La Gaceta Jurídica

Debate del desacato

…es esencial que los órganos del Estado abran el debate en torno a la figura de desacato que se encuentra en el Código Penal boliviano, fundamentalmente en torno a dos aristas de esta coyuntura, la modernización del mencionado compendio legal y que el gobierno ha aplicado en varias oportunidades esta tipificación.

La Gaceta Jurídica

00:00 / 28 de febrero de 2012

Es casi una necesidad para las administraciones de estado tener a mano normas que les garanticen “la obediencia” de la población, de acuerdo a  lo que cupe en una forma democrática de relación entre gobierno, poder y ciudadanía. Al respecto, es común que desde antiguo el régimen de Estado haya echado mano a medidas coercitivas, más que regulatorias, para que los súbditos se comporten como el soberano espera, lo que muchas veces tiene que ver más con los deseos que con la conveniencia para su gobierno.

Al respecto, se debe aclarar que esta forma de relación es una de las consecuencias de la toma del poder mediante mecanismos también antiguos, como son la herencia o sucesión monárquica o la fuerza. Pero, en los tiempos modernos, por lo menos en los que tutelan el ordenamiento político administrativo de nuestro país, las autoridades del Estado o de los gobiernos locales están investidas por decisión popular, por lo tanto, reciben el denominativo de “mandatarios”, pues están enviados por el pueblo a esta misión.

En torno a estas consideraciones y en criterio de verificar la necesidad o no de disposiciones limitativas de la expresión, es esencial que los órganos del Estado abran el debate en torno a la figura de desacato que se encuentra en el Código Penal boliviano, fundamentalmente en torno a dos aristas de esta coyuntura. Una, la modernización del mencionado compendio legal, que se cumple a pasos lentos pero ahí está, y, dos, que el actual régimen de gobierno ha aplicado en varias oportunidades esta caracterización para sancionar expresiones de miembros de la oposición política, por ejemplo, asambleístas y gobernadores.

El debate debe ser encarado no solo como parte de las reformas al Código Penal, como señala que se hará en su momento la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, sino por la urgencia de identificar si este mecanismo es más bien una restricción de la fiscalización que deben cumplir los miembros del Órgano Legislativo o de otras instancias. Por este motivo, se debe también tomar en cuenta las aseveraciones de la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que anteriormente recomendó al Estado “la despenalización del desacato, por ser violatorio de las garantías individuales y restringir la libertad de expresión de acuerdo a estándares internacionales”.

El delito de desacato es tipificado en el artículo 162 del Código Penal cuando alguien injuria, difama o calumnia a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones por cualquier medio. Su penalización está enmarcada entre un mes a dos años de cárcel. Sin embargo, según entendidos en el tema, su vigencia sirve para la utilización política por cualquiera de los bandos que involucre. De esta forma, se puede entender que en casos ocurridos en el país el gobierno argumenta que no existe respeto a la autoridad y que esto genera insultos y acusaciones; por otra parte, la oposición considera que la aplicación de esta tipificación es persecución política.

Es en este sentido que se debe encontrar un mecanismo en el que las acusaciones o denuncias de fiscalización sean fundamentadas seriamente para que no se conviertan solo en insultos; asimismo, el régimen de Estado, cualquiera que sea, no debe sentirse agredido por cualquier opinión que surja y no corresponda a sus intereses.

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