La Gaceta Jurídica

Derecho constitucional y procedimiento constitucional

(Parte I)

Foto: libreriacedice.org.ve

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Dr. Leobigildo Cuno Aliaga

00:00 / 03 de junio de 2014

1. Introducción

Ensayo de Derecho Comparado: “El tratamiento a la propiedad privada en las constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia”Para el trabajo de investigación se tomarán en cuenta las tres legislaciones con respecto a sus regímenes de propiedad privada. Esto supone un somero análisis sobre la propiedad en Venezuela, Ecuador y Bolivia, países que en estas dos últimas décadas tuvieron cambios constituyentes y sus nuevas legislaciones han emergido de una Asamblea Constituyente. Este aspecto es tan relevante para la democracia

Latinoamericana de manera independiente a que en el presente trabajo se dé un enfoque a la propiedad privada.

Es importante sostener que los tres países ya citados aprobaron sus constituciones muy reciente. Así, la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela fue publicada el 30 de diciembre de 1999, la Constitución de la República de Ecuador es del 5 de junio de 1998 -y aún está en proceso de aprobación- y la Constitución de Bolivia fue aprobada el 7 de febrero de 2009.

2. Antecedentes

En el contexto latinoamericano, es importante sostener que la investigación del tratamiento a la propiedad privada en los tres países que se mencionan en el presente trabajo pretende demostrar que existen similitudes, pero a su vez también existen algunas diferencias que no son tan trascendentales.

Cabe destacar que no existe un criterio uniforme sobre el derecho a la propiedad de las tierras de los pueblos primitivos; no existía la compra y venta de tierras, aunque existían ciertos derechos sobre las mismas (préstamos), como resultado de alianzas políticas o la incorporación de nuevos actores en los grupos sociales.

En el Código de Hammurabi, el primer conjunto de leyes de la historia, la mayor parte de la tierra de Babilonia era de  propiedad real y su venta estaba condicionada a ciertas obligaciones como proporcionar hombres para el ejército y para las obras públicas. La tierra era cultiva por los propietarios, por sus empleadores o por sus arrendatarios. Cada agricultor se comprometía a entregar una cosecha mínima.

La propiedad se transfería mediante un contrato por venta, promesa de venta, donación, arrendamiento, depósito, prenda o préstamo.

Durante la edad media la propiedad asume diversas formas según las épocas y lugares, pudiendo ser alodial, beneficiaria, censal, servil y comunal, aunque siempre encarnada a una persona en la cual se fundía los conceptos de dominiun (propiedad de la tierra) e imperium (soberanía o autoridad). El señor Feudal era el propietario; el vasallo percibía una parte de los frutos, como renta y los siervos cultivaban la tierra y tenía derecho de uso sobre la misma.

Propiedad privada son los derechos de las personas y empresas de obtener, poseer, controlar, emplear, disponer y dejar en herencia tierra, capital, cosas y otras formas de propiedad.

La propiedad privada se diferencia de la propiedad pública en que esta última se refiere a bienes de propiedad del Estado, comunidad o gobierno y no de individuos o entidades empresariales.

El concepto de propiedad fue sufriendo modificaciones a lo largo de la historia. A fines del siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, la propiedad privada surgió como la forma predominante de propiedad en el ámbito de la producción y las  tierras, desplazando a la propiedad feudal, los gremios, el sistema de talleres de trabajo y la producción artesanal, que se basaban en la propiedad de las herramientas de producción por parte de trabajadores individuales o gremios de artesanos.

En la antigüedad, en la Baja Mesopotamia, los particulares disponían con toda libertad de sus casas y jardines. En Egipto se mantenía el principio de que todas la tierra y los instrumentos pertenecían al faraón; la propiedad era un monopolio estatal similar a los regímenes que conocieron en otras épocas ciertas civilizaciones como el imperio de los Incas o la India antigua. Los pueblos griegos estaban poblados de agricultores libres, propietarios de sus tierras. En Roma, desde tiempos muy antiguos existía la propiedad personal, atributo del jefe de la familia, paralela a la propiedad colectiva, del grupo más amplio, la “gens”.

Sin embargo, siempre se observan muestras de propiedad privada, con períodos de avance y retroceso. La evolución está lejos de ser rectilínea. Cada época conoce simultáneamente varios tipos de propiedad. Las teorías que sostienen que la historia de la propiedad privada cumple etapas determinadas en una especie de evolución lineal, que desde un comunismo inicial conduciría a formas de propiedad privada, tal como existe hoy en día, son más bien una leyenda. Se trata, dice Lepage, “de un puro mito del que han sido víctimas desde el siglo pasado generaciones de etnólogos y sociólogos, preocupados en exceso por atribuir a las sociedades objeto de su estudio aquellas virtudes de las que, en su opinión, carecía la sociedad”.

El ascenso de la burguesía a finales de la época feudal fue afectando paulatinamente a la importancia relativa de la propiedad real y personal.

Históricamente, la propiedad personal no tenía importancia en comparación con la propiedad de la tierra. Por ello, casi no existía una regulación sobre la propiedad, transmisión y herencia de las propiedades personales. La creciente clase media que acumulaba riqueza podía transmitirla fácilmente mediante un testamento. Con la Revolución Industrial, el consiguiente abandono de la agricultura y la aparición de acciones y bonos, la propiedad personal alcanzó la misma importancia que la propiedad real. La tierra se convirtió en un bien que podía comprarse y venderse como cualquier objeto.

3. Planteamiento del problema

La propiedad privada en los países de República Bolivariana de Venezuela, República de Ecuador y de Bolivia presentan una complejidad en cuanto a la propiedad privada y la propiedad colectiva. La propiedad privada es eminentemente de particulares, vale decir de personas naturales. Sin embargo las legislaciones anteriores de regímenes liberales, por mucho tiempo mantuvieron que la propiedad es de personas jurídicas y de personas naturales, estas dos diferencias de mantener el derecho propietario. Ahora, en los 3 países citados se presentan variadas característica porque se han agrado nuevos componentes, como el caso de Bolivia con el derecho de los pueblos indígena originario campesinos, además del derecho colectivo ya existente.

En el nuevo texto constitucional se establece un modelo económico social y comunitario constituido por organizaciones estatales, privadas y sociales cooperativas, que garantiza la iniciativa privada y la libertad de empresa y establece como uno de los roles de las organizaciones estatales administrar los recursos naturales y sus procesos asociados, junto con los servicios públicos que la Constitución establece como derechos.

Respecto a la inversión privada, se pasa a privilegiar la nacional frente a la extranjera y promueve, en lo económico, la participación de cooperativas y grupos sin fines de lucro.

Para hacer el análisis, describiremos los contenidos en la actual constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la República de Ecuador y del Estado Plurinacional de Bolivia, colocados en este orden por el diseño del método propio de investigación. Así mismo, es importante hacer notar que de cada legislación correspondiente de cada Estado, solamente se ha extractado la parte referente al derecho privado.

TÍTULO VI DEL SISTEMA SOCIO ECONÓMICO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Capítulo I del Régimen Socio Económico y la Función del Estado en la Economía

Artículo 299.  El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta.

Artículo 300. La ley nacional establecerá las condiciones para la creación de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan.

Artículo 301. El Estado se reserva el uso de la política comercial para defender las actividades económicas de las empresas nacionales públicas y privadas.

No se podrá otorgar a empresas y organismos o personas extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales. La inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional.

Artículo 302. El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias,  explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo.

Artículo 303. Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela.

Artículo 304. Todas las aguas son bienes de dominio público de la Nación, insustituibles para la vida y el desarrollo. La ley establecerá las disposiciones necesarias a fin de garantizar su protección, aprovechamiento y recuperación, respetando las fases del ciclo hidrológico y los criterios de ordenación del territorio.

Artículo 305. El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantiza la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor.

La seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiera, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola.

El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley.

Artículo 306. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al desarrollo nacional. Igualmente fomentará la actividad agrícola y el uso óptimo de la tierra mediante la dotación de las obras de infraestructuras, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Artículo 307. El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaría para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola. Los campesinos o campesinas y demás productores o productoras agropecuarios tienen derecho a la propiedad de la tierra, en los casos y formas especificados por la ley respectiva. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y particulares de propiedad para garantizar la producción agrícola.

El Estado velará por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario.

Artículo 308. El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno.

Artículo 309. La artesanía e industrias populares típicas de la nación, gozaran de protección especial del Estado, con el fin de preservar su autenticidad, y obtendrán facilidades crediticias para promover su producción y comercialización.

Artículo 310. El turismo es una actividad económica de interés nacional, prioritario para el país en su estrategia de diversificación y desarrollo sustentable. Dentro de las fundamentaciones del régimen socioeconómico previsto en esta Constitución, el Estado dictará las medidas que garanticen su desarrollo. El Estado velará por la creación y fortalecimiento del sector turístico nacional.

(Continuará)

Abogado, con estudios en la Universidad Mayor de San Andrés. Realiza actualmente una maestría en Derecho Constitucional.

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