La Gaceta Jurídica

Defensorías comunitarias y acceso a la justicia plural

Delegadas de pueblos indígenas y campesinas de la región de Cusco, Perú, y mujeres de varios municipios rurales de Bolivia intercambiaron experiencias para la conformación de defensorías comunitarias y el acceso a la justicia plural, en el marco de la Ley Nº 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida Libre de Violencia, promulgada el 9 de marzo de 2013 en el Estado Plurinacional.

Las y los participantes reafirmaron su empeño por la justicia y contra la violencia.

Las y los participantes reafirmaron su empeño por la justicia y contra la violencia. Foto: Construir

La Gaceta Jurídica / Raúl Morales Romero

00:00 / 07 de junio de 2013

Al respecto, la oficial de programas de la Fundación Construir, Susana Saavedra, aseveró que esta norma incorpora a las mujeres como actoras y líderes en el proceso de fortalecimiento de las políticas con enfoque de género en el ámbito nacional, otorgándoles protección y derechos.

Esta ley plantea la figura de las promotoras comunitarias, labor ejecutada por las propias mujeres de la comunidad, quienes toman competencias en el proceso de control social frente a las autoridades responsables de tratar la violencia, apoyo a víctimas e iniciativas de incidencia.

En este ámbito, el Seminario Internacional Intercambio de Buenas Prácticas para la Conformación de Defensorías Comunitarias en Bolivia, promovido por la Fundación Construir y desarrollado en la ciudad de La Paz entre el 23 y 24 de mayo, contó con la asistencia de la Coordinadora Departamental de Defensoras Comunitarias de Cusco (Codecc) y el apoyo de Conexión Fondo de Emancipación, como parte del proyecto “Defensorías Comunitarias y Acceso a la Justicia Plural”, que en los próximos meses será implementando en el país. De la misma forma, la Defensora Comunitaria de Cusco,  Guadalupe Cuba Huamani, manifestó que, como ciudadanas con deberes y obligaciones, las mujeres están obligadas desde el lugar y situación en que se encuentren a luchar contra la violencia y guiar a otras mujeres para que sus derechos sean protegidos.

“Me satisface ver en Bolivia tantos liderazgos,  potencialidad en las mujeres y conocer las realidades que no son distintas a las de Perú. Esta señal abriga la esperanza de que es posible generar alianzas que traspasen las fronteras donde mujeres y hombres indígenas y campesinos trabajen unidas para erradicar la violencia de nuestra sociedad”, agregó.

Alcances

Para las participantes este encuentro marcó el punto de partida para la implementación de las defensorías comunitarias en Bolivia y permitió compartir experiencias que pueden ser promovidas desde las colectividades para apoyar el proceso de reducción de brechas e inequidades que mantienen a las mujeres indígenas y campesinas víctimas de violencia y en situación de desprotección.

Por su parte el Defensor Comunitario de Cusco, Pascual Huayhua Ayma, afirmó que “la violencia es un mal que afecta el desarrollo de la familia y, como tal, todos, hombres y mujeres, debemos comprometernos en la lucha (para erradicarla) y debemos trabajar con las autoridades y la población para que se sumen y nos apoyen en este camino”.

Conclusiones

Entre las conclusiones principales de ambas jornadas de trabajo, el grupo definió que el modelo de defensorías comunitarias que sea implementado en Bolivia requiere el compromiso y el trabajo de las mujeres que lo lideren, pero, además, de un significativo y coordinado trabajo conjunto, fundado en el respeto de las relaciones, el espíritu de equipo, la distribución equitativa de roles y liderazgos para el alcance de mejores logros, afirmó la oficial del programa.

De la misma forma, se busca que el proceso integre a todos los actores públicos, privados y comunitarios responsables de tratar la violencia en la familia y en la comunidad, logrando que se comprenda la importancia de luchar contra la violencia de forma articulada.

En este sentido –dijo Saavedra– se hizo especial énfasis en la “gestión intercultural de la justicia plural”, revalorizando el rol importante de cooperación que deben tener las autoridades indígena originario campesinas y autoridades judiciales para garantizar un adecuado tratamiento de la violencia, conforme establecen la Constitución Política del Estado, la Ley de Deslinde Jurisdiccional y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.

Finalmente, el director ejecutivo de la Fundación CONSTRUIR, Ramiro Orías, argumentó que el encuentro impulsó a los(as) participantes a trabajar activamente en la consecución de las metas planteadas por el proyecto Defensorías Comunitarias y Acceso a la Justicia Plural. 

“A partir de hoy, todos y todas los(as) participantes de este espacio nos llevamos la misión fundamental de construir una buena práctica que permita evidenciar que las mujeres pueden ser actoras y líderes del cambio, pero también, que pueden existir alianzas entre autoridades responsables de tratar la violencia, sociedad civil, mujeres indígenas, campesinas y población en su conjunto para compartir la responsabilidad en el proceso de erradicar de nuestra sociedad toda forma de violencia y discriminación basada en género”.

Es periodista

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