La Gaceta Jurídica

¿Debe permanecer vigente la tortura en Bolivia?

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 30 de abril de 2013

Es increíble el informe de la Directora del Instituto de Terapia e Investigación de las Secuelas sobre la Tortura y la Violencia Estatal (itei), Emma Bravo Cladera, en sentido de que Bolivia incumple por séptimo año consecutivo con la creación de un Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, luego de firmar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en 2005 en el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, habiéndolo ratificado en la primera gestión del presidente Evo Morales.

A través de la ratificación del Protocolo, Bolivia se comprometió ante la comunidad internacional a crear su propio Mecanismo Nacional de Prevención en el plazo de un año; sin embargo, hasta el presente se ignora la importancia de esta fundación, lo que es lamentable, dado que revela irresponsabilidad de las autoridades del gobierno. Este asunto también ha sido motivo de preocupación por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su Informe Anual 2012.

Lo anterior resulta paradójico, porque tal parece que se pretende avanzar en sentido contrario, considerando que el pasado año, cuando anunciábamos el retorno de la “justicia comunitaria de facto” en nuestro país, hacíamos notar que la aplicación de la “castración” en caso de violaciones y la “amputación” de la mano para los ladrones reincidentes constituían formas claras de tortura en contra de estos delincuentes, que antes de ser tales son personas.

En este sentido, de acuerdo a los postulados de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, se entiende por TORTURA “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.

En otras palabras, la tortura es el acto de causar daño físico o psicológico por medio de máquinas, artefactos o sin ellos, sin el consentimiento y en contra de la voluntad de la víctima, generándose la figura legal de apremio ilegítimo; o bien con el consentimiento de la víctima (sadomasoquismo), vinculado principalmente al dolor físico y/o quebrantamiento moral que puede o no desembocar en la muerte. Asimismo, la tortura es considerada como un delito internacional y crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por lo cual tiene la calidad de imprescriptible, es decir que no se extingue con el transcurso del tiempo.

En nuestro sistema constitucional, el artículo 15 de la Constitución, parágrafo I, declara que “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte”; efecto de lo cual, “el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”; normas concordantes con los postulados de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Al respecto, hace años (mayo de 2001), el Comité contra la Tortura observó la inadecuada tipificación del delito de tortura en el artículo 295 del Código Penal de Bolivia, dado que no contempla varios de los supuestos previstos en el artículo 1 de la Convención, asignando una mínima pena a ese delito, que no corresponde con su gravedad, considerando la subsistencia de denuncias sobre torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, con resultado de muerte en muchas ocasiones en recintos de la Policía, en las prisiones y en cuarteles de las Fuerzas Armadas, lo cual, sumado a la impunidad de las violaciones de derechos humanos, como consecuencia de la ausencia de investigación de las denuncias, demuestra la ausencia de acciones efectivas de las autoridades para erradicar estas prácticas, develando el incumplimiento de deberes por parte del Ministerio Público y los tribunales de Justicia, que, de un tiempo a esta parte, omiten ejercer la acción penal pública frente a la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, con la prontitud e imparcialidad que ameritan.

Lamentablemente, poco o nada ha cambiado, dado que persisten las cifras negras sobre la vigencia de la tortura en Bolivia, considerando la sobrepoblación y las precarias condiciones materiales y de higiene en establecimientos carcelarios, que, además de carecer de servicios básicos (en especial atención médica apropiada), se acomodan a la incapacidad de las autoridades de garantizar la protección de los reclusos en situaciones de violencia intracarcelaria.

Estos son aspectos que agravan la privación de libertad de los reclusos condenados y procesados, y la transforman en una pena cruel, inhumana y degradante, considerando que ellos deben lidiar con las condiciones infrahumanas de permanencia en estos recintos durante lapsos indeterminados y donde no existe separación entre menores y adultos, entre procesados y condenados, todo lo cual, sumado a la reclusión disciplinaria en “celdas de castigo”, constituye claras formas de tortura.

Por otro lado, es reprochable que persista el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y de armas de fuego por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la represión de manifestaciones colectivas con ocasión de conflictos sociales, como fue el caso de la represión a la Marcha Indígena por el Tipnis, en Chaparina, hechos que hasta el presente permanecen sin sanción, ni identificación de autores directos, induciendo así a la reiteración de esos abusos, con una tácita aprobación de las autoridades gubernamentales.

Ciertamente, las torturas, detenciones arbitrarias y malos tratos por parte de las fuerzas policiales y militares, revistieron especial gravedad en las épocas de estados de sitio; sin embargo, resulta vergonzoso admitir que ahora, en tiempos de democracia, la situación se mantiene con tendencia a incrementarse ante la incapacidad de las autoridades de apostar por el diálogo abierto, antes que la represión.

Es posible que se requiera una Ley contra la Tortura, que, además de establecer un Mecanismo Nacional de Prevención contra ella, intensifique la protección y defensa de los derechos humanos, combatiendo toda clase de prácticas atentatorias a la integridad física y personal, en todas las instituciones públicas y privadas, agravando las sanciones frente a la comisión de éste delito; sin embargo, la efectividad de las Leyes no deviene de la enorme cantidad de disposiciones legales o de la celeridad que se le pueda imprimir a su aprobación, sino del contenido adecuado de éstas, que reflejen la oportunidad y conveniencia de su aprobación, para ser aplicables a la realidad que pretenden regular.

Es abogado, responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.

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