La Gaceta Jurídica

Delincuentes políticos

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Paláez G.

00:00 / 29 de junio de 2012

El caso referido al asilo que Brasil acabará concediendo a favor del senador de oposición Roger Pinto ha seguido siendo motivo de especulaciones en todos los niveles.

En efecto, ha sido el Presidente del Estado quien ha calificado a dirigentes políticos que se escudarían en la autocalificación de “perseguidos políticos”, más bien como “delincuentes políticos”.

Para entender el significado de esa calificación en el plano estrictamente jurídico, tendríamos que comenzar indagando qué se debería entender por “delincuente”.

El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de Manuel Osorio nos dice que “delincuente” es el “sujeto que ha cometido un acto sancionado como delito por la ley penal”. En cuanto a la denominación de “delincuentes político”, el mismo texto señala: “En la definición de Di Tullio, (es) aquél que realiza actos tendientes a mudar el ordenamiento político y social existente en un país dado, de modo especial mediante la alimentación violenta de las personas que están a su cabeza…”

Y añade: “Por eso no resulta fácil determinar la calidad política del delito, sobre todo en los tiempos actuales en los que, a pretexto de una lucha contra las instituciones del Estado, se cometan actos contra personas frecuentemente ajenas a la actividad política, a las que se hace víctimas de delitos notoriamente comunes…”

O sea, existe de entrada una muy clara dificultad de tipo conceptual, lo que obliga a ser extremadamente cuidadoso a la hora de referirse a casos en concreto enmarcados en una situación determinada.

Pero, deberíamos añadir otro enfoque en relación a quiénes tendrían que ser  los “sujetos” que claramente puedan clasificarse como autores, cómplices o encubridores de los supuestos “delitos políticos”.

Vienen las preguntas inevitables, ¿cuáles políticos? ¿Aquellos cuya actividad se imita al ejercicio normal de la actividad política, como militantes o simpatizantes de un partido político o de una agrupación ciudadana? ¿O aquellos otros que en virtud o como consecuencia de aquella actividad son ahora personeros de alguno de los órganos del Estado o de gobiernos subnacionales?

Resulta evidente que en el caso de los segundos siguen existiendo diferencias, no sólo en cuanto al tipo de delitos que pudieran cometer, sino también en lo que se refiere al procedimiento a seguirse para su juzgamiento. Y ni qué decir de los ciudadanos comunes y corrientes. ¿Será por eso que en este último caso de habla de los llamados “delitos comunes”?

Concluyamos, por tanto, que no es nada fácil ubicarse sin problemas dentro de esa gama tan artificial y muy genérica de los “delincuentes políticos”. Quizás sea mejor hablar de políticos que pueden cometer delitos.

En todo caso, las anteriores consideraciones, no van a cambiar ni la naturaleza, ni los alcances del derecho de asilo que en este caso citado ya es un hecho consumado.

Pensar, como se ha insinuado desde la propia Cancillería, que Brasil podría revocar su decisión ante la presentación de “pruebas” respecto de los delitos “cometidos” por el senador Pinto no parece totalmente fuera del lugar.

Aquí entendemos que es preciso referirnos a otro elemento. Es el que se relaciona con la “presunción de inocencia”. El artículo 117 de la actual Constitución Política del Estado (cpe) destaca: “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicada, regirá la más favorable al imputado o procesado”.

Definitivamente, pensamos que en el país aquella norma constitucional ni de lejos está siendo respetada. Parecería que más bien se ha impuesto un esquema que resulta totalmente contrario a la vigencia de esa “garantía constitucional”. O sea, se presume más bien la culpabilidad, no sólo como consecuencia del inicio formal de un proceso penal, sino incluso antes del mismo.

Nadie se toma el trabajo de esperar, al menos, la imputación formal o la acusación formal y menos la respectiva sentencia condenatoria ejecutoriada. Es decir, cuando se han agotado todas las instancias o fases de un proceso, previstas todas ellas en la ley adjetiva, recién se borra o desaparece ese principio de presunción de la inocencia, nunca antes.

El calificativo de “delincuente” es usado con extremada facilidad contra cualquiera. Aquí, inopinadamente, se lanza aquél sin ningún cuidado. Cualquiera resulta ser delincuente desde aquel momento en que algún funcionario del Gobierno ha utilizado el calificativo cuando le ha venido en gana.

Lo anterior queda probado, si recordamos el texto del artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (suspensión pso-facto de autoridades municipales, a simple “acusación formal” de un fiscal”). Esta debería haber sido función de un Juez y no de cualquier fiscal.

Pero, en definitiva, existe un factor que consideramos determinante para que muchos políticos de la oposición se hayan convertido en refugiados o en asilados, sumando ya varios cientos.

Lo evidente es que esa decisión se apoya en la escasa o ninguna confianza que esos ciudadanos le dispensan a la administración de justicia, al considerar que sus operadores no son independientes y que, por el contrario, están supeditados al Órgano Ejecutivo. Peor, después de la última elección de magistrados por voto popular.

Por ello, no es buen argumento del Gobierno decir que si el ciudadano no tiene nada que temer se someta a los tribunales de justicia. Pero, ¿con qué garantías lo hará? Es correr demasiado riesgo.

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