La Gaceta Jurídica

Hacia la Cumbre de Justicia

Ya son diez años de un proyecto de cambio, de reformas; una de las síntesis y desafíos fue la “Asamblea Constituyente” que pasó por avatares, errores, aciertos y problemas. Ese proceso constituyente no terminó dejando de lado la aplicación del texto constitucional a la interpretación y aplicación en materia jurídica, estrictamente de las leyes.

“En el caso del Órgano Judicial hubo cambios significativos que no frenaron  la mala administración de justicia”.

“En el caso del Órgano Judicial hubo cambios significativos que no frenaron la mala administración de justicia”. FOTO: tsj.bo

La Razón (Edición Impresa) / Sergio Salazar Aliaga*

13:06 / 20 de abril de 2016

También existen temas que se han comportado de manera conservadora; está el de la opción sexual y el de la despenalización del aborto y, sobre esos temas, en vez de avanzar hubo un retroceso, que es más de reacción que de acción, más de prejuicios que de reflexión.

En el caso del Órgano Judicial hubo cambios significativos que no pudieron frenar la mala administración de justicia, el artículo 182 de la Constitución Política del Estado (cpe) establece que “Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal”.

Por eso es importante identificar o detectar problemas que afecten al sistema judicial y a sus instituciones. Hoy el sistema de justicia adolece de un grave problema: su formulación no tiene sustento fáctico o empírico, como consecuencia, ella no tiene correspondencia con la realidad.

Esas políticas judiciales latinoamericanas, en general, y la boliviana, en particular, han evolucionado bajo formas abstractas: son más producto de la elaboración teórico-dogmática que de las conclusiones o estudios de investigación empíricas emprendidas a fines de un sistema de justicia. Se privilegia la teorización dogmática como fin y no como medio para la racionalidad del derecho.

No se tiene, en Bolivia, una clara definición del objeto de las estadísticas en las perspectivas e intereses de las partes que componen el sistema de justicia (policía, tribunales, prisiones, fiscalías). Cada uno emplea los indicadores que le parecen adecuados sin que haya una previa búsqueda de criterios comunes o la compatibilización de los mismos.

Así, el 3 y 4 de junio se llevará a cabo la “Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien”, donde grupos y sectores políticos trataran de influir en la formulación y configuración de la política de Estado en el área de la justicia de nuestro país, cada uno con sus propios objetivos, finalidades y concepciones políticas.

En este sentido, se puede hablar de un pluralismo de visión de justicia, según los grupos que lo promuevan.

En la cumbre se tratará de ver las carencias de identidades u organizaciones encargadas de centralizar información estadística de todo el sistema, analizar e interpretar indicadores o datos por medio del cruce de variables y su relación o dependencia con otros factores (económicos, sociales, políticos, etc.).

Los indicadores disponibles generales e imprecisos no forman un cuerpo coherente que permita con facilidad el fenómeno de la justicia; dicha falencia repercute en interpretaciones y análisis errados o en la falta de investigación. En este entender identificaremos cinco problemáticas hacia la cumbre.

Los problemas

Existen muchos problemas en nuestra justicia, en el sistema judicial; por ejemplo, el artículo 240 de la cpe establece que las autoridades del Órgano Judicial no se encuentran sujetas a la revocatoria de mandato, pero, como contradicción, los atributos del Consejo de la Magistratura, artículo 195, establecen “promover la revocatoria de mandato de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agro- ambiental, cuando, en el ejercicio de sus funciones, cometan faltas gravísimas determinadas por la ley”.

Como un segundo problema tenemos la baja coordinación entre la Policía y el Ministerio Público, ya que el Código de Procedimiento Penal (cpp) establece que el director funcional de la investigación es el fiscal, es decir que el investigador tendría que estar a total disposición, pero, a la vez, la Ley Orgánica de la Policía determina que la investigación depende de su comandante, entonces tenemos un problema de coordinación entre la Fiscalía y la Policía.

Se aumenta al problema que los investigadores son rotados constantemente, no se mantiene a los mismos investigadores en la investigación y hay pocos investigadores.

Un tercer eje de dificultad en nuestro sistema judicial es la baja aplicación por parte de los operadores del sistema penal, sobre todo las salidas alternativas; ejemplificamos con el medio institucional para descargar el sistema penal a los delitos de menor relevancia social, que no ha sido posible porque se concibe a través de un sistema discrecional.

El fiscal puede elegir si habrá una salida alternativa, en el sentido de que si puede o no establecer una salida alternativa, si bien están establecidos en el cpp los criterios de oportunidad y la suspensión condicional del proceso, esto está dentro de la facultad discrecional, es lo que falla en la aplicación.

Un cuarto eje es la excesiva duración de la etapa preparatoria del proceso penal, seis meses; a su vez, está la investigación preliminar que se realiza antes de la etapa preparatoria, pero el cpp establece cinco días para su realización, tiempo que puede ser ampliado, pero no hay plazo para la ampliación.

El Tribunal Constitucional (tc) ha determinado mediante una sentencia que es prorrogable a unos seis meses. Entonces, tenemos seis meses de investigación preliminar, más seis de etapa preparatoria, solo ahí se alarga fuera de los lineamientos de oportunidad establecidos en el cpp.

La quinta problemática es el fortalecimiento penal. Todavía no existen instituciones fuertes, tenemos una institución judicial que ha trabajado sin lineamientos estratégicos de políticas criminales, las fallas de citaciones y de notificaciones.

Al salir de esta Cumbre Nacional de Justicia se solucionará algunos de estos problemas, además de la aplicación de los nuevos códigos penales, ya que los actuales deben prepararse en consonancia con la evolución de la realidad.

*    Es investigador y militante del Bloque Juvenil Antiimperialista.

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