La Gaceta Jurídica

Demandas de la marcha

Plataforma de la Cidob

Los dirigentes ratificaron la IX Marcha.

Los dirigentes ratificaron la IX Marcha.

La Gaceta Jurídica / Redacción

00:00 / 13 de abril de 2012

Mientras que el gobierno confirmó su decisión de rescindir con la empresa oas el contrato para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, los dirigentes de los pueblos del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) ratificarón la IX Marcha para evitar intervenciones perjudiciales en esa región y en rechazo a la Ley 222 de Consulta Previa.

Entretanto, el vicepresidente Álvaro García insistió en que el país no tendrá que pagar ninguna multa por la anulación del contrato, mientras que volvió a calificar la obra como de prioridad estratégica y criticó la planificación de la protesta indígena.

Por su parte, durante la IV Comisión Ampliada de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob) los dirigentes indígenas trabajaron la plataforma de demandas de la IX Marcha.

En esta reunión realizada el 11 de abril, el presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, presentó oficialmente la “Plataforma de demandas de la IX Marcha Indígena por la defensa de la vida y la dignidad, los territorios indígenas, los recursos naturales, la biodiversidad, el medio ambiente y las áreas protegidas, cumplimiento de la cpe y el respeto de la democracia”.

El primer punto de las demandas pide el “cumplimiento, aplicación y respeto pleno a la vigencia de la Ley 180 (de Protección del Tipnis) que prohíbe expresamente la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, así como otras” y la aprobación inmediata de su Reglamento en los términos consensuados con el gobierno.

También se exige la abrogación de la Ley 222 y retiro inmediato de los barcos de la Armada Boliviana, así como de militares y funcionarios encargados de ejecutar la consulta.

Asimismo, la aplicación y cumplimiento de las normas y/o regulaciones sobre Áreas Protegidas, cumplimiento del convenio de coadministración y la reposición de licencias de todas las actividades productivas y comerciales en el marco de las normas ambientales vigentes (Artículo 385 de la cpe y otras normas.

En el tema de tierra y territorio se busca el cumplimiento efectivo de la Constitución, la Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria y la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, en especial para la titulación inmediata de los procesos de saneamiento de las tierras comunitarias de origen (tco) en actual trámite, a favor de pueblos y comunidades indígenas.

El desalojo de todos los asentamientos y ocupaciones ilegales en los territorios y comunidades indígenas originarias, titulados o en proceso, a través de las instancias competentes y utilización de la fuerza pública.

En otro punto, la plataforma demanda el cumplimiento de los derechos del medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas, en el marco del respeto y defensa de la Madre Tierra, para vivir en un medio ambiente sano y saludable.

Además, la administración y manejo directo de las 22 Áreas Protegidas y respeto a las Reservas Forestales por las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios, respetando sus finalidades, estructuras organizativas, las normas y procedimientos propios y el objeto de su creación.

Del mismo modo se solicita la aplicación de normas y regulaciones técnicas vigentes para la implementación de proyectos extractivos y/o de desarrollo sostenible y la reparación del daño ambiental y resarcimiento por la afectación socio-ambiental y cultural a los pueblos y comunidades indígenas originarias que habitan en Áreas Protegidas y Territorios Indígenas.

Los otros temas se refieren a la sanción de los responsables de la represión a la VIII Marcha Indígena en septiembre de 2011 y demás hechos de ese evento, también el cumplimiento de los acuerdos de ese momento.

El desarrollo y ajuste normativo en la Ley de Régimen Electoral para la incorporación de representantes por cada nación y pueblo indígena originario en la Asamblea Legislativa Plurinacional, elegido por normas y procedimientos propios, es otro punto.

Finalmente se exige el respeto a la libre determinación y al autogobierno y el cese de la “intromisión en las organizaciones”.

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