La Gaceta Jurídica

Deforestación e incumplimiento

Función Económica Social

La Gaceta Jurídica / Marcos Nordgren

00:00 / 09 de octubre de 2012

Es preocupante como en las últimas semanas y en ocasión del aniversario del Departamento de Santa Cruz, autoridades nacionales den señales ambiguas sobre la vigencia de normas fundamentales que regulan el uso y administración de un recurso natural importante del pueblo boliviano, la tierra.

Si bien es cierto que hay necesidad de examinar con mayor cuidado la normativa que regula los desmontes que fueron realizados en propiedades comunitarias o de pequeños productores antes de la titulación, esto no justifica un perdonazo generalizado.

La falta de seriedad de algunas autoridades, como la Ministra de Producción Desarrollo y Economía Plural, en sus anuncios de flexibilización en el cumplimiento de la Función Económica Social (fes) y “perdonazos” por los desmontes ocurridos, en nada contribuye a dar certidumbre sobre la vigencia del marco legal que ha permitido cierta, aunque limitada, responsabilidad y cuidado en los propietarios de la tierra y, más bien, crea la sensación de que, como habría un perdonazo, más vale apurar los esfuerzos de deforestación y ampliación de la frontera agrícola.

Es carta libre gubernamental para que, fundamentalmente, los responsables de las grandes superficies deforestadas y detentores de grandes extensiones tierra se beneficien (81% de la deforestación es causada por ganaderos, agroindustriales y extranjeros) y den rienda suelta a sus esfuerzos por ampliar la frontera agrícola a precio de bosques y suelos no aptos para la agricultura mecanizada y la ganadería extensiva.

Para entender la contradicción basta ver la relación entre la descampesinización del agro argentino, brasileño y paraguayo con la entrada rimbombante de la agroindustria. La ecuación que nos muestran estas experiencias es sencilla de describir: más agroindustria es igual a menos campesinos en posibilidad de competir con los precios bajos de la producción a gran escala, frecuentemente subvencionada por grandes inversiones públicas.

Sin embargo, también es importante coincidir con la lectura del Vicepresidente en su discurso de apertura de la fexpo Santa Cruz este año, cuando, a partir de proyecciones de la fao (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), sostiene que estamos a puertas de una década de precios de alimentos altos y probablemente crisis alimentarias más o menos crónicas a nivel global. Y que es necesario defender la sensatez de la propuesta estratégica que se presenta en este escenario sobre la necesidad de apostar como sector público a la producción de alimentos. Pero también debemos ser taxativos con el hecho que de esta apuesta no puede ser a costo de la vigencia de la economía campesina indígena y la integridad ambiental de los territorios de aptitud forestal remanentes, donde inevita- blemente se está dando la ampliación de la frontera agrícola en la actualidad.

Esta no es una afirmación hecha desde las trincheras medioambientalistas, si no desde los intereses de largo plazo de sostenibilidad económica del país, de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria y, fundamentalmente, el futuro de los sectores campesinos indígenas.

Es necesario y urgente construir políticas públicas que promuevan la producción de alimentos y estar preparados para afrontar los tiempos difíciles que se pintan como nubes negras en el horizonte, pero es necesario denunciar aquellos intentos de negar la realidad y características nacionales y trabajar conjuntamente en estrategias y políticas públicas inclusivas con la población históricamente vinculada a la producción alimenticia y de manera respetuosa con nuestras aptitudes productivas que aseguren sostenibilidad en el largo plazo, otra cosa es impensable.

*    Es Director de Cipca Norte Amazónico

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