La Gaceta Jurídica

Denuncias contra operadores de justicia

Si bien el ánimo de control de irregularidades y las denuncias son importantes para generar un sistema más eficaz, idóneo, transparente y oportuno para la población litigante y para la salud del sistema de justicia, se nota que todavía estas formas pueden generar confusiones debido a su carácter experimental…

Editorial

00:00 / 07 de julio de 2015

Lo que antes se trataba de simples protestas anónimas y temerosas entre personas afectadas y pocas acciones para encontrar remedio, hoy se ha convertido en casi una ola de denuncias que son procesadas de diversa manera y que, en varios casos alcanzan resultados con destituciones y detenciones de operadores de justicia que no han cumplido adecuadamente sus funciones o que han incurrido en delitos ligados a la corrupción.

Los casos más conocidos en lo que va del año, y meses antes, han sido registrados en los municipios de La Paz y El Alto con fiscales, jueces y hasta vocales del Tribunal Departamental de Justicia (tdj), además de otros funcionarios; pero también se conoció más en ciudades capitales y provincias de los demás distritos. En esta atmósfera, sin que se conozca totales por lo menos aproximados de imputaciones contra servidores judiciales en cada jurisdicción, las cifras recientemente conocidas en Oruro semejan bastante amplias, tomando en cuenta las dimensiones del departamento, el sexto en cantidad de habitantes entre los nueve que conforman el Estado.

La información indica que 150 operadores de justicia fueron denunciados en un libro habilitado en el ingreso del tdj con sede en la capital orureña. Lo apuntado por litigantes señala las irregularidades de diverso tipo que habrían sido cometidas por fiscales del Ministerio Público, jueces, vocales y funcionarios del Tribunal y de los juzgados y por abogados que atienden las causas.

Estos libros judiciales registraron estas quejas desde enero de esta gestión como parte de una iniciativa para transparentar el trabajo en la justicia y que cuenta con el control de los dirigentes de la Asociación de Víctimas de la Injusticia (avi), quienes consideran que las denuncias son contundentes, pues, según declaraciones al matutino La Razón, existen “jueces que otorgan detención domiciliaria a personas que han cometido delitos graves y (denuncias) contra vocales por haber eliminado la detención domiciliaria para dar curso a la detención en la cárcel”.

Por otra parte, las “víctimas de la injusticia” en Oruro apuntan también a los titulares de juzgados y a vocales porque, presuntamente, “ignoran las determinaciones de los fiscales, para favorecer al imputado sin analizar el tipo de delito que ha cometido, parcializándose con el imputado”, de acuerdo a lo que declaró el dirigente de avi Mateo Rojas López.

Si bien el ánimo de control de irregularidades y las denuncias son importantes para generar un sistema más eficaz, idóneo, transparente y oportuno para la población litigante y para la salud del sistema de justicia en el país, se nota que todavía estas formas pueden generar confusiones debido a su carácter experimental, es decir que no cuentan con los sustentos necesarios que garanticen acusaciones formales y respaldadas.

En este sentido, no se trata de hacer burocráticas las sindicaciones, sino que éstas no se conviertan en acciones que perjudiquen a operadores de justicia que trabajan de acuerdo a los procedimientos jurídicos y que pueden no gustar por sus decisiones. Para hacer que las acusaciones veraces sean sancionables y evitar las falsas, el sistema de control e investigación debe alcanzar procedimientos institucionales y de modalidad científica.

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