La Gaceta Jurídica

Cumbre nacional de justicia: Más de lo mismo

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 09 de agosto de 2013

Mediante una publicación denominada “Comunicado del Órgano Judicial al pueblo de Bolivia”, este componente del Estado se refiere a las conclusiones de la reciente “Cumbre Nacional de Justicia”, realizada en el ciudad de Sucre.

El mencionado documento comienza diciendo que por “mandato del pueblo” se ha concretado la realización de aquel evento, aunque no advertimos de dónde ha salido ese supuesto “mandato”. La Cumbre fue una iniciativa concretada finalmente por el propio Órgano Judicial del país.

La Ministra de Justicia, nada menos, acabó calificando a aquella Cumbre Nacional como un “rotundo fracaso”. Por algo debe ser.

Y, sin duda que el evento dejó muchísimas cosas en el tintero, otras simplemente pasaron ignoradas; otras más quedaron como parte de buenos deseos y varias más fueron analizadas a medias. Las verdaderas y necesarias soluciones a la crisis de la administración de justicia apenas aparecieron o acabaron en meros enunciados.

En uno de sus puntos referido al ámbito de acceso a la justicia, el documento dice: “Consolidar la revolución de la justicia en el marco de la Descolonización Social, Cultural y Estructural” (¿?). ¿Alguien nos podría explicar qué es esto? ¿Qué se ha querido decir? ¿Cuál revolución de la justicia?

Se propone “promover la creación de CENTROS INTEGRADOS DE JUSTICIA con recursos de los gobiernos departamentales y municipales”. ¿En qué consistirían y para qué su implementación?

En el tema que se titula “Gestión del sistema de justicia” se afirma “definir y formular nuevas políticas que garanticen la sostenibilidad orientada a la INDEPENDENCIA JUDICIAL y la consolidación de la autonomía presupuestaria del Órgano Judicial”.

La potestad de administrar justicia, como la llama el artículo 178.I de la Constitución Política del Estado (cpe), se sustenta en varios principios, entre los cuales están la INDEPENDIENCIA, la PRO- BIDAD, la CELERIDAD y la GRATUIDAD. Nos preguntamos si alguno se cumple.

Sabemos de memoria que NO. Pero lo que aquí cabe no es repetir que habrá INDEPENDENCIA JUDICIAL, porque en la práctica casi nunca ha habido. Lo lógico es preguntarse por qué aquellos principios constitucionales nunca se cumplen y, sobre todo, decir cuáles serán las soluciones. Lo demás es simple palabrería.

Nos preguntamos ¿en qué ha contribuido la tan cacareada “elección popular” de magistrados que terminaría con la DEPENDENCIA DEL ÓRGANO JUDICIAL?

Estamos peor que antes, la respectiva elección, antes politizada, ahora está partidizada.

El tema del presupuesto del Órgano Judicial es muy viejo y nunca encontró soluciones. Pero, además como algún articulista lo ha señalado, para qué más recursos a favor del Órgano Judicial, si ya se sabe que la mayor parte de aquellos se destinarán en enorme proporción solamente a cubrir el rubro de servicios personales. Aquí existe total falta de políticas de administración gestionaria de ese Órgano del Estado.

Más adelante el documento nos habla de los recursos humanos en el Órgano Judicial. Dice que debería haber una “lucha frontal contra la mediocridad, hasta que aquél cuente con los jueces más idóneos para administrar justicia”. Habla también de “procesos de selección exigentes, DESPOLITIZADOS Y TRANSPARENTES”.

Como están las cosas en este momento, con el esquema vigente aquel proceso de selección será poco menos que un milagro. A partir precisamente de la elección de magistrados se ha trastocado aquella posibilidad, porque, de un sistema de por sí errado, se arrastrarán los males para la designación de todos los demás funcionarios judiciales. Lo de jueces imparciales, probos y casi “angelicales” no deja de ser un cuento.

No olvidemos, además, que la “preparación de los abogados para ser jueces y magistrados no comienza ni termina en el Órgano Judicial, sino, más bien, en las facultades de Derecho de las universidades. ¿Cuál ha sido la propuesta de aquellas en torno al tema? Nadie sabe. ¿Han participado en la CUMBRE? El documento que analizamos ni las nombra.

Seguimos. El documento sobre la cumbre dice que se debe definir mecanismos “de control social en los procesos de selección de recursos humanos en el Órgano Judicial”.

No acabamos de entender de qué proceso de “selección” se habla y de qué manera aquello acabaría facilitando medidas que sean positivas y eficaces a favor del Órgano Judicial.

Se afirma que el Órgano Judicial “se compromete a sancionar las conductas de los funcionarios que constituyan faltas e infracciones y remitir a la justicia penal aquellas que sean consideradas delictivas”.

Es, obviamente, una facultad de las autoridades del Órgano Judicial disponer el juzgamiento disciplinario o por la vía ordinaria de los funcionarios judiciales por faltas o por la comisión de delitos. No se trata, por lo tanto, de tomar esta competencia legal como un “compromiso” que asume públicamente ese Órgano del Estado.

Ese detalle es simple y llanamente una “obligación” para cumplir. Aquí lo que correspondía es admitir que deberán mejorar en forma sensible los mecanismos para combatir las faltas y los delitos. Lo contrario es ocultar lo que todos sabemos, que el fenómeno de la corrupción sigue vigente.

Finalmente, se afirma que “debe existir, dentro del Órgano Judicial, una representación de los pueblos indígenas originarios y campesinos, elegidos en forma directa de acuerdo a sus normas y procedimientos propios”. Nos preguntamos, ¿con qué objeto? ¿No es que la Constitución ya estableció para aquello la “jurisdicción indígena, originaria, campesina? Se plantea, por último, la reforma de la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Al fin algo que era necesario apuntar.

Es abogado, analista constitucional y ensayista.

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