La Gaceta Jurídica

¿Democratizar la justicia?

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 28 de junio de 2013

Traemos a cuenta el tema a raíz de un reciente fallo de la Corte Suprema de Argentina, que en ese país tiene a su cargo –como fuera en Bolivia– la tarea del control de constitucionalidad. La sentencia declaró la inconstitucionalidad de una reciente ley que abría las puertas para la elección por voto popular del Consejo de la Magistratura. En forma similar a lo que ocurre en Bolivia, entre otras cosas, aquel organismo tiene a su cargo la designación de jueces y su control y juzgamiento disciplinario.

El argumento que se utilizó para justificar la “elección” de los magistrados y expuesto por la propia Presidenta de Argentina, ha sido la necesidad de “democratizar” la justicia.

Recordemos que algo parecido sucedió en nuestro país a propósito de la famosa elección de magistrados de todos los entes superiores de la estructura del Órgano Judicial, incluso del propio Tribunal Constitucional.

La diferencia está en el hecho de que nuestra Constitución Política acabó estableciendo aquella modalidad de elección, en su propio texto. Por lo tanto, no era posible señalar que el hecho era “inconstitucional”. En Bolivia, teniendo en cuenta los resultados de la elección (votos nulos y blancos en número superior a los válidos), más los que corresponden desde entonces al accionar concreto de aquellas entidades del Órgano Judicial, sólo correspondería una reforma parcial de ese texto constitucional, es obvio que este último extremo, al menos por ahora, no representa ni siquiera una remota posibilidad.

Habrá inicialmente que dejar en claro que la “justicia” como tal  no tiene porque ser “democrática”. Se dice que aquella consiste fundamentalmente en dar a cada uno lo que le corresponde. Por tanto, aunque lo vamos a señalar resulte ser una tautología, la justicia debe ser “justa” y punto.

También habrá que destacar que la “administración de justicia” es una de las tareas esenciales del Estado y por eso es que aquél tiene que poner un énfasis e interés especiales, en su ejercicio.

Es absolutamente falso que esa tarea de administrar justicia vaya a superarse, que vaya a curar todos sus males por el único hecho de que el ciudadano ejerce su derecho de concurrir a las urnas a votar. Esta es una falacia que, desgraciadamente, recogió la Constitución Política de Bolivia que hoy está vigente. Se trata de una postura no sólo equívoca, sino totalmente demagógica y exitista. No olvidemos que el ciudadano está ejerciendo, supuestamente, su derecho a “elegir”. Pero, ¿tiene posibilidades reales de hacerlo? Obviamente no. Elegir supone escoger, y con qué elementos aquél va a decidir su voto para finalmente “elegir” a un grupo de profesionales o sea “técnicos” en aquella tarea, si ni siquiera los conoce. Es imposible que pueda valorar y/o calificar sus méritos.

La elección en nuestro país estuvo acompañada, además, por un agravante; que las listas de los candidatos (los únicos posibles) fueron seleccionadas por la Asamblea Legislativa Plurinacio- nal. O sea, por el órgano esencialmente político-partidista de entre los que conforman el Estado. Y la “selección” de aquellos no respondió a criterios más o menos científicos, sino solamente de favoritismo partidario. Es decir, peor el remedio que la enfermedad.

Siempre se repitió, aquí y en Argentina, que la elección de magistrados estuvo absolutamente “politizada”; este argumento es cierto en buena parte, pero con la modalidad de elección popular previa “selección” del Congreso, aquel defecto ha pasado de solamente “politización” a algo peor, que es la “partidización”.

Y es que, en definitiva, el sistema de elección oculta una intención obscura. Someter al Órgano Judicial, subordinarlo al Órgano Ejecutivo, al partido gobernante. Finalmente, ese es el verdadero objetivo.

En general, en los países latinoamericanos, como tarea sustancial del Estado, se sabe que la administración de justicia pasa por una crisis muy grave. Pero insistir en que el principal factor que hace a la misma es el sistema de designación o elección de magistrados y jueces, es definitivamente una absoluta simpleza. No podemos negar que ese detalle forma parte de la crisis anotada o, si se quiere, debe ser parte de los temas de estudio, pero darle otros ribetes es una nueva demostración de que, sobre todo el Poder Ejecutivo y cierta dirigencia, tienen otro tipo de intenciones.

Y es que, en definitiva, la crisis referida a la tarea general de administrar justicia abarca varios factores a cual más complejos. Encarar un estudio serio y completo de aquellos implica, fundamentalmente, una larga tarea, pero con la primera condición de que la misma se encomiende a especialistas en la temática, olvidándonos, por una de las primeras veces, de contenidos esencialmente político-partidistas.

Pero habrá que anotar que, si bien la tarea es compleja y en muchos casos obligará a empezar de cero, también es absolutamente urgente. Y es que, frente a esta temática hay un hecho muy claro, la justicia como básica función del Estado ya no puede seguir como está ahora. El país en su conjunto no puede ya admitir que, con el “argumento” de dificultades y tiempo, aquella se siga hundiendo o que, como ya nos ha sucedido, optemos por aquellas soluciones por el desastre o adoptemos esas otras que ya conocemos, que son peor remedio que la enfermedad, así no habremos nunca avanzado por el camino que realmente es el que corresponde y que el país viene reclamando a gritos.

Comencemos de una vez una tarea seria con propósitos claros y, sobre todo, que permitan conseguir objetivos concretos. Dentro de éstos no está para nada el sistema de elección popular.

Es abogado, ensayista y analista de la constitucionalidad.

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