La Gaceta Jurídica

¿Debate sobre la capitalidad?

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 15 de noviembre de 2013

El jefe nacional del msm (Movimiento Sin Miedo) y exalcalde de La Paz ha lanzado en forma pública la idea de abrir un debate en torno al tema de la capitalidad y sus alcances y características. De inmediato han llovido críticas de todas partes, pero, fundamentalmente, de autoridades y personeros del Gobierno.

Baste recordar los alcances que tuvo el tema en años pasados, en plena vigencia de la Asamblea Constituyente, aunque no precisamente su “discusión”. Y es que, en realidad, nunca ha habido un auténtico debate abierto sobre ese tema. Las posturas que en torno al mismo surgieron tanto de La Paz como en Sucre fueron absolutamente intransigentes. Sucre con aquel slogan de “ni un paso atrás” y La Paz con el de “la Sede no se mueve”.

¿Qué había ocurrido hasta ese momento en cuanto a los textos constitucionales? Pues que, sencillamente, eludieron el bulto y dejaron muchos cabos sueltos. A manera de ejemplo, citemos el artículo 46 (II) de la Constitución Política del Estado (cpe) abrogada que decía: “El  Congreso Nacional se reunirá ordinariamente cada año, en la capital de la República (sin decir qué ciudad tenía este título), cada seis de agosto, aun cuando no hubiese convocatoria…” y, luego, la maravilla: “Si a juicio del ejecutivo conviniese que el Congreso no se reúna en la Capital de la República, PODRÁ EXPEDIR LA CONVOCATORIA SEÑALANDO OTRO LUGAR”. Al final de cuentas, acabó aplicándose siempre la excepción.

En los hechos, la sede de los antes llamados poderes Ejecutivo y Legislativo le fueron arrebatados a Sucre por la vía de la fuerza y este detalle se lo incluyó, con trampa, en los textos constitucionales.

A su vez, los artículos de la Constitución abrogada 117, en cuanto a la Corte Suprema; 119, respecto del Tribunal Constitucional; 122, en relación al Consejo de la Judicatura, y 126, en cuanto al Fiscal General de la República, quedaron con sede en la ciudad de Sucre.

¿Qué, es lo que acabó señalando la nueva y actual Constitución?, consagró a Sucre (artículo 6.I) como capital de Bolivia. El texto de la anterior, en relación al tema, quedó sin variantes.

En efecto, el artículo 155 sólo dice que la Asamblea Legislativa Plurinacional “inaugurará sus sesiones, el seis de agosto, EN LA CAPITAL DE BOLIVIA”, detalle que ni siquiera se ha cumplido. Se soslayó de nuevo el tema de la sede del Órgano Ejecutivo que, en los hechos, permaneció en La Paz, pero se ha aumentado otro órgano del Estado, el Órgano Electoral, con sede, de hecho, en La Paz; la Contraloría General del Estado, el Defensor del Pueblo y todas las demás instancias de nivel nacional del Gobierno permanecen en la ciudad de La Paz.

Es bueno señalar que el panorama anterior es, por otra parte, no solamente el resultado de aquel despojo de que fue objeto Sucre, sino, además, del régimen centralista y presidencialista que ni estuvieron nombrados en los textos constitucionales ni en el actual, pero que son consustanciales con el funcionamiento del Estado Nacional desde la fundación de la República. El actual Estado Plurinacional ha sido incapaz de cambiar este panorama. Todo ello, a pesar del texto destacado por el artículo 1 de la actual cpe“…Estado unitario, social, de derecho, Plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías…”

Cuando en la ciudad de Sucre, en vigencia de los trabajos de la Asamblea Constituyente, se habló por vez primera del tema de la “Capital Plena”, que es más correcto que el de “Capitalía”, plantean ese retornó de los entonces poderes arrebatados a aquella, era de esperar que el tema apareciera poco menos que como una herejía. El asunto se complicó porque, sobre todo La Paz, exactamente como en este momento, asumió la postura del “perdonavidas” del “hermano mayor”.

Es evidente que tratar de poner en práctica, sin enfrentamientos graves, aquella “petición”, por llamarle algo, resultaba en ese momento, y sigue resultando ahora, una utopía.

Y es que, en la práctica, pedirle a La Paz que “devuelva” los órganos Legislativo y Ejecutivo no sólo a Sucre, sino a cualquier otra ciudad, resulta ni más ni menos que pedirle se haga el “harakiri”, o sea, se suicide. Esto además de lo que en el plano económico supondría como hecho extremo para las arcas de Estado Nacional.

Y es que al margen de consideraciones de diverso tipo, muchas de ellas ajenas al tema como tal, existe, por ejemplo, un hecho concreto: desde que la ciudad de La Paz se “convirtió” en Sede del Gobierno, es indiscutible que este hecho pasó a ser un factor determinante para su crecimiento y desarrollo en todos los sentidos, comenzando por convertirse en un centro urbano receptor de la migración interna en el país.

Así como se dice que la construcción de la carretera Cochabamba-Santa Cruz se constituyó en el hecho más influyente para el posterior progreso de ambas regiones, pero sobre todo de Santa Cruz, el hecho que analizamos fue determinante para el futuro de La Paz, particularmente desde comienzos del siglo XX.

Empero, no creamos que el debate serio sobre el tema deba ser satanizado, porque, no es cierto, como algunos afirman, que aquél haya sido “cerrado” en los textos constitucionales. Por lo menos, en cuanto a Sucre se refiere, esta ciudad sigue “beneficiándose” sólo con el título de capital constitucional. Y ¿qué más? ¿No es hora de pensar en que tal título tendría que revalorizarse de alguna manera? El traslado, este sí posible, de varias reparticiones estatales de nivel nacional, ¿no sería acaso un evidente beneficio para Sucre? Vayamos al debate, pero sin fines electorales, con seriedad y sin apasionamientos.

Es abogado, analista de la constitucionalidad y ensayista.

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