La Gaceta Jurídica

Cumplimiento de los Derechos Indígenas

Debate

La Gaceta Jurídica / Juan Pablo Chumacero

00:00 / 24 de julio de 2012

Bolivia tiene posiblemente la estructura normativa con base constitucional más avanzada en Sud América y posiblemente a nivel mundial respecto al reconocimiento de los Derechos Indígenas.

Han transcurrido varias décadas de movilización indígena y poco a poco se ha ido reconociendo la necesidad de contemplar estos derechos, diseñar las leyes y posteriormente aplicarlas, hasta llegar a la aprobación de la Constitución Política del Estado (cpe) de 2009. Nuestra Constitución reconoce los derechos indígenas, entre los principales, tenemos el derecho a la Autonomía Indígena, el Derecho al Territorio, el Derecho al Reconocimiento de sus Usos y Costumbres, el Reconocimiento a las distintas formas de Democracia Comunales, Indígenas o Colectivas. Por otra parte, la aplicación de la Justicia Indígena Originaria también está establecida en la Constitución y, a partir de la misma, el Estado Boliviano tiene el reto de aplicar y hacer respetar estos derechos. Precisamente es en este punto donde nos entrampamos.

A pesar de todas las normas que se han ido diseñando desde el 2009 respecto a los derechos indígenas, terminamos concluyendo que, poco a poco, se ha ido restringiendo la posibilidad de aplicar la misma Constitución. Un ejemplo claro es la Ley Marco de Autonomías, la cual ha ido estableciendo requisitos que, a la larga, se vuelven restricciones para que pueblos indígenas, organizados vía territorios indígenas o municipios, opten por una autonomía indígena plena, tal como ellos habían demandado.

Esta demanda se reconoce en la Constitución pero no así en la Ley. Por ejemplo, de los 55 Territorios Indígenas titulados en tierras bajas, alrededor de seis o a lo mucho ocho pueden cumplir con todos los requisitos establecidos por la Ley para optar por la Autonomía Indígena vía Tierras Comunitarias de Origen (tco). En lo que respecta a los municipios indígenas, los que podrían optar por la autonomía indígena conocen elementos que los desaniman o que les impiden avanzar. Estamos contemplando cómo van pasan tres años de autonomía indígena y sólo 11 municipios intentan ir por esta vía, pero tienen problemas que no les permiten avanzar.

Entre los requisitos para ser tco está el de la población. La ley establece tener 4.000 habitantes como mínimo y la gran mayoría de las tco no tiene esta cantidad.

Por este motivo, muchos territorios quedan impedidos de acceder a la Autonomía.

Otro requisito es la necesidad de que un Territorio Indígena titulado sea continuo, que sea un solo bloque titulado conectado entre sí, es decir, que tenga continuidad territorial. Sin embargo, muchos no la tienen, porque son bloques discontinuos, unos más grandes que otros, debido a que al medio existen terceros, derechos de otras personas y/o tierras fiscales. Por tanto, este requisito de continuidad territorial elimina a otro gran grupo de acceder a la Autonomía.

También es un requisito importante que el territorio no se encuentre superpuesto con otras unidades territoriales político-administrativas, principalmente departamentos. Así, un territorio que está entre dos departamentos no puede optar por el título de Pueblo Indígena, salvo que se divida y encuentre una forma novedosa para resolver el asunto.

Además, los Territorios Indígenas tienen que demostrar ser capaces de administrar recursos y administrar servicios. Si se añade que normalmente los espacios de poder tradicionales son lugares de lucha o choque entre sectores indígenas, campesinos, ganaderos y gente urbana de las ciudades; los indígenas de tierras bajas tienen las de perder debido a su idiosincrasia, pues quedan con muchas menos posibilidades.

En el caso del Derecho a la Consulta, en un inicio se entendió que debía aplicarse siempre y que la decisión era vinculante. Pero, en la práctica, no cumple con los principios elementales de un proceso de Consulta y, por consecuencia, no se respeta de manera clara: no hay ley aprobada para el Derecho a la Consulta y menos para los procedimientos correspondientes. Lo que está sucediendo con los territorios merece una aplicación justa de estos derechos logrados. Así vemos que se tiene una notable restricción a la autonomía indígena.

Si hablamos de la Justicia Indígena Originaria Campesina, la Ley de Deslinde Jurisdiccional ha restringido la aplicación de esta normativa de tal manera que sólo se aplica en determinadas áreas y temas, mucho menos de lo que se había pensado en la Constitución. Este tema requiere una continuidad, ser consecuentes con lo que se dice para luego cumplirlo.

Lo mismo se puede decir del derecho de la participación en distintas instancias o del reconocimiento de la democracia comunitaria. En la práctica, en instancias a nivel local, departamental e, incluso, nacional, la representación indígena en distintos espacios es mucho menos de lo que se esperaba. Además, se la subordina a la representación vía partido y se ha ido limitando las posibilidades de que las organizaciones indígenas campesinas originarias elijan a sus representantes vía comunal para priorizar la entrada partidaria que tiene serie de implicancias por detrás.

Debemos entender que lo principal  es cumplir con el mandato de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la cual establece una serie de derechos. Existe un fallo del Tribunal Constitucional estableciendo el respeto a la Constitución en estos procedimientos: en buscar consensos con todas las partes correspondientes para el proceso de Consulta y luego para la Consulta misma.

Evidentemente, la solución pasa por buscar consensos y diálogos, pero de forma más abierta, más llana, reconociendo la potestad que tiene cada pueblo a decidir quiénes son sus representantes y proceder en consecuencia. En ese sentido, habrá que ver hasta qué punto el acuerdo con los corregidores puede ser justificado, explicado y, eventualmente, legitimado porque, al parecer, los corregidores no gozan de esta legitimidad.

Otra aclaración importante respecto al derecho al territorio indígena es diferenciar claramente que una cosa es el Parque Nacional Isiboro Sécure y otra el Territorio Indígena del Isiboro Sécure. El Parque tiene una superficie mayor que el Territorio Indígena. La diferencia se debe principalmente al Polígono 7, donde vive gran cantidad de comunidades (casi todas sindicatos agrarios dedicados a las actividades agrícolas principalmente ligadas a la coca). Estos sindicatos están en el Parque pero no en el Territorio Indígena; al no ser parte del Territorio Indígena no tienen derechos sobre éste.

El Derecho a la Consulta está ligado intrínsecamente al Territorio y, por lo tanto, a los que viven dentro del Territorio Indígena y los que son titulares del Derecho Indígena y del derecho propietario sobre el Territorio Indígena. Considerando esto, se concluye que el Derecho a la Consulta sólo debe ser aplicado con aquellas comunidades que son propietarias del Territorio y que viven dentro del Territorio y no dentro del Parque.

Aplicar la Consulta con población que no vive o que no es propietaria del Territorio Indígena no es lo debido. Este punto merece ser aclarado para trabajarlo y socializarlo a toda la población.

Tomado de: justiciaenlosandes.org

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