La Gaceta Jurídica

Daño a la propiedad pública

No obstante que pueden originarse críticas en sentido de que se trata de la utilización de métodos únicamente sancionatorios, se debe argüir que este procedimiento es viable cuando consta la existencia anterior de mecanismos educativos y de sensibilización.

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 30 de enero de 2015

Pese a que existen normas para proteger los bienes del Estado y los comunales, normalmente en el país no se las aplica de manera efectiva debido a factores como la ineficacia para que las instituciones municipales, departamentales o del gobierno central se conviertan en parte acusadora. Asimismo, existe una situación recurrente y lamentable en este intento por velar el patrimonio social del país, es que cuando se pone en marcha los mecanismos legales se tiene pocas posibilidades de ganar, es decir que gran parte de los procesos abiertos por daños u otros motivos contra la propiedad pública y nacional han sido perdidos en los estrados judiciales.

Los ejemplos más claros seguramente son los relacionados con la apropiación de terrenos, casos en los que las alcaldías casi siempre llevan las de perder. Es de suponer que en este estado de cosas influyen factores como la corrupción, la compra de abogados encargados de seguir las causas a nombre de las instituciones o las acciones leguleyescas conocidas como “chicana”.

En este marco, en el que parece difícil defender la heredad del conjunto de la población, se ha recibido con agrado y expectativa la noticia de la presentación de dos querellas penales por parte de la empresa estatal Mi Teleférico contra usuarios de este servicio. Con estos procesos, que deben llegar hasta un fallo final que determine un juez, se sentará un precedente importante para que la población en general sea sujeto observante de las normas y reglas que existen en cuanto a la utilización de este sistema de transporte.

Mientras se espera que las sanciones pertinentes sean impuestas, se debe dar constancia de que las reglas de comportamiento y utilización de este servicio se encuentran en las mismas cabinas y estaciones de las líneas del teleférico y que también han sido difundidas por medios de comunicación directa y masiva.

De igual forma, este antecedente deberá convertirse en una especie de ejemplo para que también se actúe en otros casos de abuso del patrimonio público, como son los daños a las aceras cuando se estaciona o se arregla vehículos en ellas, así como cuando se echa basura en las calles y en bocas de tormenta o cuando se corta árboles sin que medie una circunstancia que lo justifique. Otros aspectos perniciosos que merecen este tipo de sanciones se refieren a los peligrosos movimientos de tierra en sectores no permitidos o la venta de áreas verdes, entre muchas otras arbitrariedades y desidia que afectan al resto de la población.

Aunque es obvio que se trata de ámbitos diferentes y de jurisdicciones particulares, según sean los casos, los ejemplos hacen referencia a la necesidad de que en coordinación interinstitucional se hagan efectivas las acciones y se aplique las leyes para la defensa de la propiedad y del ornato público, sea municipal, departamental o estatal, de este modo el antecedente servirá para que dejemos de vivir bajo las consecuencias de la negligencia y falta de urbanidad de algunas personas. No obstante que pueden originarse críticas en sentido de que se trata de la utilización de métodos únicamente sancionatorios, se debe argüir que este procedimiento es viable cuando consta la existencia anterior de mecanismos educativos y de sensibilización.

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