La Gaceta Jurídica

El Derecho en la antigüedad y en la Edad Media

(Parte final)

Foto: biombohistorico.blogspot.com

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00:00 / 25 de abril de 2014

Esas dos novedades legislativas –el Fuero Real y el Espéculo– que tendían a la progresiva unificación del derecho, fueron mal recibidas por las ciudades y por los nobles. Alfonso el Sabio se vio obligado a derogarlas y a restablecer la vigencia plena de los fueros antiguos (1274).

Sin embargo, el propio rey inició una revisión del Espéculo, incorporándolo el Derecho canónico, el privado y el penal hasta formar una verdadera enciclopedia de todo el sistema jurídico dividida en siete partes o partidas. Es con este nombre que se conoció en lo sucesivo.

Posteriormente, ya que a principios del siglo XIV la misma obra es perfeccionada por juristas desconocidos que acentúan su contenido doctrinario. En esta redacción definitiva –aunque no oficial– las Partidas constituyen un monumento del saber jurídico de la época, que no sólo contiene normas sino también sus respectivos fundamentos; alternando su enunciado con preceptos religiosos, morales y políticos de gran interés.

Las Partidas provienen de fuentes variadísimas, pues se inspiran en las obras de los pensadores clásicos griegos y latinos, en la Biblia, en los padres de la Iglesia y en los filósofos medievales para afirmar en sus citas las razones de las leyes.

En lo que es propiamente jurídico utilizan fundamentalmente el Derecho romano y el canónico, así como las glosas; pero no prescinden, sin embargo, del Derecho castellano, pues procuran armonizar las soluciones comunes con la terminología y las instituciones propias, creando así un sistema original. Su belleza literaria y la profundidad de sus ideas le dieron renombre universal; fue traducido a otros idiomas e influyó así en el desarrollo jurídico europeo.

Se estaba produciendo entonces una lucha entre el Derecho común, más científico y técnico, que, apoyado por los juristas, trataba de introducirse en la práctica, y los derechos locales de carácter tradicional, que tenían a su favor la aceptación de los pueblos.

Luego de la batalla de las Navas de Tolosa (1212) el rey Alfonso VIII había dispuesto que se redactaran por escrito las costumbres territoriales de Castilla para confirmarlas. Se formaron así varias colecciones de fuentes (fazañas y costumbres) de origen privado, que no alcanzaron a ser aprobadas por los reyes. Esta elaboración del Derecho tradicional prosigue a lo largo de los siglos XIII y XIV hasta rematar en la más conocida hoy, que es el Fuero Viejo de Castilla (1356).

Al mismo tiempo, los reyes que no habían intervenido personalmente en la formación del Derecho durante los siglos anteriores comenzaron a legislar desde el siglo XIII en unión con las cortes del reino. En las de Alcalá de Henares, reunidas en 1348, se sancionó el Ordenamiento de Alcalá que refunde otras leyes anteriores y en parte el Derecho consuetudinario de Castilla ya redactado por escrito.

La importancia de este ordenamiento consiste:

1. En que afirmó rotundamente “que al Rey pertenesce, e ha poder de facer fueros, e Leys, e de las interpretar, e declarar, e emendar”, atribuyéndole desde entonces la suprema potestad legislativa.

2. En que dispuso que para resolver los pleitos debían aplicarse en lo sucesivo, en primer término, las leyes de ese ordenamiento, a falta de ellas los fueros locales en todo aquello que estuviera en vigor, y, por último, en ausencia de una disposición legal o de los fueros, las Partidas de Alfonso el Sabio.

Entró así en vigor, con carácter supletorio, el código que acreditaba el triunfo del Derecho común, sin abandonar, empero, el sistema tradicional que debía ser aplicado con preferencia.

Este último, sin embargo, fue perdiendo vigor y dejó de desarrollarse en Castilla, siendo sustituido por la legislación real que se hizo cada vez más abundante y minuciosa. Los reyes católicos encargaron al doctor Alonso Díaz de Montalvo que recopilara las leyes y ordenanzas vigentes, así como las disposiciones del Fuero Real que estuvieran en uso y en 1484 se publicaron y promulgaron las Ordenanzas Reales de Castilla, también llamadas “Ordenamiento de Montalvo”.

Esta recopilación, hecha muy defectuosamente, reunió las leyes sancionadas en cortes, las pragmáticas y ordenanzas de los reyes y algunas disposiciones del Fuero Real. Estas reformas no fueron suficientes para concluir con la imprecisión del derecho en vigor.

Para suplir sus vacíos se dispuso en 1499 que, faltando una norma expresa, se acudiera a las opiniones de los postglosadores más famosos del siglo XIV y XV, quienes eran Bártolo, Baldo, Juan Andrés y el Abad Panormitano. Pero esta solución fue pronto derogada.

Las Leyes de Toro suprimieron, en efecto, el recurso a la doctrina de los postglosadores (1505) y volvieron a sancionar el mismo orden de prelación de las leyes con una pequeña variante:

1. Las leyes reales

2. Las disposiciones contenidas en los fueros, incluso el Fuero Real, en cuanto “son o fueren usadas” en cada lugar.

3. Las Siete Partidas.

El problema de la vigencia del Fuero Juzgo y del Fuero Real nunca quedó resuelto, pues mientras algunos juristas sostenían que era necesario demostrar su uso para poder aplicarlos, otros consideraban que eran fueros generales que no necesitaban prueba.

En cuanto a las Partidas, al entrar en vigor en 1348 como derecho supletorio se ordenó establecer su texto oficial, lo cual se hizo recién en 1555 al imprimir la edición preparada por Gregorio López, que, además, contenía las glosas latinas de este jurisconsulto.

De este modo, a principios de la Edad Moderna, Castilla era el único país de Europa que tenía un Derecho casi totalmente escrito. Aunque continuaban en vigor los fueros locales y las antiguas costumbres ya fijadas por escrito, el Derecho territorial sancionado por los reyes durante los siglos XIV y XV había alcanzado indiscutida primacía.

Desde el punto de vista doctrinario, las Partidas seguían destacándose por su perfección científica, su orden sistemático y la abundancia de materias que abarcaban.No ocurrió lo mismo en otras regiones de España. El Derecho foral (de fueros) continuó rigiendo y desarrollándose en las provincias vascongadas, en Navarra, en Aragón y en Cataluña.

En el reino aragonés las costumbres territoriales fueron redactadas por escritos con un sentido tradicional, opuesto a la recepción del Derecho romano. Pero en Cataluña este último, ya en el siglo XV, acabó por prevalecer.

Mucha importancia tuvo en toda Europa, además, el Libro del Consulado del Mar (Llibre del Consolat de Mar), redactado hacia 1370 por un especialista de Barcelona, que recopiló las fuentes de Derecho marítimo entonces en uso y fue aplicado en todo el Mediterráneo.

La doctrina escolástica

Así como la Baja Edad Media contempló el florecimiento de la ciencia jurídica, así también durante ese periodo la Filosofía del Derecho perfeccionó una doctrina de alcances universales y de vigencia permanente que, por haber sido enseñada en las escuelas, se denomina escolástica.

Ya vimos antes como San Agustín había planteado las bases de la filosofía jurídica cristiana. Los teólogos medievales continuaron esa tradición y no fueron pocos los canonistas que se elevaron también a las alturas de la filosofía.

Pero tocó a Santo Tomás de Aquino (1225-1274), durante su corta pero laboriosa existencia, fijar con precisión ese pensamiento dándole una forma más depurada y profunda. Este monje dominico, nacido cerca de Nápoles, estudio en París y en Colonia bajo la dirección de San Alberto Magno, luego fue profesor en las capitales de Francia y de su patria.

De sus numerosas obras –destinadas muchas de ellas a combatir los errores de su tiempo o a comentar los libros de Aristóteles– la más importante y la que más nos interesa es la Summa Theologiae (Suma de teología), que constituye un estudio analítico de los problemas teológicos, metafísicos y morales.

El sistema tomista constituye un majestuoso edificio que abarca todas las ramas de la filosofía, a la cual estudia desde el punto de vista cristiano, pero inspirándose en el pensamiento aristotélico y aprovechando también la obra de los escritores católicos.

Santo Tomás considera al universo entero como un conjunto ordenado en el cual cada ser ocupa el lugar que le corresponde y cumple la función asignada por el Creador. El mundo aparece así gobernado por Dios mediante reglas físicas y normas morales que constituyen la Ley Eterna.

Esta es “la razón de la divina Sabiduría, en cuanto es directiva de todos los actos y mociones”. La ley eterna regula los movimientos de las cosas (leyes físicas o naturales) y de los seres (leyes biológicas, religiosas y morales).

Cuando se dirige a las cosas y a los seres irracionales la ley eterna tiene carácter necesario, pues sus reglas se imponen fatalmente. Estas reglas son conocidas por los hombres no directamente, sino mediante la observación de sus efectos que las ciencias de la naturaleza estudian.

La misma ley eterna, cuando se dirige a los hombres, se llama ley natural, la cual no es otra cosa que la “participación de la ley eterna en la criatura racional”.

La observancia de sus preceptos ya no tiene carácter necesario, sino voluntario, pues depende del libre albedrío de los hombres. Pero éstos se someten generalmente a ella porque, por un lado, coinciden con las propias inclinaciones de la naturaleza humana y, por el otro, se imponen racionalmente señalando el camino del bien que todos apetecen y buscan.

El conocimiento de esa ley natural es innato en el hombre. Hay en cada uno de nosotros dos inclinaciones o hábitos: el especulativo, que conduce a la investigación de la verdad, y el práctico, que dirige esa verdad a la acción.

Los seres humanos tienen una tendencia natural tanto a conocer la verdad cuanto a discernir los principios morales de la acción, que los inclinan al bien. Esta luz o disposición natural se llama sindéresis y no es otra cosa que el hábito que imprime en nuestra mente las verdades contenidas en la ley natural. La aplicación de estas verdades a los casos concretos ya es obra de la razón y de la voluntad humana, en el ejercicio de su libertad.

El contenido de esa ley natural puede resumirse en un solo precepto: hacer el bien y huir del mal. Abarca, por lo tanto, los primeros principios de la moral y del Derecho, puesto que orienta los actos humanos por el camino de todas las virtudes.

Pero no todos los actos virtuosos son obligatorios en el sentido jurídico y, por lo tanto, el Derecho natural es sólo una parte de la ley natural. Su contenido propio deriva racionalmente de las tres tendencias naturales del hombre: la conservación de la vida, la perpetuación de la especie y el deseo de conocer la verdad sobre Dios y de vivir en sociedad.

De esta última tendencia provienen otros principios básicos de la convivencia humana: no dañar a otros, dar a cada uno lo suyo, etc.

La ley natural y el Derecho natural

La ley natural participa de los caracteres de la ley eterna y es, consecuentemente, universal e inmutable, es decir, rige en todos los tiempos y lugares. Pero esto se entiende con respecto a los primeros principios ya indicados y no a las aplicaciones particulares de los mismos, que pueden variar según las circunstancias.

El derecho natural, a su vez, es el fundamento de la ley humana o positiva. Esta última se vincula a aquél de dos maneras: o bien deriva del Derecho natural por vía de deducción de esos primeros principios o bien es la reglamentación concreta de los casos no previstos en aquél.

En el primer supuesto, la ley humana participa en cierto modo de los caracteres del Derecho natural en cuanto a su inmutabilidad y universalidad; en el segundo, es contingente y variable, pues se adecua a las necesidades históricas de cada pueblo. El Derecho positivo es, por lo demás, indispensable para imponer, mediante la coacción, una disciplina que asegure la paz y la justicia en la sociedad.

De tal manera, Santo Tomás establece una verdadera jerarquía de leyes, puesto que la ley natural deriva de la eterna y la positiva o humana debe ajustarse a aquella. En caso contrario, cuando el Derecho sancionado por los hombres contraría esos principios superiores, “ya no será ley, sino corrupción de la ley”.

Los hombres no tienen obligación de cumplir esas leyes injustas y deben oponerse a ellas cuando contrarían las normas de Dios.

La teoría de la justicia que Santo Tomás expone proviene fundamentalmente de Aristóteles. Para aquél, la justicia es una virtud que “ordena al hombre en sus relaciones con otro” y consiste en “el hábito por el cual se da, con una voluntad constante y perpetua, su derecho a cada uno”.

Desde un punto de vista, la justicia es una virtud general en cuanto orienta los actos humanos al bien común. Y como la ley es la encargada de procurar ese bien común, esa especie de justicia se llama también legal, “porque por ella el hombre se ajusta a la ley que ordena los actos de todas las virtudes al bien común”.

Desde otro punto de vista, existe una justicia particular que persigue el bien de cada uno y sólo mediata o indirectamente el común. Esto ocurre de dos maneras:

1. La justicia conmutativa regula, sobre la base de la igualdad, las obligaciones que surgen entre personas privadas, procurando que haya una equivalencia en los cambios, la compraventa, la permuta, etc.

2. La justicia distributiva realiza el reparto de los bienes comunes que la autoridad hace entre las personas que le están subordinadas, teniendo en cuenta una proporción adecuada a la importancia de cada persona.

En todos los casos se da lo que es suyo, lo que le pertenece a cada uno, ya porque le corresponde en propiedad (como el que recupera la cosa prestada), ya por razón de obligación (como el que recibe el precio de lo que ha vendido) o ya porque las cosas comunes son, en cierto modo, de cada uno y se distribuyen según los méritos, como los premios, los honores, etc.

Hay, por consiguiente, en la teoría tomista tres especies de justicia, general o legal, distributiva y conmutativa, que regulan todas las relaciones posibles: de las partes al todo, del todo a las partes y de las partes entre sí. En esta forma quedó ampliada la clasificación bipartita de Aristóteles.

Mientras las otras virtudes (prudencia, templanza y fortaleza) perfeccionan al hombre considerado en sí mismo, individualmente, la justicia le señala el camino recto en sus relaciones con los demás. Y para imponerles esa conducta surge el Derecho, que es así el objeto propio de la justicia puesto que trata de realizarla.

La finalidad principal del Derecho entronca en algo que lo supera y le da carácter sublime, pues se trata de la más importante de las virtudes morales. En esta forma el Derecho no es sino una parte de la moral, la parte que regula y ordena los actos humanos para conseguir el bien común.

(El texto es parte del capítulo II del tomo I del libro Historia del Derecho Argentino de Ricardo Zorraquín Becú, jurista e historiador del derecho fallecido el 24 de mayo de 2000).

Tomado de: textoslegalesantiguos.blogspot.com

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