La Gaceta Jurídica

El Derecho de Asilo y su relevancia internacional

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 17 de septiembre de 2013

El título que encabeza éstas líneas constituye uno de los “Temas Selectos de Derecho Internacional”, compuestos por el Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam Alonso Gómez-Robledo (1), cuyas ideas seguimos para explicar los alcances del derecho de asilo y su relación con la extradición, que resultan muy útiles en la actual coyuntura política boliviana.

En términos generales, se puede entender el término “asilo” como la protección que encuentra una persona, objeto de persecuciones por parte de las autoridades de un Estado, en aquellos casos en que dichas persecuciones se enfrentan ante la prohibición de su persecución dentro de ciertos espacios competentes de la autoridad de otro Estado, sin que éste tenga la obligación de facilitar su continuación entregando al refugiado a las autoridades del Estado que ejerce la persecución.

Por otra parte, la práctica internacional permite constatar que, en diversos casos, sedes de misiones diplomáticas, oficinas consulares, buques de guerra y bases militares han sido utilizados para fines absolutamente extraños a las funciones propias y características de una misión diplomática, oficina consular o, en su caso, de una unidad militar. Es precisamente para otorgar asilo a individuos que requieren protección y refugio por huir de la justicia local.

En estos casos se habla de  asilo extraterritorial para referirse a la particular condición jurídica reservada por el derecho internacional a los lugares en los cuales venía solicitado y concedido el asilo; también conocido como  asilo interno (o asilo diplomático, en caso de acordarse en locales de misiones diplomáticas), en contraposición al asilo externo o territorial, que es aquel concedido por el Estado dentro de su propio territorio.

Por otra parte, si el llamado “derecho de asilo”, en general, se ha entendido tradicionalmente como una facultad jurídica soberana de conceder refugio a individuos perseguidos, condicionándose su ejercicio a una (casi) absoluta discrecionalidad por parte de los Estados, últimamente se ha venido hablando de un “derecho de asilo” para el individuo, el cual ha sido consagrado en buen número de países a través de dispositivos e instrumentos constitucionales, pero sin haberse logrado posicionar hasta ahora como un “principio general de derecho” en el ámbito internacional.

Sin embargo, y conforme al derecho internacional positivo, hasta la actualidad no existe una obligación jurídica a cargo de los Estados de otorgar el asilo, en razón de que, probablemente, el derecho de asilo no refleje más que la competencia del Estado para permitir al extranjero perseguido la entrada y permanencia bajo su protección en el territorio y, en consecuencia, concederle el asilo.

En cambio, lo que sí está plenamente consagrado en el derecho internacional, es la facultad jurídica para todo Estado soberano de garantizar el asilo en su territorio, a toda persona que fundadamente así lo solicite, siempre y cuando el Estado en cuestión no esté bajo ninguna obligación contractual de realizar lo contrario, como puede ser el caso de las convenciones de extradición en que el Estado sea parte.

También está claro que, conforme al derecho internacional, el otorgamiento de asilo no constituye en sí mismo un acto inamistoso y esto debe necesariamente aplicarse de igual forma a la aceptación por el Estado de asilo de las posibles declaraciones del sujeto en busca de refugio, relativas al hecho de que ha sufrido o teme sufrir persecuciones en su país de origen.

De ninguna manera la actitud del Estado otorgante de asilo puede llegar a interpretarse como interferencia o posible intervención en los asuntos domésticos del otro Estado en donde se presume la persecución.

Relación entre Extradición y Asilo

Los conceptos de extradición y asilo están relacionados entre sí, en la medida en que la negativa de extraditar a una persona puede llegar a implicar el otorgamiento de asilo y, por otra parte, la extradición significa un rechazo a la concesión del asilo.

Esto no quiere decir, sin embargo, que la extradición y el asilo deban ser considerados meramente como dos aspectos del mismo problema, sino, al contrario, como dos diversas instituciones, las cuales existen una al lado de la otra, cada una de ellas con un legítimo propósito. De cualquier forma, el “derecho de asilo” en el sentido del derecho del Estado a conceder asilo a la persona que lo solicite, se compone de diversas facetas:

a) Derecho a admitir una persona en su territorio.

b) Derecho a permitirle permanecer en dicho territorio.

c) Derecho a negarse a expulsarlo.

d) Derecho a negarse a extraditarlo hacia otro Estado.

e) Derecho a no perseguir a la persona, castigarla o de alguna otra forma restringir su libertad.

Convenciones sobre el “derecho de asilo”

La Convención sobre Asilo firmada en La Habana, el 20 de febrero de 1928 en la Sexta Conferencia Internacional Americana (firmada pero no ratificada por Bolivia), afirma que no es lícito a los Estados dar asilo en legaciones u otros a personas acusadas por delitos comunes (artículo 1) y que, cuando el asilo sea concedido, éste debe serlo sólo en casos de urgencia.

Por su parte, la Convención sobre Asilo Político firmada en Montevideo, el 26 de diciembre de 1933 en la Séptima Conferencia Internacional Americana (no firmada por Bolivia), sostiene que la calificación del delito político corresponde al Estado que presta el asilo (artículo 2), pero no se sabe con dicha disposición si la calificación se hará de conformidad con la legislación del Estado asilante, del Estado territorial o en base a otros criterios.

En cuanto al Tratado sobre Asilo y Refugio Político, firmado en Montevideo el 4 de agosto de 1939 en el Segundo Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado (firmado pero no ratificado por Bolivia), hay que decir que por primera vez se hace una distinción categórica entre el  asilo político y el asilo territorial (refugio), consagrándose la doctrina de que la concesión del asilo es optativa para la autoridad asilante y nunca un deber jurídico, habiéndose afirmado además que no se concederá el asilo a los acusados de delitos políticos, que previamente estuvieron procesados o hubieren sido condenados por delitos comunes.

Por último, en la Décima Conferencia Interamericana se firmó en la ciudad de Caracas, el 28 de marzo de 1954, dos convenciones, una sobre  asilo diplomático y otra sobre  asilo territorial, considerándose ambas los instrumentos más perfectos sobre la materia en América Latina, sin embargo, no fueron ratificados por Bolivia.

Una vez concedido el asilo, éste debe ser respetado por todos los demás Estados, incluyendo obviamente el Estado de cuyo territorio huyó la persona o personas asiladas.

Cualquier acto de intimidación, violencia, secuestro, etc., llevado a cabo por personas actuando en calidad de oficiales o con la connivencia, apoyo o bajo el control del Estado en cuestión en contra del sujeto asilado, son actos claramente violatorios de la soberanía territorial y, por tanto, hechos ilícitos que generan responsabilidad internacional.

Nota

1. Cfr. Alonso Gómez-Robledo Verduzco. “Derecho Internacional. Temas Selectos”. 5a. Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2008. Disponible en la Biblioteca Jurídica Virtual: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2610.

Es abogado responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano y maestrante en Derecho Constitucional (UMSA).

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