La Gaceta Jurídica

Democracia directa y participativa

El primer hecho patético que se ha presentado en el país ha sido el referendo sobre los estatutos departamentales autonómicos. El ciudadano no solo decía que no conocía nada del tema, peor todavía, ni siquiera sabía qué era el referendo.

La Razón (Edición Impresa) / Gabriel Peláez G.*

00:00 / 27 de diciembre de 2015

Hace ya algún tiempo se difunde una spot televisivo en el que se insiste en las tres modalidades de la democracia que figuran en el texto de nuestra Constitución Política del Estado (CPE).

En efecto, el artículo 11, inciso II, reconoce tres formas de ejercer la “democracia” como sistema de Gobierno. Este acápite habla de “democraciarepresentativa,  democracia comunitaria y democracia directa y participativa”.

Sin embargo, la figura no aparece como definitivamente clara porque la misma definición del término DEMOCRACIA no es nada fácil. El Diccionario de Ciencias Jurí- dicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio apunta que es “muy difícil deteminar el contenido de la concepción de “democracia”, ya que ni siquiera existe conformidad entre los autores con respecto a lo que debe entenderse por pueblo.

Y añade: “en acepción moderna y generalizada, DEMOCRACIA es el sistema en el que el pueblo en su conjunto ostenta la soberanía y, en uso de ella, elige su forma de gobierno y, consecuentemente, sus gobernantes”. Desde este último punto de vista, no habría demasiados argumentos para realizar “divisiones” o “clasificaciones” de la democracia.

En efecto, el ejercicio de la llamada democracia comunitaria en nuestra Constitución también se concreta en el ejercicio de la democracia representativa en forma inevitable y también si nos colocamos a la inversa. A su vez, hasta qué punto se puede afirmar que el componente de la democracia directa, o sea su carácter de “participativa”, no existe o, al menos, no está presente en el ejercicio de las otras nombradas por la CPE, o es que, ¿en las otras dos “formas” que cita la Carta Magna no existe “participación del ciudadano”?

Es que nuestra última Constitución ha dejado de lado un concepto que fue parte de textos constitucionales anteriores. Dos constituciones emblemáticaspor lo que significaron en la historia constitucional de Bolivia, las de los años 1938 y 1945, más la anterior a la actual (la de 1967), decían en su artículo 4 que “el pueblo NO DELIBERA NI GOBIERNA, sino a través de sus representantes y de las autoridades señaladas por la Ley”.

La actualmente llamada “democracia participativa”, en forma indirecta, ha eliminado ese texto, por lo que podría decirse que, de aquí en adelante, el pueblo sí delibera y gobierna.

Además, en el inciso 1 del numeral II del artículo 11 la CPE dice que la democracia directa y participativa se ejerce por medio del “referendo, la iniciativalegislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa”.

Estas últimas serían figuras en concreto para ejercer la democracia directa y participativa. Ninguna de ellas cuenta con la suficiente reglamentación y ya se ha tropezado con evidentes problemas en cuanto, por ejemplo, el referendo.

Además, no tienen todas una características y alcances similares, las tres primeras pueden tener ubicación territorial nacional y las tres últimas departamental e, incluso, local.

La consulta como figura aislada queda confundida con la figura del mismo nombre señalada como competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (artículo 202 de la CPE, incisos 7, 8 y 9).

Al margen de todo ello, cabe preguntarse ¿cómo se debe hacer efectiva la participación individual del ciudadano cuando éste acuda a las urnas? Si se tratará de escoger determinados candidatos, el problema no es demasiado grande, porque, sobre todo, en los casos de las elecciones municipales es posible que el ciudadano tenga una información bastante completa y cercana de los distintos postulantes.

Pero, esta misma situación está lejos de repetirse cuando ya no se trata de “elegir representantes”, sino, más bien, de responder con su voto a la pregunta formulada en la respectiva papeleta de voto. Peor todavía si se trata de un tema de por sí complejo y de escasa divulgación.

Por lo general, en consecuencia, nuestro ciudadano tiene escasas referencias en relación al tema sobre el que se vota. Y es que el propio Estado, en todos los niveles de formación educativa, ha descuidado casi por completo la más elemental enseñanza sobre la temática siquiera básica referida a la definiciónde Estado, sus formas y su estructura, invisibilizando las características de esa participación del ciudadano.

En los elementos que hacen el voto, ¿por qué el voto es obligatorio?, ¿con qué elementos de orientación va a contar el ciudadano para que aquéllos le ayuden a votar en la mejor forma posible? Ni siquiera la presentación de esos y otros detalles parecidos están al alcance de la mayoría ciudadana.

Incluimos en ésta a los docentes, quienes, en general, no tienen capacitación para abordar tal temática.

El primer hecho patético que se ha presentado en el país ha sido el referendo sobre los estatutos departamentales autonómicos. El ciudadano no solo decíaque no conocía nada del tema, peor todavía, ni siquiera sabía qué era el referendo. No sabía nada de nada.

Volvemos al ya citado diccionario de Manuel Osorio. Dice –siempre relación a la democracia directa y participativa– que “se comprende que tal ejercicio ha de estar circunscrito a la función legislativa, porque resulta absolutamente imposible que las funciones ejecutivas y las judiciales sean desempeñadas por todos los ciudadanos.

Y, aún dentro de la función legislativa, solo puede aplicarse a comunidades de escasa extensión y pocos habitantes, como ocurre en algunos cantones suizos. ¿Habrán pensado en todo eso nuestros constituyentes?

* Es abogado, ensayista e investigador de la constitucionalidad.

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