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¿Democracia imperfecta?

…aquellos términos o conceptos (descentralización y autonomía) no son similares. Según el diccionario, hay descentralización “cuando las funciones del Estado son cumplidas por organismos con competencias limitadas regionalmente”. “La autonomía, en cambio, supone la existencia de normas y órganos de Gobierno propios”.

Gabriel Peláez Gantier

00:00 / 26 de diciembre de 2014

Parecería que el juicio de responsabilidades contra tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) ha acabado cuestionando no tan solo aspectos de carácter procedimental, sino que ha puesto en tela de juicio hasta detalles socio-políticos.

Como consecuencia, han surgido muchas voces recordándonos que €Bolivia es un Estado (al margen incluso de lo “plurinacional”) con un sistema “democrático perfecto”.

El artículo 1 de la Constitución vigente dice, entre otras cosas, que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario, Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías…”

Diríamos que es demasiada cantidad de “adjetivos” frente a una realidad que, evidentemente, no es la misma.En definitiva, no es suficiente que el texto constitucional nos hable de Estado democrático. No es que estamos pretendiendo que Bolivia acabe suscribiéndose a alguna de las “especies” de democracia que existen.

Si algo existe en que todos están de acuerdo, es aquello de que la forma democrática de gobierno es incompatible con los regímenes aristocráticos y autocráticos (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio).

Es al inicio, donde en un primer análisis, se advierte las imperfecciones de nuestra democracia.

A lo largo de nuestra historia, y no obstante haber ido repitiendo en todos los textos constitucionales, prácticamente, los mismos conceptos, no se ha practicado una auténtica democracia, salvo en algunos gobiernos.

Y es que el conflicto se origina a partir de la estructura institucional de Estado. La tan mentada “independencia” de cada uno de los poderes, en los hechos, nunca ha existido. Para peor, en la última Constitución se ha creado un cuarto poder (el Electoral) que, hasta el presente, nunca ha funcionado siquiera como tal y que ha resultado ser el “menos” independiente de todos.

Tradicionalmente se ha impuesto por razones políticas una supremacía de uno de los poderes (el Ejecutivo) sobre todos los demás que han mostrado una congénita debilidad. Incluso, la misma se advierte más en el Órgano Legislativo, que recibiera el calificativo de “Primer Poder”.

Una amplia sonrisa sería la respuesta directa a aquella persona que, en este momento, afirmara semejante frase. No es creíble ante los numerosos hechos que sobretodo últimamente se han ido sucediendo en el país. Peor incluso si trasladamos esta misma temática al Órgano Judicial. Este último, además, ha caído en un profundo pozo del que no existen motivos para esperar que pudiera salir en algún tiempo más.

Esas deficiencias de origen en la estructura institucional del Estado, que equivalen finalmente a un mal comportamiento de la función pública en general, no han contribuido en lo más mínimo a la formación y vigencia permanente y plena de lo que se denomina un Estado de Derecho.

Si no existe ese tipo de Estado donde la norma sea el permanente respeto a la vigencia de las leyes, la democracia evidentemente se reciente. En nuestro país no solo que no se puede hablar de que se ha impuesto un vigoroso Estado de Derecho, sino que lo más preocupante es que, en muchos casos, estamos presenciando hechos de una muy peligrosa “ausencia de Estado”.

Solo para citar un caso ya repetitivo, los linchamientos (consumados o intentados) nos muestran como, bajo el mal argumento del ejercicio de “derechos colectivos” y ante la ausencia de la fuerza pública, ha nacido la “democrática decisión” de un grupo de ciudadanos de ejercer la función de justicia por mano propia.

Muchos ya lo han afirmado, hasta que aparezca la Policía o que se realice un proceso formalmente en los estrados judiciales, podemos esperar sentados. Por lo tanto, actuar se debe actuar ya.

Todo este panorama constituye, por sí mismo, un atentado contra lo que tendría que ser el auténtico ejercicio de prácticas democráticas que, lo sabemos, está en la normativa vigente. ¿Pero quién cumple la misma?, ¿quién la hace práctica todos los días?

Un panorama parecido se presenta en los llamados gobiernos subnacionales, es decir, las gobernaciones o las municipalidades.

Volvemos a recordar que el artículo 1 de la cpe (Constitución Política del Estado) nos habla de la existencia de un Estado “descentralizado y con autonomías”.

Lo primero que debe anotarse es que aquellos términos o conceptos (descentralización y autonomía) no son similares. Según el diccionario ya citado, hay descentralización “cuando las funciones del Estado son cumplidas por organismos con competencias limitadas regionalmente”. “La autonomía, en cambio, supone la existencia de normas y órganos de Gobierno propios”.

Sin salirse del marco genérico “democrático”, en Bolivia es posible afirmar, sin lugar a equivocarse, que se han impuesto auténticos regímenes autonómicos ¿en municipalidades desde 1938 y en los departamentos recientemente?

Desde luego que no. En los hechos, se mantiene otra práctica contraria al ejercicio de una auténtica democracia y es la relativa al centralismo. La autonomía fue incluida a nivel departamental en el texto de la Constitución a mucha presión de los departamentos, en una larga batalla que encabezó Santa Cruz y luego la llamada “media luna”, pero siempre fue aceptada a regañadientes, sobre todo por el actual Gobierno.

Advirtamos, sin embargo, que la práctica del centralismo, nació con la República y acabó siendo más pronunciada tras la Guerra Federal, dañina totalmente para la democracia.

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