La Gaceta Jurídica

Datos de violencia

Esta realidad obliga a que las autoridades evalúen su labor para que la prevención y castigo sean más efectivos en los casos de violencia de género, como en otros de trata y tráfico de personas, y que la normativa disponible tenga aplicación eficaz, sea reglamentada apropiada y oportunamente…

Editorial

00:00 / 29 de noviembre de 2013

El pasado lunes se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido el 17 de diciembre de 1999 mediante una resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (onu) en homenaje a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en la República Dominicana. En esa jornada fueron secuestradas en una emboscada, luego ahorcadas y sus cuerpos apaleados para simular un accidente automovilístico. Esta muerte fue sellada por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, debido a que estas féminas eran activistas permanentes contra su gobierno.

Hasta el momento y luego de 14 años de instituida la fecha, las organizaciones civiles y dedicadas al análisis y defensa de la mujer consideran que la situación de violencia de género continúa y en algunas regiones se ha incrementado de manera notoria sin que existan acciones eficaces por parte de las autoridades llamadas a la prevención y castigo de este flagelo.

En este marco, la violencia contra el sexo femenino se evidencia en diversos grados y formas, desde el maltrato psicológico y moral, pasando por agresiones físicas, hasta los asesinatos brutales. Lo que ha significado la elaboración de índices preocupantes, en especial en el caso boliviano, donde datos de la Defensoría del Pueblo y de onu-Mujeres señalan que el país alcanza los índices más altos de violencia contra las mujeres entre las naciones latinoamericanas y que es el segundo en violencia sexual, sólo superado por Haití.

Estos informes indican que en 2013 por lo menos 89 mujeres fueron asesinadas en Bolivia, lo que representa un promedio de dos muertes por semana.

Entre otros datos funestos, la Defensoría detalla que en la gestión 2012 no se pudo identificar 28 cadáveres de mujeres destrozadas en actos de violación y asesinato; estos cuerpos fueron enterrados en ese anonimato.

Este año, con la promulgación de la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, de 9 de marzo de 2013, la situación no ha cambiado en el territorio, por lo menos así lo demuestra el dato de casi 90 feminicidios conocidos y muchas otras denuncias sobre maltrato y agresiones, lo que ha llevado a movilizaciones y presiones institucionales para que se tome cartas en el asunto y desaparezca la lenidad de las instancias pertinentes, de este modo la impunidad reduciría su campo de acción.

En este sentido, si bien es un logro que la Fiscalía haya presentado en Sucre la primera acusación formal por feminicidio en el país contra un individuo que asestó tres puñaladas a su esposa delante de su hijo de cuatro años, los casos son muchos más y varios los meses desde la vigencia de la Ley 348, pero las acciones muy pocas por falta de reglamentación de la norma y por ineficacia de investigadores, fiscales y otros funcionarios que deben trabajar sobre los hechos. Esta realidad obliga a que las autoridades evalúen su labor para que la prevención y castigo sean más efectivos en los casos de violencia de género, como en otros de trata y tráfico de personas, y que la normativa disponible tenga aplicación eficaz, sea reglamentada apropiada y oportunamente y no quede en el papel y la propaganda, de este modo las cifras cambiarán hacia un sentido positivo.

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