La Gaceta Jurídica

Cumbres sobre la justicia

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 17 de mayo de 2013

La llamada Cumbre Nacional sobre la Justicia quedó, una vez más, postergada hasta fines del presente mes. Pero, entre tanto, se han realizado varias cumbres departamentales en torno al mismo tema.

Habrá que advertir de inicio que no ha sido muy abundante la información que se ha ido divulgado en torno a aquellas cumbres sobre la Justicia, pero, asimismo, debe señalarse que, en base a los detalles divulgados por los medios de comunicación, nos ha parecido no sólo insuficiente todo lo informado, sino que, además, nos parece haber estado repasando los mismos temas específicos de hace…, podríamos decir, unas dos o tres décadas pasadas.

Es decir, no sólo que parecería una simple repetición de los mismos problemas de siempre, sino que tampoco aparecen “mea-culpas” sobre múltiples errores ya cometidos. Peor aún, tampoco se plantean muchas soluciones en concreto que puedan no sólo ser eficaces, sino también factibles de ser aplicadas. Porque, en definitiva, tampoco se trata, para salir del paso, acudir a detalles fantasiosos y acabar fabricando castillos en el aire.

Veamos algunos detalles fundamentales de los varios que se han ido divulgando, entre los que se consideran temas básicos de la problemática de la administración de justicia en general.

Se ha reiterado que el presupuesto (dentro del que corresponde al Estado en general) es insuficiente y no permite a los organismos de la administración de justicia cumplir, ni de lejos, las funciones que la Constitución y las leyes le asignan y le obligan.

¿Quién podrá negar la verdad de esa afirmación, que, además, se la repite hace decenas de años? O sea, no se descubre nada de nuevo. Se ha propuesto, entendemos, un incremento que llegue hasta el tres por ciento del total del Presupuesto General del Estado. Pero, nos preguntamos, ¿el Poder Ejecutivo, que es en este campo el que tiene la sartén por el mango, sabe positivamente si está dispuesto a patrocinar y gestionar ese extremo, incluso cuando en el Legislativo, se discuta el tema para cuando se vaya a aprobar aquél Presupuesto General del Estado? ¿Quién puede garantizar este extremo? Creemos que nadie.

¿Sirvieron de algo pedidos y reclamos hasta airados efectuados casi todos los años anteriores? Las respuestas ya sabemos cuáles fueron. Es que, en definitiva, las necesidades del Órgano Judicial no parecen estar entre las prioridades de los otros Órganos del Estado y éste es el principal problema. Es una cuestión de principios que nunca ha cambiado.

Se dice también que el Órgano Judicial sigue sin contar con la infraestructura básica para cumplir las funciones que tiene asignadas. Este tampoco es ningún descubrimiento, en realidad es consecuencia del tema anterior. Lo que no hay finalmente es suficiente dinero para la infraestructura adecuada. Lo propio podría decirse respecto del tema de los sueldos de magistrados, jueces y personal administrativo.

Tampoco se descubre nada nuevo al afirmar que aquellos ni responden a un esquema estudiado y racional, sino que siguen siendo insuficientes. De nuevo la traba, la limitante es el presupuesto asignado al Órgano Judicial en su conjunto. Asimismo se ha vuelto a insistir en la tan reiterada “retardación de justicia”.

Este es otro detalle que no es novedad ni es de ahora. Se trata de una característica que quita el sueño a todos, litigantes y jueces, pero que jamás ha encontrado soluciones y, peor todavía, ni siquiera intentos claros y concretos de solución al problema.

De esta manera, pensamos necesario anotar que en la problemática referida al Órgano Judicial deben distinguirse dos aspectos que no son iguales. Uno es el referido a la estructura institucional y otro es el que tiene que ver con el ejercicio concreto, diario, de la función de “administrar justicia”, que es definitivamente el objetivo fundamental de los tribunales que conforman el Órgano Judicial. Por otra parte, en ambos temas el esquema jurídico no es ni ha sido el mismo.

Lo que se refiere a la estructura jurídico-institucional se decide en la Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano Judicial u otras disposiciones legales. No vamos a negar que en este campo se ha producido modificaciones importantes en los últimos años, entre las cuales está, por ejemplo, la creación del Tribunal Constitucional. Pero también es cierto que otras variantes en relación a este mismo esquema institucional ni siquiera se han planteado o, si se han concretado en aquellas disposiciones, en la práctica no se han puesto en vigencia. Nos hemos quedado con la teoría.

Pero hay más, ha existido una medida que ni siquiera –como era de esperar– ha sido analizada y es la que se refiere a la modalidad, ya concretada el 2011, de la elección por voto popular de los magistrados. El resultado de tales elecciones no pudo haber sido peor y, sin embargo, acabó dándole “legitimidad” a un esquema que nunca tuvo esa característica. A la postre, peor el remedio que la enfermedad.

El segundo tema que adelantábamos, referido a la función diaria de “administrar justicia”, no tiene que ver sólo con la estructura institucional del Órgano Judicial, sino con las leyes adjetivas o procedimentales que magistrados, jueces y subalternos están obligados a aplicar en el trámite de cada proceso.

Y aquí, con las diferencias que obviamente existen, hay abundante tela para cortar. Deben efectuarse grandes cambios, pero ésta es una tarea no sólo, muy vasta y grande, sino de largo plazo. ¿Se ha comenzado esta tarea? Sí, pero apenas. Y, en verdad, todavía estamos en pañales y en medio de un tremendo laberinto.

Es abogado, ensayista y analista jurídico-constitucional.

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