La Gaceta Jurídica

Cumbres y órganos del Estado

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

23:34 / 23 de diciembre de 2011

Ha concluido la primera fase de la denominada Cumbre Social para la profundización del proceso de cambio, realizada en la ciudad de Cochabamba.Apartándonos de inicio de mayores consideraciones sobre la naturaleza e incluso las características y alcances reales de aquel evento, habrá que señalar, en una apreciación genérica que en este país nunca está demás el diálogo y mejor si éste supone un análisis de la realidad por la que aquel está atravesando en una determinada coyuntura.

Sin embargo, aquella apreciación sigue resultando demasiado genérica, no solo por la complejidad de los agudos y viejos problemas que se reiteran en Bolivia, sino porque, además, no puede repetirse tampoco un diálogo discursivo. No es posible, dada la premura para encontrar soluciones, que aquel se presente como un momento destinado a tapar esos conflictos o acabe una vez más en abundantes conclusiones, que en la práctica acaban dejando las cosas más o menos como estaban al comienzo. Todo aquello no es otra cosa que repetir la vieja práctica de cambiar para que nada cambie.

Pero existe un detalle que lo creemos es todavía más importante desde el punto de vista de gran validez de las actuaciones que se ejecutan para llegar a las conclusiones. O sea, la interrogante consiste en preguntarse hasta qué punto determinadas instancias de la sociedad civil o, como se dice ahora, de las “organizaciones sociales” tienen la capacidad no solo orgánica, sino jurídica, para actuar como si se tratara de órganos del Estado y adoptar decisiones que finalmente afecten a todos.

Por lo tanto, tenemos que cuestionar si estamos dentro de la práctica de instrumentos concretos de la “democracia participativa” o si estamos “creando” otros que se añadan a aquellos que específicamente están indicados en el texto de la Constitución Política del Estado (cpe).

Aquella, en su artículo 11 (II, 1) nos dice que “la democracia se ejerce de las siguientes formas que serán desarrolladas por ley: directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley”.

Siguiendo con el texto constitucional hacemos referencia al Título VI, de Participación y control social. El artículo 241 dice que “el pueblo o soberano, por medio de la Sociedad Civil Organizada participará en el diseño de las políticas públicas”. Y añade en el punto II: “La sociedad civil organizada, ejercerá el control social a la gestión pública, en todos los niveles del Estado y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales”.

Por tanto, es la sociedad civil organizada la que deberá participar en el diseño de las políticas públicas. El otro aspecto es que aquella misma sociedad ejercerá la función de control social a la gestión pública, en todos los niveles del Estado.

Son dos aspectos que se podrían considerar como formando parte del ejercicio de la democracia participativa. Sin embargo, ni el artículo 11, ni el que hemos expuesto después, emplean el término de movimientos sociales. Por otra parte, la tarea de la llamada sociedad civil organizada se limita al diseño de las políticas públicas, no a su definición ni aprobación.

En cuanto al control social, esta tarea de la misma sociedad civil organizada que se destaca en forma demasiado genérica es obvio que deberá ser reglamentada por ley, cosa que hasta el presente no ha sucedido.

Preguntémonos ahora, ¿qué deberá entenderse por “sociedad civil organizada”?, ¿tendrá que suponerse que aquí ingresan todas las entidades que no son parte del Estado? Lo hacemos en un análisis de “descarte”, porque tampoco existen disposiciones de detalle en torno al tema.

¿Los denominados “movimientos sociales” son parte de la sociedad civil organizada”? Desde luego que sí. En todos los textos constitucionales citados existe una referencia directa a la mismas y, además, queda claro que aquellos no son parte de ninguna manera de la estructura institucional de este nuevo “Estado Plurinacional”.

Pero el tema se complica por el simple hecho de que una buena parte de esos “movimientos sociales”, sin perder su calidad de “componentes” de la sociedad civil, conforman un partido político que es, a su vez, el partido de gobierno. En efecto, el Movimiento al Socialismo (mas) es una suma de movimientos sociales.

¿Cuáles son aquellos que en la práctica están dentro y fuera del mas? Han existido movimientos sociales bien determinados dentro de aquella estructura, así como organismos que forman parte de la sociedad civil en general, como son, por ejemplo, los colegios de profesionales, que no están calificados como movimientos sociales.

Y es en base a este análisis que podemos retornar al tema de la Cumbre Social para preguntarnos ¿en qué medida un evento de este tipo podrá pretender, como se insinúa, suplantar estructuras organizativas del Estado, como podría ser por ejemplo, la Asamblea Legislativa Plurinacional? La Cumbre está acabando por entrar a ejercer atribuciones o competencias señaladas para aquél por el artículo 158 de la CPE.

Por eso nos adelantábamos a decir que una cosa es reunirse para dialogar y encontrar solución a los grandes problemas del país, pero es otra el encontrar los auténticos mecanismos jurídico-constitucionales que hagan operativos de forma legítima los resultados o conclusiones de eventos como de la Cumbre Social.

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