La Gaceta Jurídica

Derecho constitucional y poder político

En general, la constitución, vista desde el ámbito jurídico, es considerada una norma. Una que sirve para fundamentar el resto del ordenamiento legal del Estado, pero que usualmente no es muy explícita cuando se trata de abordar la cuestión del fundamento de la constitución misma. Esto dificulta en gran medida conocerla también en su dimensión política.

La Constitución, ley fundamental, sirve para legitimar formalmente al resto del orden legal del Estado.

La Constitución, ley fundamental, sirve para legitimar formalmente al resto del orden legal del Estado. FOTO: Archivo La Razón

La Razón (Edición Impresa) / Gróver Pinto Machicao*

00:00 / 20 de enero de 2015

Esto bien podría ayudarnos a tener una mejor comprensión de ella; además de coadyuvar también a discurrir sobre el problema siempre recurrente en la historia política de Bolivia y su cuestionamiento sobre la independencia del órgano judicial.

La constitución –como lo dijimos–, desde el ámbito jurídico boliviano, tiende siempre a ser considerada a partir una perspectiva cerradamente normativista, de acuerdo con lo que la misma constitución señala en su artículo 410 inc. II: “La constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa...”

Es decir, está considerada siempre como una norma fundamental que sirve para legitimar formalmente al resto del orden legal del Estado; pero que, sin embargo, esta misma constitución, al haber incorporado principios y valores, hace referencia claramente a que la ley fundamental trasciende a lo puramente normativo y formal. Aunque de manera poco convincente a estos valores y principios también se los haya catalogado como normas, soslayando el hecho de que, dado el carácter axiológico de éstos, exige un especial tratamiento en cuanto a su interpretación, pero que, en todo caso, no son ajenos a la política. 

Por lo general, cuando se cuestiona sobre el fundamento de la constitución misma se recurre casi siempre –y muy de acuerdo con la tradición positivista sobre la que ha estado diseñado el constitucionalismo boliviano– a la norma fundamental hipotética, pero que, según la propia teoría positivista, ésta no sería una norma positiva, sino más bien supuesta, que no ayuda a resolver el problema y, más bien, la confunde, pues como hay que suponerla, resulta ser algo indemostrable empíricamente.

Conjunto de decisiones

Uno de los primeros pensadores que ayudó a comprender la constitución en esta su dimensión política fue el social- demócrata alemán Ferdinand La Salle, quien expuso didácticamente que: “los problemas constitucionales son primariamente políticos, y solo secundariamente jurídicos”. Y que toda constitución “es la suma de los factores reales de poder”.

Pero debe ser Carl Smith quien, de manera más explícita, lo definió a partir de su teoría decisionista que gozó siempre de gran aceptación en el ámbito jurídico boliviano al señalar que una constitución es “un conjunto de decisiones políticas fundamentales” y que “la constitución no nace ni se establece por sí misma, sino por un acto del poder constituyente, es decir de la voluntad política preexistente”.

Asumiendo una postura realista, puede decirse que una constitución procede siempre de un poder; de uno de naturaleza política que la teoría jurídica ha denominado poder constituyente. Por lo tanto, toda constitución es el resultado de ese poder y de las relaciones de poder que puedan existir dentro el mismo.

Esto quiere decir, sucintamente, que la ley fundamental viene a ser el resultado de lo que el grupo social dominante haya podido imponer como criterio de verdad sobre el grupo social de menor poder, en el momento mismo de crearse una constitución. Por lo tanto, lo que pueda representar el Estado justo constitucionalmente lo definirá siempre el grupo social dominante.

Esta condición particular, en donde lo justo solo puede ser determinado a nivel del consenso, es pues política. Pero que, en todo caso, el resultado al que se haya podido llegar será siempre solo una opción o un punto de vista de entre los muchos que pudieran existir, pero que no tuvieron el poder suficiente para imponerse.

Solo después, y subsidiariamente, se convertirá en derecho, aunque, desde luego, desde el ámbito jurídico, este hecho trate de desconocerse o minimizarse y hacer aparecer más bien a una constitución como algo alejado de la política.

Esto fue, precisamente, lo que sucedió al fundarse Bolivia con su constitución de 1826, que no tenía ninguna norma precedente, sino que fue solo el fruto de la voluntad política de un poder constituyente, es decir del poder político representado en una asamblea constituyente que en 1826 estaba copada casi íntegramente por antiguos terratenientes, mineros y comerciantes de origen colonial, que era el grupo social dominante.

Por eso, dentro de esa constitución pudieron imponer, por ejemplo, el derecho a la propiedad que respondía al interés de salvaguardar su patrimonio de origen colonial. O el derecho a la libertad e igualdad para todos los ciudadanos bolivianos, que implicaba saber leer y escribir, lo que, tácitamente, excluía a la gran mayoría y que respondida al interés de las elites criollas de controlar el poder político.

Una constitución responde a la política, no hay modo de sustraerse a esa realidad, tal como su propio nombre lo señala, solo que el derecho positivo se ha encargado de oscurecerlo tanto que se lo ha hecho casi imperceptible. Y, como es fruto del poder, fluctuará siempre de acuerdo a los vaivenes de la política y su correlación de fuerzas o, dicho de otra manera, quien tenga la fuerza necesaria, impondrá también lo que deba ser el derecho.

Nuevas épocas

En Bolivia esta correlación de fuerzas políticas no tuvo mayor variación hasta 1938 o, más nítidamente, hasta la Revolución de 1952, pues con este hecho político el poder se afincó radicalmente en los sectores sociales antes marginados, los campesinos e indígenas.

Esta revolución es la que determinó lo que serían las constituciones de 1961 y de 1967, leyes fundamentales que incluyeron la conquistas  políticas, sociales y económicas logradas con esa revolución. Es decir que un hecho de naturaleza política determinó lo que tendría que ser el nuevo Derecho.

De ese modo, por ejemplo, fueron reconocidos el derecho a la ciudadanía de todos los bolivianos sin distinción, el derecho al voto universal y la abolición de la servidumbre gratuita.

La última etapa

En 2009 esta correlación de fuerzas se inclinó definitivamente a favor de los sectores indígena campesinos. Y, en razón de ello, los constituyentes pudieron incorporar legalmente en la constitución, por ejemplo, la jurisdicción y la autonomía indígena originaria campesina; impensables normativamente hace un siglo.

El constitucionalismo boliviano ha respondido siempre a esta determinante de orden político, resultante de esa correlación de fuerzas políticas y sociales. Por ejemplo, en su texto de derecho constitucional, Pablo Dermizaky lo describe así: “El poder constituyente es (como hemos visto) la voluntad política creadora del Estado, que se convierte en voluntad jurídica al dictar la constitución y crear, mediante ella, el gobierno y el ordenamiento jurídico de la sociedad”.

Esta preeminencia de la política se hace patente también en el ámbito jurídico, cuando se aborda cuestiones de jurisprudencia constitucional, donde ya no se está propiamente frente a normas jurídicas positivas, sino más bien a modos de interpretación que, en el fondo, se trata más bien de cuestiones de filosofía política.

Incluso, el artículo 196 inc. II va mas allá al señalar que: “En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente...”, lo que, evidentemente, señala que se adopte con preferencia una interpretación política.

Esta realidad nos enfrenta a un panorama complejo. Porque si el derecho procede de la política, como se plantea a través de la historia de Bolivia, queda abierta la pregunta de ¿cómo es posible, desde el plano teórico, concebir una justicia que sea absolutamente independiente del poder político? 

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