La Gaceta Jurídica

Declaración policial anual

…este mecanismo podría mostrar el enriquecimiento sospechoso o los malos manejos económicos, pero no garantiza mucho si no es parte de una auditoría permanente a cada funcionario de las instituciones castrenses, del mismo modo, no incide en las posibilidades existentes para vulnerar la norma, como es la utilización de “palos blancos”…

Editorial

00:00 / 04 de octubre de 2015

El tema de la crisis corporativa de la Policía Boliviana es de nunca acabar, aunque (mal de muchos, remedio de tontos) no se trate de la única institución nacional que se encuentra en situación crítica. Lo particular en el caso del ente de los verde olivo es que el problema está ligado en gran medida a la corrupción e, incluso, delitos, pues esto se ha evidenciado nuevamente en las últimas semanas con la denuncia de varios hechos en los que están involucrados funcionarios policiales. En esos asuntos se cuenta el atraco a transeúntes en complicidad con asaltantes, además de hechos de apropiación de bienes.

Para solucionar esta situación, que también puede ser agravada con la preparación de los uniformados, se ha hablado de proyectos de reforma en los que se actúe desde el principio de la formación profesional de los uniformados policiales, pues los postulantes deberían estar “imbuidos” de calidad moral y vocación de servicio que los mantendría alejados de los caminos de corrupción, sin embargo, esto lleva a la suspicacia de pensar en los formadores de estos individuos y de los predecesores en cursos superiores.

Lo grave es que el ente policial se encuentra estigmatizado, problema que trasciende a la imagen de los organismos estatales en su conjunto, pues de su personal depende la seguridad ciudadana y de muchas instituciones. La contrariedad llega cuando el pronombre indeterminado “algunos” se convierte en una posibilidad estadística que lleva a preguntarse sobre el porcentaje de policías de cualquier rango que pudieran estar involucrados en hechos de corrupción, delitos y actos ilegales de cualquier tipo.

No obstante que el desafío es muy grande y casi una utopía para que la administración de Gobierno logre “sanear” la colectividad policial, es valorable la decisión emitida por el gabinete presidencial el 23 de septiembre último mediante el Decreto Supremo 2528, que establece la declaratoria anual de bienes para policías y militares de toda graduación. Esta norma modifica el artículo 5 del decreto 1233 de mayo de 2012, que reglamentaba que esta obligación sea realizada cada cinco y como parte de los requisitos para ascensos. Ahora, el artículo modificado, en su parágrafo II, inciso b), señala que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana tienen la obligación de presentar esta información en cada gestión.

Está demás decir que este mecanismo podría mostrar el enriquecimiento sospechoso o los malos manejos económicos, pero no garantiza mucho si no es parte de una auditoría permanente a cada funcionario de las instituciones castrenses, del mismo modo, no incide en las posibilidades existentes para vulnerar la norma, como es la utilización de “palos blancos” o testaferros que brindan sus nombres para encubrir posesión de bienes y capitales.

Por otra parte, es deber señalar que la medida decretada podrá desanimar a quienes tienen aspiraciones de enriquecimiento mediante la función policial y reducir en alguna medida esta tendencia a la corrupción y al abuso de autoridad. Asimismo, se trata de una forma que puede convertirse en el inicio del rescate de una institución por ahora necesaria en una sociedad que cada vez se hace más violenta y agresiva, en especial hacia sectores vulnerables.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia