La Gaceta Jurídica

El Derecho en la antigüedad y en la Edad Media

(Parte final)

Ricardo Zorraquín Becú

00:00 / 30 de agosto de 2015

El Derecho Canónico

La Iglesia católica organizó desde los primeros siglos su propio Derecho que se impuso en el mundo occidental. Ese Derecho está destinado a organizar el gobierno de la Iglesia como sociedad jurídica perfecta y las relaciones de ésta con sus fieles y la actividad religiosa exteriorizada a través del culto y los sacramentos.

Además, la influencia creciente del catolicismo permitió que el Derecho Canónico penetre en el laico inspirando sus soluciones, absorbiendo materias que –como el matrimonio, la familia, el parentesco, etc.– dependen de las instituciones de la Iglesia.

El Derecho Canónico –de “canon”, que significa regla– tiene origen y fundamento en la revelación divina desarrollada en la Biblia. A este Derecho divino se fueron agregando las normas impuestas por la tradición, por los santos padres en sus libros (la Patrística), por los decretos de los Papas y los cánones de los concilios que formaron el Derecho Canónico.

La diversidad de las fuentes y la dispersión de la Iglesia en los siglos de las invasiones originaron la dificultad de conocer ese Derecho y cierto particularismo del mismo. Surgió así la necesidad de recopilar y ordenar. Esta función se cumplió extraoficialmente. La primera colección de cánones la hizo en Roma, a fines del siglo V o a principios del VI, un monje llamado Dionisio el Exiguo. Pero la que tuvo mayor importancia y difusión en la Alta Edad Media fue la Hispana, formada en la península ibérica durante el siglo VII por un autor desconocido.

Entre 1140 y 1142 el monje Graciano hizo una obra fundamental que tituló Concordia discordantium canonum, más conocida como Decretum, una recopilación de fuentes y obra doctrinaria porque ordena ese material heterogéneo procurando darle unidad y coherencia. Enorme fue la influencia de este libro para el conocimiento y para la enseñanza del Derecho Canónico porque sirvió de texto en la escuela de Bolonia, donde Graciano era profesor.

Sobre su base se formó el Corpus Iuris Canonici, que reunió varias compilaciones de los siglos XIII a XV:

a) Las Decretales del papa Gregorio IX, recopiladas en cinco libros por San Raimundo de Peñafort y promulgadas en 1234.

b) El Liber sextus de Bonifacio VIII de 1298.

c) Las Clementinas de Juan XXII, completadas en 1317.

d) Las Extravagantes de Juan XXII, que comprendían decretales de este pontífice posteriores a 1317.

e) Las Extravagantes Comunes, que reúnen normas papales hasta fines del siglo XV.

Estas dos últimas, que no tenían carácter oficial, fueron agregadas a las anteriores por el jurista francés Jean Chappuis, que en 1500 editó el conjunto. Luego se hizo una revisión oficial de los textos reunidos, la cual fue aprobada en 1580 y publicada en 1582 como Corpus Iuris Canonici, a imitación del título con el cual se conocía la compilación de Justiniano.

No cesó esta obra legislativa de la Iglesia. Entre las reformas más importantes están las sancionadas del Concilio de Trento (1545-1563), que versan principalmente sobre el matrimonio y la disciplina eclesiástica. Felipe II promulgó estas reformas como leyes de España y de las Indias por real cédula del 12 de julio de 1564.

La prédica de una nueva moral y la cultura superior de los miembros de la Iglesia determinaron la progresiva cristianización del Derecho. Este proceso consiste en la adaptación de las normas jurídicas laicas a las enseñanzas religiosas y en la moralización del Derecho.

La Iglesia no se preocupó solo de organizar su funcionamiento como institución, sino que trató de inculcar normas de convivencia ajustadas a sus doctrinas. Su influencia fue notable en la reglamentación del matrimonio, en la organización de la vida familiar, en la protección de los humildes, la pacificación y decencia de las costumbres, la moderación de las penas, la observancia de los contratos, la represión de la usura, etc.

Asimismo, gracias a la gravitación cultural y política de los dignatarios de la Iglesia, ésta consiguió muchas veces inculcar en los gobernantes ideas de moderación y prudencia en el ejercicio de su ministerio y afirmó la doctrina de que el poder es una concesión divina sujeta a limitaciones, que obliga a someterse a las leyes de Dios, al derecho natural y al respeto por el orden jurídico imperante.

La recepción del Derecho romano justinianeo

El Derecho romano conocido en Occidente era el recogido en los códigos de fines del siglo IV y principios del V y en algunas obras doctrinarias. Las grandes compilaciones de Justiniano apenas se habían difundido en los países que no estaban sometidos al imperio.

El desarrollo de la cultura permitió que prosperaran escuelas de Derecho en Italia. Entre ellas sobresalió la de Bolonia, desde fines del siglo XI, donde se estudió el Corpus juris civilis de Justiniano comentando sus doctrinas y sus leyes. Diversas circunstancias –entre ellas el prestigio de que gozaba el Derecho romano en una cristiandad que se mantenía unida a pesar de la separación de los Estados– convirtieron a Bolonia en el Centro más importante de los estudios jurídicos medievales, donde una pléyade de maestros y discípulos se perfeccionó para difundir en Europa la ciencia fundada en aquellas compilaciones.

El primero que se destacó en Bolonia fue Irnerio (muerto después de 1125), quien inauguró la escuela de los glosadores, que consistía en comentar las leyes y doctrinas romanas escribiendo –entre líneas o al margen del manuscrito– una glosa que trataba de resumir y explicar. Estas interpretaciones fueron el punto de partida para mayores desarrollos teóricos destinados a obtener un conocimiento más perfecto y orgánico del sistema jurídico.

Resultado de esa elaboración científica fueron las Summae que varios juristas escribieron en el siglo XII y que constituyeron tratados de Derecho. La última figura de esta escuela fue Accursio (muerto hacia 1260), quien reunió los comentarios y escribió la Glossa ordinaria difundida en Occidente.

La escuela extendió por Europa sus enseñanzas, en especial en las Universidades que aparecieron como testimonio del renacimiento cultural. El Piacentino (oriundo de Plasencia, Italia) fundó en Montpellier una escuela de Derecho en la cual aplicó los métodos boloñeses en la segunda mitad del siglo XII. La enseñanza se extendió a Orleans, Oxford y otras casas de estudio, así como a las fundadas a principios del siglo XIII en Palencia, Salamanca y Valladolid, España.

Por esta difusión del Derecho romano justinianeo y del Canónico, exaltados por la nueva ciencia jurídica, los dos sistemas fueron mejor conocidos y comenzaron a ser aplicados en algunas partes de Europa como Derecho común, es decir, supletorio de los derechos particulares. Las leyes canónicas continuaron en vigencia por la Iglesia que mantenía su régimen jurídico y orientaba la cultura. Las romanas se impusieron en Italia desde el siglo XIII como legislación considerada el propio Derecho nacional. En Francia las provincias meridionales las admitieron como coutumes, en reemplazo de las antiguas, mientras el norte conservó su sistema propio. En Alemania el Tribunal de la Cámara del Imperio, creado en 1495, recibió la orden de aplicar el Derecho común (romano y canónico) salvo en los casos regidos por normas particulares.

El estudio de ese Derecho común suscitó en Italia la aparición de la nueva escuela de los postglosadores o bartolistas. Iniciada por Cino da Pistoia a principios del siglo XIV, su máximo exponente fue Bártolo de Saxoferrato (1314-1357), le siguieron Baldo de Ubaldis y muchos comentaristas. Esta escuela, tratando de superar la exégesis más o menos literal de las normas (que había caracterizado a la anterior), quiso buscar su verdadero y profundo sentido, la ratio legis y creó nuevas concepciones dando solución jurídica a muchos problemas. El mismo método aplicaron Juan Andrés y Nicolás de Tudeschi (el Abad panormitano) al comentario de las leyes canónicas.

Gracias a esas dos escuelas se formó una ciencia del Derecho que de las universidades pasó a la aplicación práctica de las doctrinas y de las soluciones concretas que se fueron elaborando. Los postglosadores utilizaron los procedimientos de la escolástica y conquistaron una autoridad grande que fue, a veces, superior a la que tenían las mismas normas del Derecho romano, a las cuales dieron un sentido más orgánico y actualizado.

La Recepción en España

Esta difusión alcanzó a la península ibérica. Los estudiantes españoles de Bolonia volvieron a su patria con las nuevas ideas que luego enseñaron en las universidades e inspiraron en la labor de los tribunales superiores. Pero el Derecho común no se impuso sin resistencia de quienes pretendían conservar el orden tradicional, de esta lucha procede el complejo sistema jurídico de España.

Desde que se unieron los reinos de Castilla y León (1230) se manifestó una política real orientada a uniformar el localismo jurídico y la diversidad de fuentes que entonces existía. Fernando III el Santo ordenó en 1241 traducir el Liber Judiciorum al lenguaje común, y llamándolo Fuero Juzgo lo otorgó en tal carácter –como fuero– en varias ciudades reconquistadas.

Alfonso X el Sabio, su hijo, continuó idéntica política con el Fuero Juzgo. Hizo redactar otro cuerpo legal llamado Fuero Real (1255), él y sus sucesores lo dieron a varias poblaciones para unificar los derechos locales. Esta nueva obra legislativa se inspiraba principalmente en los fueros anteriores y en el derecho común (romano y canónico) conocido en España y ejerció una influencia considerable entre los juristas.

La gran obra legislativa de la época fue el código Siete Partidas. Su historia es algo confusa y poco conocida. Alfonso el Sabio redactó –con ayuda de los juristas de la Corte– un “Libro del Fuero”, en cuyo prólogo se dice que es “espejo del Derecho”, y, por esta razón, recibió el nombre de “Espéculo”.

La obra, hecha entre 1256 y 1260, tenía cinco libros acerca del rey, la Corte, las obligaciones de los súbditos y el Derecho procesal. Fue sancionado y promulgado para servir de guía en la Corte y para ser aplicado por los jueces nombrados por el rey, distintos de los jueces locales que utilizaban los fueros.

Estas dos novedades legislativas, que tendían a la progresiva unificación del Derecho, fueron mal recibidas por las ciudades y por los nobles. Alfonso el Sabio se vio obligado a derogarlas y a restablecer la vigencia plena de los fueros antiguos (1274). El propio rey inició una revisión del Espéculo, incorporándole el Derecho Canónico, el privado y el penal hasta formar una enciclopedia del sistema jurídico dividida en siete partidas. Con este nombre fue conocido en lo sucesivo.

A principios del siglo XIV la obra fue perfeccionada por juristas que acentuaban su contenido doctrinario. En su redacción definitiva –aunque no oficial– las Partidas constituyen un monumento del saber jurídico de la época, contiene normas y fundamentos, alterna su enunciado con preceptos religiosos, morales y políticos de gran interés. Las Partidas provienen de fuentes variadísimas y fueron inspiradas en pensadores clásicos griegos y latinos, en la Biblia, en los padres de la Iglesia y en los filósofos medievales para afirmar en sus citas las razones de las leyes.

En lo jurídico utilizan fundamentalmente el Derecho romano y el canónico y las glosas; pero no prescinden del Derecho castellano, procuran armonizar las soluciones comunes con la terminología y las instituciones propias, creando un sistema original. Su belleza literaria y la profundidad de sus ideas le dieron renombre universal; fue traducido a otros idiomas e influyó en el desarrollo jurídico europeo.

Se producía una lucha entre el Derecho común, más científico y técnico, que trataba de introducirse en la práctica y los derechos locales, de carácter tradicional, que tenían a su favor la aceptación de los pueblos. Luego de la batalla de las Navas de Tolosa (1212) el rey Alfonso VIII dispuso que se redactaran las costumbres territoriales de Castilla.

Se formó varias colecciones de fuentes (fazañas y costumbres) de origen privado que no fueron aprobadas por los reyes. Esta elaboración del Derecho tradicional prosiguió en los siglos XIII y XIV hasta rematar en la más conocida, Fuero Viejo de Castilla (1356).

Los reyes, que no habían intervenido en la formación del Derecho en los siglos anteriores, comenzaron a legislar desde el siglo XIII en unión con las cortes. En las de Alcalá de Henares, reunidas en 1348, se sancionó el Ordenamiento de Alcalá que refunde leyes anteriores y en parte el Derecho consuetudinario de Castilla ya escrito. La importancia de este ordenamiento consiste en que:

1. Afirmó “que al Rey pertenesce, e ha poder de facer fueros, e Leys, e de las interpretar, e declarar, e emendar”, atribuyéndole la suprema potestad legislativa

2. Dispuso que para resolver los pleitos debían aplicarse las leyes de ese ordenamiento, a falta de ellas los fueros locales en todo aquello que estuviera en vigor, y, en ausencia de una disposición legal o de los fueros, las Partidas de Alfonso el Sabio. Así entró en vigor, con carácter supletorio, el código que acreditaba el triunfo del Derecho común sin abandonar el sistema tradicional que debía ser aplicado con preferencia.

Este último perdió vigor y dejó de desarrollarse en Castilla, fue sustituido por la legislación real cada vez más abundante y minuciosa. Los reyes católicos encargaron al doctor Alonso Díaz de Montalvo recopilar las leyes y ordenanzas vigentes y las disposiciones del Fuero Real que estuvieran en uso; en 1484 se publicó y promulgó las Ordenanzas Reales de Castilla u “Ordenamiento de Montalvo”. Esta recopilación defectuosa reunió las leyes sancionadas en cortes, las pragmáticas y ordenanzas de los reyes y algunas disposiciones del Fuero Real.

Estas reformas no fueron suficientes para concluir con la imprecisión del Derecho en vigor. Para suplir sus vacíos se dispuso en 1499 acudir a las opiniones de los postglosadores más famosos del siglo XIV y XV. Bártolo, Baldo, Juan Andrés y el Abad Panormitano. Esta solución fue derogada.

Las Leyes de Toro suprimieron el recurso a la doctrina de los postglosadores (1505) y volvieron a sancionar el mismo orden de prelación de las leyes con una variante: 1. las leyes reales; 2. las disposiciones contenidas en los fueros, incluso el Fuero Real, en cuanto “son o fueren usadas” en cada lugar; 3. las Siete Partidas.

El problema de la vigencia del Fuero Juzgo y del Fuero Real no quedó resuelto, pues, mientras algunos juristas sostenían que era necesario demostrar su uso para aplicarlos, otros consideraban que eran fueros generales que no necesitaban prueba. En cuanto a las Partidas, al entrar en vigor en 1348 como Derecho supletorio se ordenó establecer su texto oficial, esto se hizo en 1555 al imprimir la edición de Gregorio López con sus glosas latinas. De este modo, a principios de la Edad Moderna, Castilla era el único país de Europa que tenía un Derecho casi totalmente escrito. Aunque continuaban en vigor los fueros locales y las antiguas costumbres fijadas por escrito, el Derecho territorial sancionado por los reyes en los siglos XIV y XV había alcanzado indiscutida primacía. Desde el punto de vista doctrinario las Partidas seguían destacándose por su perfección científica, su orden sistemático y la abundancia de materias que abarcaban.

No ocurrió lo mismo en otras regiones de España. El Derecho foral continuó rigiendo y desarrollándose en las provincias vascongadas, Navarra, Aragón y Cataluña.

En el reino aragonés las costumbres territoriales fueron escritas con un sentido tradicional opuesto a la recepción del Derecho romano. Este último prevaleció en Cataluña en el siglo XV. Mucha importancia tuvo en Europa el Libro del Consulado del Mar (Libre del Consolat de Mar), redactado hacia 1370 por un especialista de Barcelona, que recopiló las fuentes de Derecho marítimo en uso y fue aplicado en el Mediterráneo.

La Doctrina escolástica

Así como la Baja Edad Media contempló el florecimiento de la ciencia jurídica, la filosofía del Derecho perfeccionó una doctrina de alcance universal y de vigencia permanente que, enseñada en las escuelas, fue denominada escolástica.

Ya vimos cómo San Agustín planteó las bases de la filosofía jurídica cristiana. Los teólogos medievales continuaron esa tradición y no fueron pocos los canonistas que se elevaron a las alturas de la filosofía. Tocó a Santo Tomás de Aquino (1225-1274) fijar con precisión ese pensamiento con una forma más depurada y profunda.

El sistema tomista constituyó un majestuoso edificio que abarcó las ramas de la filosofía, a la cual estudió desde el punto de vista cristiano, pero inspirado en el pensamiento aristotélico y aprovechando la obra de los escritores católicos.

Santo Tomás considera al universo entero como un conjunto ordenado en el cual cada ser ocupa el lugar que le corresponde y cumple la función asignada por el Creador. El mundo aparece gobernado por Dios mediante reglas físicas y normas morales que constituyen la Ley Eterna. Esta es “la razón de la divina Sabiduría, en cuanto es directiva de todos los actos y mociones”. La ley eterna regula los movimientos de las cosas (leyes físicas o naturales) y de los seres (leyes biológicas, religiosas y morales). Cuando se dirige a las cosas y a los seres irracionales la ley eterna tiene carácter necesario, pues sus reglas se imponen fatalmente. Estas reglas son conocidas por los hombres no directamente, sino mediante la observación de sus efectos que las ciencias de la naturaleza estudian.

La misma ley eterna, cuando se dirige a los hombres, se llama ley natural, que es la “participación de la ley eterna en la criatura racional”. La observancia de sus preceptos ya no tiene carácter necesario, sino voluntario, pues depende del libre albedrío de los hombres. Pero éstos se someten generalmente a ella porque coinciden con las propias inclinaciones de la naturaleza humana y se imponen racionalmente señalando el camino del bien que todos apetecen y buscan.

El conocimiento de esa ley natural es innato. Hay en cada uno de nosotros dos inclinaciones o hábitos: el especulativo, que conduce a la investigación de la verdad, y el práctico, que dirige esa verdad a la acción. Los humanos tienen una tendencia natural a conocer la verdad y a discernir los principios morales de la acción, que los inclinan al bien. Esto se llama sindéresis y es el hábito que imprime en nuestra mente las verdades contenidas en la ley natural. La aplicación de estas verdades a los casos concretos ya es obra de la razón y de la voluntad humana en el ejercicio de su libertad.

El contenido de esa ley natural es resumido en hacer el bien y huir del mal. Abarca los primeros principios de la moral y del derecho, puesto que orienta los actos humanos por el camino de todas las virtudes. Pero no todos los actos virtuosos son obligatorios en el sentido jurídico y, por lo tanto, el Derecho natural es solo una parte de la ley natural. Su contenido propio deriva racionalmente de las tres tendencias naturales: la conservación de la vida, la perpetuación de la especie y el deseo de conocer la verdad sobre Dios y de vivir en sociedad. De esta última tendencia provienen otros principios básicos de convivencia: no dañar a otros, dar a cada uno lo suyo, etc.

La ley natural participa de los caracteres de la ley eterna y es universal e inmutable, rige en todos los tiempos y lugares. Pero esto se entiende con respecto a los primeros principios indicados y no a las aplicaciones particulares de los mismos, que varían según las circunstancias.

El Derecho natural es el fundamento de la ley positiva. Esta última se vincula a aquél de dos maneras: deriva del Derecho natural por vía de deducción de esos primeros principios o es la reglamentación concreta de los casos no previstos en aquél. En el primer supuesto la ley participa en cierto modo de los caracteres del Derecho natural en cuanto a su inmutabilidad y universalidad; en el segundo es contingente y variable, se adecua a las necesidades históricas de cada pueblo. El Derecho positivo es, por lo demás, indispensable para imponer, mediante la coacción, una disciplina que asegure la paz y la justicia en la sociedad.

Así Santo Tomás estableció una jerarquía de leyes, puesto que la ley natural deriva de la eterna y la positiva o humana debe ajustarse a ella. En caso contrario, cuando el Derecho sancionado por los hombres contraría esos principios superiores “ya no será ley, sino corrupción de la ley”. Los hombres no tienen obligación de cumplir esas leyes injustas y deben oponerse a ellas cuando contrarían las normas de Dios.

La teoría de la justicia que Santo Tomás expone proviene fundamentalmente de Aristóteles. Para aquél, la justicia es una virtud que “ordena al hombre en sus relaciones con otro”, y consiste en “el hábito por el cual se da, con una voluntad constante y perpetua, su derecho a cada uno”. Desde un punto de vista, la justicia es una virtud general en cuanto orienta los actos humanos al bien común. Y como la ley es la encargada de procurar ese bien común, esa especie de justicia se llama legal, “porque por ella el hombre se ajusta a la ley que ordena los actos de todas las virtudes al bien común”.

Desde otro punto de vista, existe una justicia particular que persigue el bien de cada uno y solo mediata o indirectamente el común. Esto ocurre de dos maneras: la justicia conmutativa regula, sobre la base de la igualdad, las obligaciones que surgen entre personas privadas, procurando que haya una equivalencia en los cambios, la compraventa, la permuta, etc.; y la justicia distributiva realiza el reparto de los bienes comunes que la autoridad hace entre las personas subordinadas, teniendo en cuenta una proporción adecuada a la importancia de cada persona.

En todos los casos se da lo que es suyo, lo que le pertenece a cada uno, ya porque le corresponde en propiedad (como el que recupera la cosa prestada), ya por razón de obligación (como el que recibe el precio de lo que ha vendido), ya porque las cosas comunes son en cierto modo de cada uno y son distribuidas según los méritos, como los premios, los honores, etc.

En la teoría tomista hay tres especies de justicia, general o legal, distributiva y conmutativa, que regulan las relaciones posibles: de las partes al todo, del todo a las partes y de las partes entre sí. En esta forma quedó ampliada la clasificación bipartita de Aristóteles.

Mientras las otras virtudes (prudencia, templanza y fortaleza) perfeccionan al hombre considerado en sí mismo, individualmente, la justicia le señala el camino recto en sus relaciones con los demás. Para imponerles esa conducta surgió el Derecho, que es el objeto de la justicia, puesto que trata de realizarla.

La finalidad principal del Derecho entronca en algo que lo supera y le da carácter sublime, pues se trata de la más importante de las virtudes morales. En esta forma el Derecho es una parte de la moral, la parte que regula y ordena los actos humanos para conseguir el bien común.

Fue doctor en jurisprudencia e historiador del Derecho argentino (1911-2000). Texto extraído del capítulo 2 del Tomo I de su libro Historia del Derecho Argentino.

Tomado de: textoslegalesantiguos.blogspot.com

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