La Gaceta Jurídica

El Derecho en la antigüedad y en la Edad Media

(Parte I)

Foto: blog.educastur.es

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00:00 / 15 de abril de 2014

El sistema romano

El derecho español –que luego imperó en varios territorios del mundo a partir del siglo XVI– fue producto de múltiples influencias exteriores y de creaciones propias, cuyos orígenes deben buscarse en la filosofía griega y en el Derecho romano.

Mientras los pensadores griegos fueron los iniciadores de la especulación filosófica –y dentro de ella estudiaron los problemas morales vinculados con la conducta humana y las normas que deben regirla– los juristas de Roma elaboraron un sistema de Derecho que en gran parte inspira todavía el desarrollo jurídico universal. Por eso debemos comenzar nuestro estudio recordando, aunque sea brevemente, esos remotos orígenes.

El presente no puede comprenderse sin el conocimiento del pasado, el cual revive y perdura en las normas tradicionales y en las ideas de los filósofos y juristas.

Aquí procuramos exponer los antecedentes europeos y españoles que forjaron el sistema peninsular. Paralelamente hemos de recordar las doctrinas filosóficas, políticas y jurídicas que inspiraron ese desarrollo, para que se advierta su correspondiente fundamentación.

El primer régimen jurídico que debe ocuparnos –por su influencia universal y porque fue el punto de partida de todo, o casi todo, el Derecho– es el de Roma. Hubo, naturalmente, otros derechos anteriores entre los demás pueblos de la antigüedad, pero el romano sobresale por su perfección científica y su carácter orgánico.

La historia de Roma comenzó con la fundación algo legendaria de esa ciudad en 753 a.C. A la monarquía primitiva sucedió bien pronto la República (509 a.C.) presidida por dos Cónsules que ejercían una magistratura anual. En esa época Roma se va destacando entre las demás naciones de la antigüedad y, al vencer a los cartagineses a fines del siglo III a.C., se convirtió en la primera potencia del Mediterráneo.

Pero esta misma amplitud de su poder provocó sucesivas crisis políticas que condujeron a la formación del Imperio en 27 a.C. Los dos primeros siglos de la era cristiana fueron los de mayor esplendor y desarrollo cultural, pero después volvieron a producirse guerras civiles y se manifestó el peligro de los pueblos bárbaros situados en las fronteras. En 395 el Imperio se dividió; Roma continuó siendo la capital del Imperio de Occidente, mientras la de Oriente se instaló en Constantinopla. Pocos años después comenzaron las invasiones de los bárbaros, que en 476 destronan al último emperador de Occidente.

El Impero de Oriente, en cambio, aunque cada vez más disminuido y debilitado, perduró hasta que en 1453 los turcos se apoderan de Constantinopla.

La evolución de Derecho romano puede sintetizarse de la siguiente manera: el Derecho primitivo estaba constituido por un conjunto de reglas consuetudinarias que imponían formas estrictas y solemnidades que a veces tenían origen sagrado.

Las leyes (votadas en los comicios a propuesta de un magistrado) sólo tuvieron importancia secundaria como fuente del Derecho y tendían casi siempre a precisar aquellas costumbres, a corregir los abusos que podían originar y a dar nuevas formas al régimen gubernativo. Tales costumbres y leyes formaron el jus civile (Derecho civil), es decir, el Derecho que se aplicaba y podía ser invocado solamente por los ciudadanos (cives) romanos.

Las conquistas romanas y las crecientes relaciones con otros pueblos dieron lugar a la aparición de un nuevo sistema menos formalista y más amplio en sus concepciones, que se llamó jus gentium (el Derecho de gentes) y que llegó a regir las relaciones entre ciudadanos y extranjeros, o las de éstos entre sí, en cuanto se sometían a los tribunales de Roma.

El contenido de este jus gentium no abarcaba, por supuesto, todo el sistema de derecho, sino que estaba limitado a la solución de los conflictos más frecuentes en el orden de las relaciones civiles y comerciales (obligaciones derivadas de los contratos, etc.).

Los dos pretores que en Roma aplicaban ambos sistemas (el praetor urbanus que juzgaba a los ciudadanos y el praetor peregrinus que intervenía en los juicios en que era parte un extranjero) comenzaron durante los siglos III y II antes de Cristo a introducir nuevos procedimientos y a conceder acciones destinadas a suavizar el rigor del estricto Derecho civil, de tal manera que, por vía indirecta, el jus praetorium u honorarium vino a suplir y a modificar el sistema primitivo. Esos pretores y otros magistrados, tanto en Roma como en las provincias, publicaban anualmente un edicto al comenzar el desempeño de sus funciones, en el cual señalaban las normas que iban a inspirar sus decisiones.

Esos edictos, reproducidos por los sucesivos magistrados, adquirieron carácter permanente, convirtiéndose en la fuente de Derecho privado más importante en el siglo I de la era cristiana.

La creación del Imperio (27 a.C.) no modificó substancialmente el sistema jurídico. El Derecho surgió entonces de las sanciones del Senado (senado consultos) y más tarde de las decisiones del emperador (constituciones). Pero continuó en vigor el jus praetorium, que en la época de Adriano fue codificado.

Además adquirieron categoría de fuentes del Derecho las doctrinas de los jurisconsultos, a algunos de los cuales Augusto dio el jus publice repondendi, o sea la facultad de presentar sus opiniones a los jueces, para que estos las tuvieran en cuenta al sentenciar.

La época del mayor esplendor del Derecho romano y de la doctrina que a él se aplicaba (iurisprudentia, derecho de los prudentes) fue la de los siglos II y III de nuestra era. Los juristas no sólo comentaban e interpretaban el derecho vigente, sino que también creaban nuevos conceptos, definiciones y teorías, señalando asimismo la justicia de las normas con arreglo a sus ideas filosóficas.

Llegó a tan alto grado el desarrollo de esa iurisprudentia que el emperador Adriano declaró obligatorias para los jueces las opiniones de los juristas cuando estuvieran de acuerdo. Y, más tarde, la ley de las citas del año 426 dispuso que los jueces debían atenerse a las doctrinas expuestas en sus libros por los más grandes de los jurisconsultos clásicos: Gayo, Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino, debiendo prevalecer el criterio de Papiniano cuando hubiera discordancia.

Esta última disposición era, sin embargo, un síntoma de decadencia. Significaba que ya no se consideraba posible el ulterior desarrollo científico del Derecho. Las invasiones de los bárbaros y las luchas civiles concluyeron con el Imperio de Occidente en 476. Pero, antes y después de esa fecha, los emperadores de ambos estados fueron legislando mediante la sanción de constituciones que se convirtieron en la única fuente de nuevo Derecho.

Su abundancia, y la necesidad de conocerlas, movieron a dos compiladores oficiosos a redactar los códigos Gregoriano (de fines de siglo III) y Hermogeniano (de principios del siglo IV). Este último es el complemento del anterior. Hubo además una recopilación oficial, el Código Teodosiano, que los emperadores Valentiniano III y Teodosio II promulgaron en 438.

Su contenido, como en el caso de los códigos anteriores, se redujo a ordenar sistemáticamente las constituciones imperiales sancionadas hasta entonces. La importancia de estas compilaciones fue mayor en occidente, en dónde, al caer el Imperio, quedaron como las fuentes de conocimiento usual del Derecho romano. Pero mucha mayor trascendencia ulterior tuvieron las grandes compilaciones que el emperador Justiniano, de Oriente, encargó al Jurista Triboniano en 530.

Como resultado de esa orden se compusieron sucesivamente las cuatro partes que luego reunidas formaron el Corpus juris civilis, a saber: el Digesto (o las Pandectas), que reúne con cierto orden las opiniones de los jurisconsultos clásicos (533); las Institutas, breve compendio de todo derecho privado, que en los siglos posteriores sirvió como texto de enseñanza (533); el Código, que reproduce las constituciones imperiales entonces vigentes (534), y las Novelas, agregadas posteriormente, que incluyen las constituciones sancionadas después de 534.

Esta magna obra, sin embargo, no tuvo sino muy escasa difusión en Occidente, sometido ya a la dominación de los bárbaros, y sólo después de varios siglos dio lugar al proceso histórico-jurídico que se denomina la “recepción del derecho romano”.

El pensamiento jurídico greco-romano

Esa larga evolución pone en evidencia que el primitivo jus civile,  formado por las costumbres ancestrales de raigambre religiosa y por las leyes sancionadas en los comicios, se fue perfeccionando gradualmente por obra de los peritos en esa ciencia, que eran los jueces (pretores) y los jurisconsultos. Unos y otros influenciados a la vez por las reglas jurídicas extranjeras y por las ideas filosóficas de los estoicos, supieron adoptar las mejores soluciones universales que formaron el jus gentium y corregir el rigor del jus civile hasta asimilar ambos sistemas y confundirlos en uno solo.

Esta fusión se completa en el año 212, en que el emperador Caracalla concede la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, con lo cual será el derecho civil –ya impregnado de derecho de gentes– el sistema uniforme que ha de regir a todos los miembros del inmenso conglomerado político.

Generalizando esta formación del derecho, el jurisconsulto Gayo pudo afirmar en el siglo II que todos los pueblos utilizan en parte un derecho propio y en parte uno común al género humano. El primero es el jus civile,  propio de cada ciudad o Estado, y el segundo el jus gentium, “que la razón natural establece entre todos los hombres”. Esta naturalis ratio significaba que existe un orden natural de las cosas que debe inspirar también las soluciones jurídicas y ese orden origina un sistema jurídico universal.

A esa división bipartita se agregó luego el jus naturale de raíz más profunda, que los filósofos griegos –en especial Aristóteles y los estoicos– habían elaborado y que Cicerón difundió en su patria. Para el pensamiento greco-romano, el Derecho natural consistía en una serie de principios superiores, permanentes e inmutables de origen divino, y adecuados a la recta razón, que constituyen el fundamento de todo el orden jurídico.

Así lo definieron las Institutas de Justiniano: “los derechos naturales, que existen en todos los pueblos, constituidos por la providencia divina, permanecen siempre firmes e inmutables”. Algunos juristas hicieron aplicación de estas ideas para sostener el fundamento natural de ciertas soluciones o para oponerse a otras. Así, por ejemplo, la esclavitud era considerada contraria al Derecho natural, pero admitida por el jus gentium.

Otra división importante del sistema romano distinguía el Derecho público y el privado: “Derecho Público –según Ulpiano– es el que se refiere al Estado romano: privado, el que mira a la utilidad de los individuos”. Los juristas se preocuparon en especial de este último, dentro del cual contemplaban tres partes: personas, cosas y acciones.

Es en torno a estas ramas que se edificó realmente la ciencia jurídica romana.

Mucha importancia tuvieron también las especulaciones relativas a la justicia, considerada siempre como una virtud universal destinada a inspirar y dirigir la conducta humana. Para analizarla, Platón (427-347 a.C.) escribió su diálogo titulado La República. El idealismo platónico lo lleva a concebir un Estado perfecto, cuyos miembros se gobiernan mediante el ejercicio de las virtudes. Y la más excelsa de todas ellas es la justicia, cuya observancia determina el orden y la armonía que deben reinar en la sociedad.

Distinguía Platón tres partes o potencias en el alma: la parte racional hace posible el conocimiento de las ideas y se rige por la virtud de sabiduría o prudencia; la parte irascible corresponde a los impulsos y afectos y engendra la fortaleza; y la parte concupiscible, propia de las necesidades primarias del hombre, tiene como virtud la moderación o templanza.

En el Estado ideal, los ciudadanos se dividen asimismo en tres grupos: los gobernantes se guían por la sabiduría, los guerreros cultivan la fortaleza; y los artesanos y agricultores ejercitan la templanza. Pero además de esas tres virtudes, propias de cada grupo social y de cada potencia del alma, existe una superior que las comprende y perfecciona a todas. La justicia, en efecto, es la virtud universal por excelencia, pues se aplica a todos los hombres por igual. El acto justo consiste esencialmente en el cumplimiento del propio deber, así la justicia consigue establecer el orden y la armonía en la sociedad.

Esta concepción sublime de la justicia no llegaba, sin embargo, a precisar su verdadera esencia. Aristóteles (384-322 a.C.), con un sentido más realista, vio en esa virtud un principio regulador no de todos los actos humanos, sino solamente de aquellos que se cumplen en relación con los demás y son regidos generalmente por el Derecho.

Aprovechando las enseñanzas de los pensadores que le habían precedido, Aristóteles construyó un sistema que abarcaba todas las ramas del saber y estaba llamado a tener una inmensa trascendencia. Su filosofía moral –expuesta en la Ética a Nicómaco– se funda en que el fin del hombre consiste en la felicidad, la cual se obtiene manteniendo en la conducta de cada uno la jerarquía de los bienes (del alma, del cuerpo y exteriores) de que se puede gozar.

La vida perfecta es la vida virtuosa, porque conduce a la grandeza del alma y da el predominio a los bienes espirituales. Entre todas las virtudes, la justicia es la más completa porque no es puramente individual, sino relativa a otra persona; su observancia no sólo perfecciona a quien la practica, sino que también contribuye al bien de los demás.

Aristóteles analiza también a la justicia en sus aplicaciones particulares. En este sentido distingue en ella dos posiciones fundamentales:

a) la justicia distributiva regula el reparto de honores y ventajas que la sociedad realiza entre sus miembros, y se cumple teniendo en cuenta las condiciones personales de cada uno, de tal manera que esa distribución de bienes debe hacerse en proporción a los méritos de cada individuo; y

b) la justicia sinalagmática regula las obligaciones (nacidas de los contratos o de los delitos) que surgen entre unas personas y otras, sin tener en cuenta sus condiciones, e impone una perfecta igualdad entre la cosa dada y la recibida, entre el daño y la indemnización.

Consecuencia de ese desarrollo doctrinario fue la definición clásica de Ulpiano: “Justitia est constans et perpetua voluntas ius suum quique tribuendi” (la justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo).

Los romanos vinculaban estrechamente lo jurídico con lo moral y lo religioso. No sólo muchas instituciones importantes (como el matrimonio, el parentesco, las sucesiones, etc.) estaban organizadas partiendo de principios religiosos, sino que también toda su concepción del Derecho estaba impregnada de moral.

Así se explican los tres famosos preceptos fundamentales: Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere (Los principios del derecho son éstos: vivir honestamente, no dañar a otro, dar a cada uno lo suyo). Así también el deseo permanente –que se advierte a través de todas las obras jurídicas– de dar primacía a los criterios morales y de resolver los problemas de acuerdo con la equidad. Por eso la única definición del Derecho que nos legaron lo considera, no una ciencia, sino un arte, una actividad práctica destinada a alcanzar lo bueno: ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi (como con elegancia lo define Celso, el Derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo).

La romanización de España

Dentro del Imperio Romano, la Hispania ocupó lugar destacado. Su población –formada por elementos heterogéneos de origen diferente– se componía en el siglo III a.C. por íberos, celtas, celtíberos y otros pueblos cántabros y vascones, que habían recibido sucesivas influencias fenicias, griegas y cartaginesas.

España entró en la historia propiamente dicha con motivo de las guerras púnicas que enfrentaron a Roma con Cartago. Posesionada esta última de gran parte de la península ibérica, su jefe Aníbal llevó sus tropas por tierra hasta Italia en donde fue derrotado. Esto permitió a Publio Cornelio Escipión iniciar la conquista de España en 210 a. C. A pesar de la tenaz resistencia de los pueblos aborígenes, los romanos fueron dominando paulatinamente la península; que en 19 a.C. quedó pacificada.

A lo largo de esos siglos, y durante los cuatro siguientes, se produjo la romanización de Hispania, cuyos habitantes aceptaron las creencias, leyes y la cultura superior del Imperio identificándose con éste. El territorio quedó dividido en provincias, que al principio fueron dos –la Hispania Citerior y la Hispania Ulterior– y que luego, ya en la época del Imperio, se subdividieron y adoptaron nombres regionales: Tarraconense, Bética y Lusitania, más tarde Cartaginesa y Gallecia.

Estas provincias fueron gobernadas por jefes superiores llamados procónsules o propretores, según los casos, que eran los mismos que habían desempeñado el consulado o la pretura en Roma. Estos magistrados reunían una autoridad amplísima, pues eran a la vez altos gobernantes con facultades legislativas, jefes militares y jueces con jurisdicción civil y criminal.

Durante la época del Imperio aparecieron los legados –Legatus Augusti pro consulare (o pro praetore)– designados por el emperador con idénticos poderes. En los últimos tiempos del imperio esos jefes son sustituidos por vicarios sin mando militar, pero con amplísimas facultades administrativas y financieras.

La organización de las ciudades se fue adaptando a los modelos romanos. Algunas eran colonias formadas por ciudadanos de Roma o de Italia que se habían establecido en la península; otras están constituidas por pobladores vernáculos, que han celebrado pactos de diversa índole al someterse. Todas ellas tienen un gobierno autónomo más o menos amplio y libre. Los magistrados son elegidos por el pueblo reunido en comicios: son los duumviri (dos jueces locales con ciertas atribuciones administrativas), los ediles encargados de los problemas urbanos y questores que ejercen la dirección de la hacienda municipal.

Los romanos no impusieron su Derecho a los pobladores vernáculos, éstos siguieron rigiéndose por sus antiguas costumbres, pero la progresiva romanización de Hispania y la cultura superior del Imperio fueron transformando las formas de vida primitivas que habían existido hasta entonces.

Hubo, por lo tanto, durante varios siglos un doble sistema jurídico, pues los romanos utilizaban el propio. Pero cuando Caracalla otorgó la ciudadanía a todos los habitantes del Imperio (año 212), el Derecho romano comenzó a ser aplicado en toda la península. Sin embargo, surgieron también normas locales, procedentes unas de las decisiones de los gobernantes provinciales y otras de costumbres especiales que se formaron, con lo cual surgió un Derecho romano vulgar, algo diferente del clásico que regía en Italia.

Continuará

Tomado de: textoslegalesantiguos.blogspot.com

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