuncio de que se va a investigar, pero pareciera que las investigaciones no acaban nunca.

Entre tanto, como se impone la presunción de inocencia constitucional, es muy difícil avanzar.

El problema, por lo señalado, no va a desaparecer con más leyes. Se trata --como decíamos-- de actitudes y posturas, de una manera de comportarse en medio de un panorama de impunidad y, además, de protección para quienes se han visto envueltos en hechos irregulares.

Aquí se trata de comenzar una tarea renovada que se inicie en las facultades de Derecho. Aquí es bueno añadir un detalle más en esas facultades --en varias de las cuales fuimos docentes--, admitimos que se enseña con mucho énfasis para preparar abogados causídicos, o sea aquellos cuya preparación los va a habilitar sobre todo a ser abogados de bufete, pero se enseña poco a ser futuros jueces. Los que finalmente llegan a esta función están mal formados y peor en la parte estrictamente ética.

El tema de la administración de justicia, como lo acabamos de ver, requiere tanto de enfoques nuevos que nos permitan salir de una especie de atolladero en el que nos encontramos. Proponemos nuevas ideas prácticas, porque, de otra manera, todas las llamadas “cumbres” que se haga van a ser de nuevo meramente discursivas. Requerimos urgentemente el análisis de otras realidades que respondan a la coyuntura actual.

Es abogado, analista de la constitucionalidad y ensayista.

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