La Gaceta Jurídica

Democracia y movilizaciones

En cuanto a las situaciones laborales, por lo pronto no se tiene mayores avances, pues mientras no existan mejoras y todavía muchas formas de trabajo sean desarrolladas en condiciones insalubres o de graves amenazas para la integridad física y mental, es justificado que la demanda de reducción de edad sea esgrimida y muy justo que sea atendida.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 24 de mayo de 2013

Después unos 15 días de conflicto, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (cob) llegaron a un acuerdo, que si bien no es la solución definitiva, abre el espacio de negociaciones sobre la revisión de 15 artículos de la Ley de Pensiones y 18 del Decreto 0822 que reglamenta las prestaciones para la jubilación. Además, el acuerdo señala que se trabajará en la modificación de los artículos 125 y 126 de la Ley 065, acción que podría dar luz verde a la demanda de los trabajadores para la reducción de la edad de jubilación en casos de labores insalubres, para lo cual se estudiará en qué rubros y actividades se encuentra esta clasificación.

En torno a estas determinaciones, que en general son bien vistas por los sectores de asalariados, se debe considerar que la jubilación ha tomado un cariz de mayor importancia en este periodo, debido a que las argumentaciones de los representantes laborales se encuentran apoyadas en determinaciones de la Constitución Política del Estado, que en su artículo 45.IV señala que “el Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidarioy equitativo”. También se ha encontrado mayor interés debido a que ahora las aportaciones laborales para éste y otros beneficios se encuentran controlados de mejor manera.

En cuanto a las situaciones laborales, por lo pronto no se tiene mayores avances, pues mientras no existan mejoras y todavía muchas formas de trabajo sean desarrolladas en condiciones insalubres o de graves amenazas para la integridad física y mental, es justificado que la demanda de reducción de edad sea esgrimida y muy justo que sea atendida. En todo caso, esto podría ser levantado a futuro si el Estado se ocupa de exigir la seguridad industrial, mecanismos de protección e instrumentos e infraestructura adecuada en centros laborales donde se pueda reducir, minimizar o evitar lo insalubre.

Por otra parte, según el acuerdo, la revisión de los artículos deberá realizarse en un plazo de 30 días a partir de la firma del documento, periodo en que se utilizarán análisis de situaciones y estudios técnicos que serán elaborados por especialistas, así lo señalaron representantes de ambas partes. Entretanto eso suceda, será de discusión el tema democrático y sus manejos, aspecto que salió a flote con este conflicto en negociaciones.

El respecto, la población y quienes pretendan representar liderazgos de opinión, pondrán en el tapete por lo menos dos tendencias, la primera como una pregunta sobre si la cob utilizó los mecanismos constitucionales del derecho a la protesta y si éstos estuvieron de acuerdo a la ley, como señala el artículo 53 constitucional, donde “se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos, de acuerdo con la ley”.

La otra tendencia tiene que ver con el análisis de las “contra movilizaciones” de sectores afines al oficialismo, de las que también surge la pregunta de si trata de acciones democráticas, más aún porque parecieron tener fines amenazadores y de enfrentamiento. Del examen de ambos casos se podrá obtener una valoración sobre las reivindicaciones laborales y las modalidades políticas de las respuestas y la validez de las acusaciones entre facciones.

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