La Gaceta Jurídica

Decisiones del TCP

…respetando de este modo la garantía de presunción de inocencia, lo que es bueno, pero que no quiere decir que funcionarios culpables queden en la impunidad. Ahora lo fundamental es confiar en que el tcp haya actuado de manera acertada con respeto a la Constitución, pues contra sus decisiones y sentencias “no cabe recurso ordinario ulterior alguno”.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 14 de mayo de 2013

Sin duda que el Consejo de la Magistratura de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) tienen labores complicadas debido a sus deberes y atribuciones constitucionales. El primero porque es “la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero”, según establece el artículo 193.I de la Constitución Política del Estado (cpe).

De este modo, de acuerdo con el artículo constitucional 195, entre las atribuciones de este Consejo están “promover la revocatoria de mandato de las magistradas y de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, cuando, en el ejercicio de sus funciones, cometan faltas gravísimas determinadas por la ley”, además, “el ejercicio de esta facultad comprenderá la posibilidad de cesación del cargo por faltas disciplinarias gravísimas, expresamente establecidas en la ley”, aspecto último que le otorga un grado dificultoso de gestión.

Por su parte, el tcp también debe salvar grandes dificultades para cumplir con la misión encomendada, puesto que “la justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional”, así lo establece la cpe en el artículo 179.III, lo que se aclara en el apartado 196.I de la misma ley fundamental, pues “el Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”, para esto, “en su función interpretativa, el tcp aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto”, es que en sus atribuciones constitucionales se encuentran “conocer y resolver: 1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales”.

Esto ha llevado a que este tribunal emita varios fallos desde su formación, de los que recientemente se han destacado tres y que han sido objeto de interpretaciones, críticas y opiniones divergentes o justificativas y, en muchos casos, con argumentos muy solventes. Nos referimos a las determinaciones sobre la consulta presidencial acerca del proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado, que fue declarada inconstitucional en varios artículos, lo que tuvo diversas apreciaciones aunque no muy polémicas, como sucedió con la sentencia sobre la reelección presidencial.

Por último, en días pasados se conoció la palabra del órgano de control de la constitucionalidad que declara inconstitucionales los artículos 183,1 y 4 de la Ley del Órgano Judicial y la parte final del artículo 392 del Código de Procedimiento Penal, determinando que las autoridades judiciales no pueden ser suspendidas sólo por una imputación formal, respetando de este modo la garantía de presunción de inocencia, lo que es bueno, pero que no quiere decir que funcionarios culpables queden en la impunidad. Ahora lo fundamental es confiar en que el tcp haya actuado de manera acertada con respeto a la Constitución, lo que también favorecerá al sistema de justicia,  pues contra sus decisiones y sentencias “no cabe recurso ordinario ulterior alguno”.

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