La Gaceta Jurídica

Delincuencia trasnacional y cooperación jurídica internacional (1)

La delincuencia transnacional (específicamente el lavado de dinero) es un fenómeno adverso que ha encontrado un nicho para su desarrollo en la globalización, pero que, asimismo, se ha visto perseguido y paliado con los mecanismos con los que se nutre, es decir, la propia globalización ha permitido una cooperación jurídica entre los estados para la investigación, procesamiento y castigo de los delitos transnacionales.

En octubre, gobiernos latinoamericanos pidieron a la ONU revisar la estrategia global contra el narcotráfico.

En octubre, gobiernos latinoamericanos pidieron a la ONU revisar la estrategia global contra el narcotráfico. Foto: monitoreodemedios.gt

La Gaceta Jurídica / Diego Arce Jofré

00:00 / 13 de noviembre de 2012

Grandes corrientes intentan valorar a la globalización como un fenómeno bueno o malo, lo cierto e indiscutible es que es una realidad que puede traer efectos negativos, pero que permite infinitas posibilidades positivas.

El efecto de la globalización –que se impone en el mundo– alcanza todos los aspectos de la vida. Sectores y rubros como la economía, moda, tecnología, información y, consecuentemente, actividades delictivas no se sustraen de sus efectos. Estas últimas adquieren la fisonomía superlativa con presencia internacional.

La delincuencia organizada se nutre de las ventajas y exigencias de la apertura de mercados. De ahí que ha sido calificada como “el lado oscuro de la globalización”.

La evolución de la economía latinoamericana en los últimos años está marcada por el estancamiento que, de manera general, se origina básicamente en la crisis que enfrenta el sistema económico de las grandes potencias industrializadas.

Además de esto, un fenómeno ha irrumpido en el escenario de algunos países latinoamericanos como consecuencia de la participación del capital financiero del tráfico de drogas, que genera impactos de diferente magnitud en las estructuras de las naciones.

En aquellos países donde se produce la materia prima y, con mayor razón, en aquellos donde se completa el proceso de producción con valor agregado. Es decir, en el complejo económico coca-cocaína, los efectos se expresan en una distorsión que afecta a la actividad agrícola, provocando cambios sustanciales en los patrones culturales de la producción, también en los sistemas de organización de la producción y otros rubros como el lavado de dinero del narcotráfico.

Frente a los productores y consumidores existe un tercer grupo de países desarrollados y en vías de desarrollo que sirven de paso para el narcotráfico, los de tránsito. Esta cadena de producción, transporte y consumo de drogas se refleja en una masiva legitimación de ganancias ilícitas, las cuales son reinyectadas en los flujos capitales de varios países.

En este contexto, los grupos delincuenciales organizados mantienen presencia y vigencia, extendiéndose sin respetar fronteras, soberanías o gobiernos. El nuevo contexto internacional ha determinado vertiginosa renovación de paradigmas, frentes, principios, problemas, sistemas y concepciones. Lo que en una época se consolidó como principio casi universal, hoy ya no merece más que un lugar en la historia: los principios del nacionalismo recalcitrante, la soberanía inexpugnable de los Estados, y otros.

Estos principios se ven afectados por fenómenos más fuertes que trascienden los límites estatales. Ello ha determinado una renovación masiva de viejas concepciones.

Cooperación jurídica

Ante tal situación, en 1998 la Organización de las Naciones Unidas (onu) adoptó la primera gran convención internacional para luchar contra esta plaga. Este texto es innovador desde varios puntos de vista, en especial cuando prevé la incriminación del delito de lavado de dinero y principalmente la introducción de los principios de la cooperación jurídica internacional en materia penal.

Estas iniciativas fueron continuadas con más ímpetu, los países del G-7, en la Cumbre del Arco de París, en 1989 consideraron que la liberalización de los intercambios no debería dejar la vía libre al desarrollo de la economía delicuencial. Se establecieron medidas preventivas (en especial la obligación de los Estados de crear unidades de información financiera encargadas de recibir las “declaraciones de sospecha” de los bancos para señalar las transacciones financieras sospechosas). Se creó el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para garantizar la puesta en marcha de una respuesta organizada de las principales potencias económicas del mundo.

La actividad en la comunidad internacional ha sido intensa en los últimos años, la mayor parte de las organizaciones internacionales (onu, oea, ue, otan, Consejo de Europa, bm, fmi, etc.) (2) abordan estas cuestiones, tratando de fijar pautas e instrumentos para luchar contra la globalización de las actividades delictuales, estableciendo, como uno de los principales requerimientos, la cooperación jurídica internacional (3).

Esta cooperación constituye uno de los eslabones más importantes en la lucha contra la delincuencia internacional y en lo relativo a la lucha contra el lavado de dinero, puesto que, la internacionalización de ese delito ha determinado que la comunidad internacional reconozca que la cooperación jurídica y la asistencia judicial entre los Estados y las respectivas autoridades son vitales en la lucha contra esa plaga.

La lucha coordinada

En los esfuerzos de la comunidad internacional por unirse en la lucha contra la delincuencia transnacional se ha constatado que las actuales vías de cooperación, en particular los canales diplomáticos, son insuficientes ya que no garantizan eficaz y rápido cumplimiento de las comisiones rogatorias y otros pedidos.

Como un remedio, tenemos paradigmas de agilización como la Convención de Viena sobre Tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que establece que son los órganos judiciales y no el Gobierno los que deben decidir si van a emplear la vía directa o la diplomática en las peticiones de auxilio judicial internacional.

Hoy resulta clara la necesidad de potenciar el uso de los mecanismos de cooperación contemplados en diversos convenios multilaterales vigentes, se debe favorecer entre los operadores jurídicos una interpretación avanzada y flexible de los instrumentos de cooperación acorde con las dimensiones político-criminales del problema y la naturaleza supranacional del mismo, así como, facilitar cauces de cooperación modernos y ágiles que permitan comunicación directa entre autoridades policiales y judiciales, lo cual implica amplio intercambio de información, coordinación de operaciones conjuntas, rápido traslado de pruebas y otros que permitan la eficacia en la persecución penal.

Respuestas

En cumbres internacionales, la comunidad mundial ha manifestado que es necesario que los cuerpos policiales, órganos jurisdiccionales e instancias administrativas aúnen esfuerzos para lograr objetivos en el combate de los delitos mediante intercambio de información y estrecha colaboración entre los mismos, incluyendo planificación y ejecución de operaciones coordinadas (4).

Estos mecanismos de cooperación jurídica internacional que se desarrollan requieren debida asimilación tanto en las legislaciones internas de los países como en su aplicación a través de las autoridades policiales, administrativas y jurisdiccionales.

Notas

1. Esbozo de una obra presentada por el autor y doctor Fernando Salazar Paredes.

2. Se puede citar: la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000), la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988), la Convención Interamericana sobre Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal (1992), la Convención Interamericana contra la Corrupción(1996), el Reglamento Modelo Americano para la Prevención y Represión del Delito de Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y de Otros Delitos Graves (1992), La Convención Europea Sobre Blanqueo, Seguimiento, Secuestro y Decomiso del Producto del Crimen (1990), las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional-GAFI (1990), la Convención Europea de Asistencia Mutua en Materia Penal (1959), la Convención Europea sobre Transferencia de Personas Condenadas (1964), la Convención Europea sobre Validez Internacional de Sentencias Penales (1970), la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero (1975) y su Protocolo Adicional (1984), la Convención Interamericana sobre Extradición (1981), el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo (1940), el Código de Derecho Internacional Privado (1928), el Acuerdo Bolivariano sobre Extradición (1911) y su Acuerdo Interpretativo (1935), etc.

3. Por ejemplo, el Gafi, en la necesidad de abarcar todos los aspectos relevantes de la lucha contra el blanqueo de capitales, estableció 40 recomendaciones cuya adopción se promueve en todos los países, entre las cuales se resaltan las de asistencia jurídica internacional en dos ámbitos, la cooperación administrativa y otras formas de cooperación.

4. El combate contra el delito de narcotráfico constituye el motor impulsor más grande dentro de la cooperación internacional, siendo que, por ejemplo, el artículo 7.5 de la Convención de Viena de 1988 establece que las entidades financieras y los organismos de supervisión bancaria no pueden invocar el secreto bancario frente a las investigaciones de blanqueo o lavado de activos realizadas por autoridades competentes conforme a su propia legislación, bien se desarrollen exclusivamente en el propio territorio, bien sean consecuencia de la solicitud de asistencia judicial internacional procedente de otro Estado.

Es abogado, Master en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria y Universidad Rey Juan Carlos. Fue director del Instituto Boliviano de Investigaciones Jurídicas.

Tomado de: eumed.net

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