La Gaceta Jurídica

El Derecho en la antigüedad y en la Edad Media

(Parte III)

Foto: codificacionedadmedia.blogspot.com

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00:00 / 22 de abril de 2014

El feudalismo es la organización económica, social y política derivada de las relaciones de dependencia personal, impuestas por la necesidad de asegurar la defensa del territorio.

Los reyes, y luego los mismo señores, conceden grandes extensiones de tierras en beneficios a cambio de la ayuda militar; las demás personas libres se someten en vasallaje a las más poderosas, jurándoles fidelidad y comprometiéndose a servirlas en la guerra a cambio de su protección.

La jerarquía social así creada elevó considerablemente a los grandes señores, quienes reclamaron privilegios e inmunidades que implicaban delegar en su favor ciertas funciones del Estado. Pero en España, contrariamente a lo que sucedió en las demás naciones de Europa, esa delegación sólo fue excepcional, y lo reyes conservaron casi siempre sus atribuciones esenciales o regalías (nombramiento de funcionarios, administración de justicia, acuñación de moneda, etc.).

La nobleza, sin embargo, goza de un estatuto jurídico especial de carácter privilegiado que la convierte en una clase social superior a las demás con derechos y obligaciones diferentes. Este sistema jurídico, que en Italia es recopilado en los Libri Feudorum,  aparece legislado en las Partidas y en otros cuerpos legales.

La necesidad de asegurar la repoblación de las regiones conquistadas da origen en el siglo IX a las cartas pueblas, que los reyes y los señores –eclesiásticos o laicos– conceden a un grupo de pobladores para fomentar su establecimiento en las zonas nuevamente obtenidas, asegurándoles ciertas franquicias y privilegios.

Este Derecho asumía la forma de un pacto o contrato que fijaba el estatuto jurídico de ese grupo frente al señor, creándole una situación especial.

Análogo contenido y significado tuvieron los fueros que se concedían a las ciudades y villas y que, en definitiva, reemplazaron a las cartas pueblas. El primer fuero que se conoce es el otorgado a Castrojeriz en 974, este sistema continuó hasta mediados del siglo XIII.

Originariamente un fuero era un conjunto breve de normas escritas que regulaban las relaciones de los vecinos con el rey o el señor, asegurándoles también ciertos privilegios o exenciones de carácter penal, impositivo y procesal.

Pero ya en el siglo XII aparecen fueros mucho más extensos –como el de Cuenca– que recogen las costumbres jurídicas del lugar, la organización y funcionamiento del gobierno comunal y las demás franquicias de que gozan los vecinos en el orden de las relaciones privadas y procesales.

Por efectos de todas estas nuevas formulaciones, el derecho castellano a principios de la Baja Edad Media (que comienza, como ya dijimos, en 1212), puede describirse así:

a) Derecho territorial o general. Es todavía, fundamentalmente, el del Liber Iudiciorum, pero este código sólo se aplica estrictamente en la corte del rey. En su reemplazo –y por efecto de la ignorancia general del derecho– aparecen muchas costumbres que se van formando de acuerdo con las necesidades y tendencias locales y que cristalizan o se completan mediante la jurisprudencia elaborada por los jueces en sus sentencias o fazañas.

b) Derechos locales. Son los fueros en cuya redacción escrita se acumulan los derechos especiales derivados de la concesión real, las costumbres nuevas y las fazañas del lugar.

c) Derechos personales. Que constituyen el estatuto de ciertos grupos sociales, los nobles, los mudéjares, los judíos, etc.

d) Derecho canónico. Del cual trataremos más adelante (ver acápite “El derecho canónico”).

Este particularismo jurídico era, en gran parte, de formación espontánea y revela muy pocas influencias exteriores, aunque se asemeja en su desarrollo a la evolución que se produce contemporáneamente en los demás países europeos. En todos ellos, en efecto, aparecen los derechos particulares de las ciudades, de la nobleza y de algunas profesiones.

Los primeros se llaman en Italia statuti y en Francia chartes o status municipaux y consisten en la redacción escrita de reglas del gobierno comunal, a veces de origen consuetudinario y otras –la mayoría–  otorgadas por los reyes o los señores. Hay también costumbres regionales –consuetudini, coutumes–  que florecen al amparo de la falta de legislación real y se afianzan con la jurisprudencia.

A este Derecho, que se desarrolla en especial en los siglos XI y XII, se agrega los privilegios feudales, los estatutos de las corporaciones y más tarde el derecho marítimo, formando así un conjunto de normas que, en general, se conocen bajo el nombre de derecho propio.

El particularismo jurídico así establecido en las principales naciones de Europa era opuesto a la tradición romana de un derecho único y a los deseos de uniformidad que los juristas querían desarrollar e imponer. Así reaparece con creciente vigor un Derecho común, más científico y orgánico que en las materias eclesiásticas es el Derecho canónico y en las demás el Derecho romano justinianeo (acápites “El derecho canónico” y “La recepción del derecho romano justinianeo”).

El derecho canónico

La Iglesia católica fue organizando desde los primero siglos su propio Derecho, que con el desarrollo del cristianismo iba a imponerse en todo el mundo occidental. Ese Derecho está destinado no sólo a organizar el gobierno de la Iglesia como sociedad jurídica perfecta, sino también las relaciones de ésta con sus fieles y la actividad religiosa de los últimos, que se exterioriza a través del culto y de los sacramentos.

Además, la influencia creciente del catolicismo permitirá que el Derecho canónico penetre profundamente en el Derecho laico, ya inspirando sus soluciones, ya absorbiendo materias que –como el matrimonio, la familia, el parentesco, etc.– dependen de las instituciones de la Iglesia.

El derecho canónico –de “canon”, que significa regla– tiene naturalmente su origen y fundamento en la revelación divina desarrollada en la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento). A este derecho divino se fueron agregando las normas impuestas por la tradición, por los santos padres en sus libros (la Patrística), por los decretos de los papas y por los cánones de los concilios (reuniones de los altos dignatarios eclesiásticos) que formaron el Derecho canónico humano.

La diversidad de las fuentes y la dispersión misma de la Iglesia en los siglos de las invasiones originaron la dificultad de conocer ese derecho humano y aun cierto particularismo dentro del mismo. Surgió así la necesidad de recopilarlo y ordenarlo. Esta función se cumple extra oficialmente.

La primera colección de cánones la hizo en Roma, a fines del siglo V o a principios del VI, un monje llamado Dionisio el Exiguo. Pero, la que tuvo mayor importancia y difusión en la Alta Edad Media fue la Hispana formada en la península ibérica durante el siglo VII por un autor desconocido.

Entre los años 1140 y 1142 un monje llamado Graciano hizo una obra fundamental que tituló Concordia discordantium canonum,  más conocida bajo el nombre de Decretum. Es a la vez una recopilación de fuentes y una obra doctrinaria, porque ordena ese material heterogéneo procurando darle unidad y coherencia.

Enorme fue la influencia de este libro, no sólo para el conocimiento, sino también para la enseñanza del Derecho canónico, porque, a partir de entonces, sirvió de texto en la escuela de Bolonia en donde Graciano era profesor.

Sobre la base del Decreto se formó el Corpus Iuris Canonici, (Cuerpo del Derecho canónico) en el cual se reunieron varias compilaciones hechas durante los siglos XIII a XV, a saber:

a) las Decretales del papa Gregorio IX, recopiladas en cinco libros por San Raimundo de Peñafort y promulgadas en 1234;

b) el Liber sextus de Bonifacio VIII, del año 1298;

c) las Clementinas de Juan XXII, completadas en 1317;

d) las Extravagantes de Juan XXII, que comprendían decretales de este pontífice posteriores a 1317; y

e) las Extravagantes Comunes, que igualmente reúnen normas papales hasta fines del siglo XV.

Estas dos últimas colecciones, que no habían tenido carácter oficial, fueron agregadas a las anteriores por el jurista francés Jean Chappuis, quien en 1500 editó todo el conjunto.

Posteriormente se hizo una revisión oficial de los textos así reunidos, la cual fue aprobada en 1580 y publicada en 1582 bajo el nombre de Corpus Iuris Canonici, a imitación del título con el cual se conocía la compilación de Justiniano.

No cesó después esta obra legislativa de la Iglesia. Entre las reformas más importantes corresponde recordar las sancionadas por el Concilio de Trento (1545-1563), que versan principalmente sobre el matrimonio y la disciplina eclesiástica. Felipe II promulgó estas reformas como leyes de España y de las Indias por real cédula del 12 de Julio de 1564.

Además de recordar la aparición del derecho canónico, preciso es señalar también la influencia ejercida por la iglesia sobre todo el sistema jurídico. La prédica de una nueva moral y la cultura superior de los miembros de la Iglesia determinaron la progresiva cristianización del Derecho.

Este proceso consiste esencialmente en la adaptación de las normas jurídicas laicas a las enseñanzas religiosas y en la moralización del Derecho. Porque la Iglesia no se preocupó solamente de organizar su propio funcionamiento como institución de origen divino, sino que también trató de inculcar normas de convivencia ajustadas a sus doctrinas.

De esa manera la influencia eclesiástica fue notable en la reglamentación del matrimonio, en la organización de la vida familiar, en la protección de los humildes, en la pacificación y decencia de las costumbres, en la moderación de las penas, en la observancia de los contratos, en la represión de la usura, etc.

Asimismo, y gracias a la gravitación cultural y política de los grandes dignatarios de la Iglesia, esta consigue muchas veces inculcar en los gobernantes ideas de moderación y prudencia en el ejercicio de su elevado ministerio; y afirma, además, la doctrina de que el poder es una concesión divina sujeta a limitaciones, que obliga a someterse a las leyes de Dios, al derecho natural y al respeto por el orden jurídico imperante.

La recepción del Derecho romano justinianeo

Hemos visto ya que el Derecho romano conocido en Occidente era sólo el recogido en los códigos de fines del siglo IV y principios del V, así como en algunas obras doctrinarias.

Las grandes compilaciones hechas por Justiniano en Constantinopla apenas se habían difundido en los países que ya no estaban sometidos al imperio.

El desarrollo gradual de la cultura permitió, sin embargo, que prosperaran algunas escuelas de Derecho en Italia. Entre ellas sobresalió la de Bolonia, desde fines del siglo XI, en cuyas aulas se estudió el Corpus juris civilis de Justiniano, comentando sus doctrinas y sus leyes.

Diversas circunstancias –entre ellas el prestigio de que gozaba el Derecho romano en una cristiandad que se mantenía unida a pesar de la separación de los Estados– convirtieron a Bolonia en el Centro más importante de los estudios jurídicos medievales, en donde una pléyade de maestros y discípulos iba a perfeccionarse para difundir luego por toda Europa la ciencia fundada en aquellas compilaciones.

El primero que se destacó en Bolonia fue Irnerio (muerto después de 1125), quien inauguró la escuela llamada de Los Glosadores. Consistía este sistema en comentar las leyes y doctrinas romanas escribiendo –entre líneas o al margen del manuscrito– una glosa que trataba de resumirlas y de explicarlas.

Estas interpretaciones fueron el punto de partida para mayores desarrollos teóricos destinados a obtener un conocimiento más perfecto y orgánico del sistema jurídico. Resultado de esa elaboración científica fueron las Summae que varios juristas escribieron en el siglo XII, y que constituyeron verdaderos tratados de derecho.

La última figura de esta escuela fue Accursio, fallecido hacia 1260, quien reunió los comentarios anteriores y escribió la Glossa ordinaria, ampliamente difundida en Occidente.

Entretanto la escuela iba extendiendo por toda Europa sus enseñanzas, en especial en las Universidades que aparecieron contemporáneamente como testimonio del renacimiento cultural. El Piacentino (así llamado porque era oriundo de Plasencia, en Italia), fundó en Montpellier una escuela de Derecho en la cual aplicó los métodos boloñeses durante la segunda mitad del siglo XII. La enseñanza se extendió luego a Orleans, Oxford y otras casas de estudio, así como a las que se fundaron a principios del siglo XIII en España: Palencia, Salamanca y Valladolid.

Gracias a esta difusión del Derecho romano justinianeo y del Derecho canónico, exaltados ambos por la nueva ciencia jurídica, los dos sistemas fueron mejor conocidos y comenzaron a ser aplicados en algunas partes de Europa como Derecho común, es decir, como supletorio de los derechos particulares.

Las leyes canónicas, naturalmente, continuaron en vigencia por obra de la Iglesia que mantenía su régimen jurídico y orientaba la cultura.

Las romanas se impusieron en Italia desde el siglo XIII como legislación vigente que era considerada a la vez como el propio derecho nacional.

En Francia las provincias meridionales las admitieron también como coutumes en reemplazo de las antiguas, mientras el norte conservó su sistema propio.

En Alemania el Tribunal de la Cámara del Imperio, creado en 1495, recibió la orden de aplicar el Derecho común (romano y canónico), salvo en los casos regidos por normas particulares, así se produjo la recepción del Derecho romano en todo el Imperio Germánico.

El estudio de ese Derecho común suscitó en Italia la aparición de una nueva escuela llamada de los postglosadores o bartolistas. Iniciada por Cino da Pistoia a principios del siglo XIV, su máximo exponente fue Bártolo de Saxoferrato (1314-1357), al cual siguieron Baldo de Ubaldis y otros muchos comentaristas.

Esta escuela, tratando de superar la exégesis más o menos literal de las normas (que había caracterizado a la anterior), quiso buscar su verdadero y profundo sentido, la ratio legis  y creó así nuevas concepciones dando solución jurídica a muchos problemas de la época. El mismo método aplicaron Juan Andrés y Nicolás de Tudeschi (llamado el Abad panormitano) al comentario de las leyes canónicas.

Gracias a esas dos escuelas sucesivas se formó una verdadera ciencia del Derecho que de las universidades pasó a la aplicación práctica de las doctrinas y de las soluciones concretas que se fueron elaborando.

Los postglosadores, además, utilizaron los procedimientos de las escolástica y conquistaron una autoridad tan grande que fue a veces superior a la que tenían las mismas normas del Derecho romano, a las cuales dieron un sentido más orgánico y actualizado.

La Recepción en España

Esta difusión alcanzó también a la península ibérica. Los estudiantes españoles de Bolonia volvieron a su patria trayendo las nuevas ideas que iban a enseñar en las universidades y a inspirar la labor de los tribunales superiores. Pero el Derecho común no se impuso sin que surgieran fuertes resistencias de quienes pretendían conservar el orden tradicional, de esta lucha procede el complejo sistema jurídico de España.

Desde que se unieron definitivamente los reinos de Castilla y León  en 1230 se manifiestó una política real orientada a uniformar el localismo jurídico y la diversidad de fuentes que entonces existía. Fernando III el Santo ordenó en 1241 traducir el Liber Judiciorum al lenguaje común, llamándolo “Fuero Juzgo” lo otorgó en tal carácter –es decir, como fuero– a varias ciudades recién reconquistadas.

Alfonso X el Sabio, su hijo, continuó idéntica política con el Fuero Juzgo, además hizo redactar otro cuerpo legal llamado Fuero Real (1255), que tanto él como sus sucesores dieron a varias poblaciones, con el objeto de unificar los derechos locales.

Esta nueva obra legislativa se inspiraba principalmente en los fueros anteriores y también en el Derecho común (romano y canónico) entonces ya conocido en España y ejerció una influencia considerable entre los juristas.

Pero la gran obra legislativa de la época fue el código que más tarde se llamó de las Siete Partidas. Su historia es algo confusa y poco conocida. Alfonso el Sabio redactó –con ayuda de los juristas de la Corte– un “Libro del Fuero” en cuyo prólogo se dice que es “espejo del Derecho” y, por esta razón, recibió el nombre de “Espéculo”.

La obra, hecha probablemente entre los años 1256 y 1260, sólo tenía cinco libros que trataban acerca del rey, la Corte, las obligaciones de los súbditos y el Derecho procesal. El libro fue sancionado y promulgado para servir de guía en la Corte y para ser aplicado por los jueces nombrados por el rey, distintos de los jueces locales que utilizaban los fueros.

Continuará

Tomado de: textoslegalesantiguos.blogspot.com

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