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El Derecho Internacional Humanitario en Bolivia

Resorte jurídico

…es el Derecho que obliga a las partes de un conflicto  armado a respetar determinados principios y normas de humanidad, no obstante las necesidades de ventaja militar propias  de todo conflicto armado…

…es el Derecho que obliga a las partes de un conflicto armado a respetar determinados principios y normas de humanidad, no obstante las necesidades de ventaja militar propias de todo conflicto armado… Foto: ipsnoticias.net

Amelia Peña Aguilar

00:00 / 14 de febrero de 2014

El Derecho Internacional Humanitario (dih) es un concepto poco familiar en nuestro medio, ya que, a pesar de la gran participación y aceptación en los convenios de Ginebra de 1949, muy pocos países han adoptado los convenios en su legislación nacional, por lo que no tienen ningún efecto a pesar de la firma de los representantes de sus estados.

La doctora Elizabeth Santalla, hace diez años, realizó un estudio sobre la compatibilidad entre el ordenamiento jurídico interno y las normas de dih en nuestro país, cuya manifestación más concreta fue la creación de la Comisión Nacional Permanente para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario (cnpadih), mediante el Decreto Supremo Nº 23345 de 2 de diciembre de 1992.

Esta comisión buscó promover las medidas nacionales que eleven el grado de compatibilidad entre el ordenamiento boliviano y las normas de dih.

El dih es el Derecho que obliga a las partes de un conflicto armado a respetar determinados principios y normas de humanidad, no obstante las necesidades de ventaja militar propias de todo conflicto armado, es decir que, incluso, la guerra tiene límites.

Philippe Gaillard, jefe de la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (cicr) para Bolivia, Ecuador y Perú nos dice que, aunque nuestro país no está en guerra, el Derecho también tiene una función preventiva, sobre todo porque en contextos de relativa paz se puede ver más claramente dichos límites y proteger emblemas que salvan vidas, que nunca deberían ser blancos de ataque, como es el caso de la Cruz Roja. El objetivo del dih es “humanizar la guerra”.

DIH y derecho nacional

De acuerdo al artículo 256 de la Constitución, los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución se aplicarán de manera preferente sobre ésta y los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables.

Eso significa que las normas de dih que Bolivia adoptó firmando los Convenios de Ginebra de 1949 han adquirido carácter constitucional, situándose por sobre las leyes ordinarias.

El estado de excepción y el DIH

El artículo 137 de la Constitución dice que en caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural el Presidente del Estado tendrá la potestad de declarar el “estado de excepción” en todo o parte del territorio donde fuera necesario y que ésta declaración de estado de excepción no podrá en ningún caso suspender las garantías de los derechos ni los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad.

Como podemos observar, el texto constitucional no es lo suficientemente claro con respecto al ámbito de aplicación del estado de excepción, dando pie a una interpretación tanto inclusiva como excluyente respecto al conflicto no internacional por la terminología empleada.

El estado de excepción puede declararse ante una “conmoción interna”, podría asimilarse como situaciones de rebelión, sedición, tumulto, actos esporádicos de violencia interna y esta interpretación queda forzada por la tipificación del delito de sedición del Código Penal.

Éste establece que serán sancionados con reclusión de uno a tres años los que, sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta hostilidad para deponer a algún funcionario o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes, decretos o resoluciones judiciales o administrativas, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o transformar o turbar de cualquier otro modo el orden público.

Otra ambigüedad es el tiempo de duración del estado de excepción; si bien en el antiguo texto constitucional se contemplaba un límite de 90 días, en la actual Constitución el estado de excepción no tiene límite, ya que su vigencia dependerá de la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional y, si bien no se podrá declarar un segundo estado de excepción finalizando el primero, también ésta medida dependerá de la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Tipificación de los delitos contra el DIH en el ordenamiento jurídico boliviano

Desde hace una década sigue esperando su aprobación el anteproyecto de la Ley de Implementación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que constituye una ley especial de carácter complementario al Código Penal y Código de Procedimiento Penal, donde se consideran conductas prohibidas los crímenes de guerra contemplados en los Convenios de Ginebra del 49, los protocolos adicionales de 1977, como el retardo injustificado en la repatriación de prisioneros de guerra y civiles, la prohibición de imposición o amenaza de pelas colectivas, la proscripción de la esclavitud y la trata de esclavos o la inclusión en la prohibición del empleo de armas, particularmente de armas nucleares, biológicas, las que causan ceguera y minas antipersonales.

Bolivia ha ratificado la Convención sobre Armas Biológicas de 1972, la Convención sobre Armas Convencionales de 1980 y sus cuatro primeros protocolos, el de Fragmentos no Localizables, Restricciones de Empleo de Minas, Restricción de Armas Incendiarias y Protocolo sobre Armas Laser Cegadoras.

También ratificó la Convención de Armas Químicas de 1993, Convención sobre Minas Antipersonales de 1997 y el Tratado de Armas Nucleares de 1968 que son vinculantes para el Estado Plurinacional, lo que implica la obligación de adoptar las medidas necesarias para prohibir y prevenir las conductas prohibidas.

Es importante que nuestros legisladores reflexionen acerca de la necesidad que tenemos de prevenir los daños que pueden ocasionar los individuos u organismos, sean del Estado o de los movimientos, que, atribuyéndose defender los derechos del pueblo, pretenden ejercer ese derecho a nuestro nombre, por eso es necesario aprobar lo antes posible la Ley de Implementación del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Es economista, egresada en Derecho y diplomada en Pedagogía para la educación superior y en Diplomacia Cultural de los Pueblos.

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