La Gaceta Jurídica

Derecho al honor vs derecho a la información

El Señor Justicia

La Gaceta Jurídica / Carlos Conde Calle

00:00 / 14 de septiembre de 2012

No es nuestro deseo, pero las noticias que circulan últimamente justifican esta columna. En La Razón del domingo pasado se informa que el columnista Rossel puede acogerse a la Ley de Imprenta. La base de cualquier información es el Derecho, en concreto, el HONOR, que, de alguna manera, se vincula al Derecho a la Intimidad. Pero no son lo mismo. El honor tiene que ver con tipos penales regulados por el Código Penal (cp). Estos son calumnia, difamación e injuria.

El honor, de acuerdo a Porfirio Barroso, “es uno de los efectos que siguen de las acciones que encierran virtud (…), el honor es la valoración individual y subjetiva, que todos tenemos de nosotros mismos” y la honra, conforme a Carlos Soria, ese notable jurista español especializado en Derecho de la Información, significa el reconocimiento de los valores morales de la persona por parte de los demás. “La honra sería pues, adecuada valoración social del honor de la persona”. Es bueno puntualizar que lo subjetivo y objetivo, es decir, honor y honra, constituyen una totalidad.

El Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos), en su artículo 11.1, dice: “Toda persona tiene derecho al respeto de su HONRA y el reconocimiento de su DIGNIDAD”. Nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 21, protege el honor de las personas cuando afirma que “las bolivianas y bolivianos tienen los siguientes derechos: (…) 2. A la privacidad, intimidad, HONRA, HONOR, propia imagen y DIGNIDAD”.

En la línea de esta columna, los dispositivos citados aluden a la honra y al honor, subsumidos por la dignidad. Lo que quiere decir que cuando el periodista informa debe tener presente que no puede atacar el honor y la honra de las personas particulares y personas del Estado o Gobierno y, congruente con otros artículos, personas de relevancia pública.

En el CP, el artículo 282 alude a la DIFAMACIÓN: “el que de MANERA PÚBLICA, TENDENCIOSA Y REPETIDA REVELARE O DIVULGARE UNA CALIDAD O UNA CONDUCTA CAPACES DE AFECTAR LA REPUTACIÓN DE LA PERSONA COLECTIVA, INCURRIRÁ…” Los presupuestos de este delito son atribuir inconductas; luego, debe ser PÚBLICA y TENDENCIOSA y REPETIDA. Ulteriormente tenemos el artículo 283 del CP: “El que por cualquier medio IMPUTARE A OTRO FALSAMENTE LA COMISIÓN DE UN DELITO, SERÁ SANCIONADO…”

Aquí, el delito se consuma cuando el particular o el mismo periodista, utilizando el medio, atribuye delitos contra la autoridad o una persona particular o de relevancia pública. Finalmente, el artículo 287 del CP tipifica la INJURIA cuando sostiene que “el que por cualquier medio y DE UN MODO DIRECTO ofendiere a otro en su dignidad o decoro incurrirá...”

Posiblemente este tipo penal no encuadra a los medios de comunicación Social. ¿Por qué? Porque este delito se comete frente a frente lo que no ocurre con la difamación, que es PÚBLICA. La Ley especial, la LEY DE IMPRENTA, en el artículo 7 dice que “no hay delito de imprenta sin publicación”. Los delitos están tipificados en los artículos 10, 11, 13, 14. Para nuestro objetivo, el artículo 13 dice: “se delinque contra las personas, INDIVIDUALES O COLECTIVAS que las INJURIAN directa o indirectamente, SEAN O NO FALSAS LAS IMPUTACIONES INJURIOSAS”.

Esta Ley utiliza como sinónimos injurias y difamación, es que estamos hablando de una Ley de 1925 y, en ese entonces, estaba vigente el “cp Santa Cruz” de 1831. Aunque el periodista puede invocar el artículo 12 de Ley de Imprenta, que sostiene: “NO SE COMETE DELITO CUANDO SE MANIFIESTA LOS DEFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN, de los actos Legislativos, ADMINISTRATIVOS o Judiciales, CON EL OBJETO DE HACER CONOCER SUS ERRORES O LA NECESIDAD DE SU REFORMA, SIEMPRE QUE NO CONTENGAN OFENSAS DE OTRO GÉNERO”.

Lo que quiere decir que el periodista, usando los géneros periodísticos a su alcance puede hacer críticas y hacer notar los errores de alguna autoridad administrativa; lo que está vedado es que insulte a la autoridad por la persona individual o privada.

Lo que observamos es que en televisión, radio y prensa plana tienen la tentación de sustituir o reemplazar a los jueces. En estos tiempos es fácil que el Tribunal Paralelo (set de televisión) elabore “sentencias condenatorias” en tiempo record: recoge la información por la mañana, informa al medio día y tiene lista la sentencia en el noticiero central. Los errores son más frecuentes en televisión que en prensa. El periodista debe saber que puede ser manipulado por alguna de las partes, por los abogados y denunciantes o querellante con interés particular.

El periodista, como ser humano, se inclina por la parte teóricamente “más débil” y, sobre esa base, cuando el proceso apenas empezó, el periodista ya tiene sentencia de condena. El periodista no debe ser utilizado por las partes. Puede ser que el abogado está por perder un proceso y pretende revertir esa situación usando al periodista (para esto leer mi libro PERIODISMO JUDICIAL).

Es frecuente ver que una de las partes lleva gente a los tribunales y “protestan” contra el juez o fiscal. ¡Claro!, esta acción influye en la mente del fiscal y del juzgador y si de yapa cuenta con el respaldo del periodista, imagínese el resultado.

¿Qué pasa si el periodista ataca el honor de la persona particular, pública o de relevancia pública? Se abren dos frentes: a) el marco ético, que es el análisis de comportamiento del periodista, más o menor moral, b) el marco jurídico, el periodista debe saber que, como cualquier ciudadano, desarrolla su trabajo en un ámbito de leyes.

Si se trata de personas particulares, eminentemente privadas, conforme al artículo 27 de la Ley de Imprenta, la autoridad competente son los tribunales ordinarios de justicia. Los delitos de calumnia e injuria contra particulares quedan sujetos a la penalidad del código y su juzgamiento pertenece a los tribunales ordinarios de justicia, a no ser que el ofendido quiera hacer valer ante el jurado (sic). El artículo 28 de la misma ley le dice al particular que puede elegir el tribunal y, con seguridad irá a los tribunales ordinarios de justicia.

Las personas de relevancia pública, si son difamadas o calumniadas, pueden demandar en los tribunales ordinarios de justicia, en el marco de la nueva normativa, Jueces de Sentencia. En cambio, cuando se trata de servidores públicos que son difamados, calumniados e injuriados, no pueden elegir tribunales. Inevitablemente deben presentar su acción a los JURADOS DE IMPRENTA, artículo 28 de la Ley de Imprenta: “…LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE FUESEN ATACADOS POR LA PRENSA EN CALIDAD DE TALES SÓLO PODRÁN QUEJARSE ANTE EL JURADO”.

El mismo artículo establece que “…mas, si a título de combatir actos de corrupción de los funcionarios públicos se les injuriarse o calumniase o difamase PERSONALMENTE, podrán éstos querellarse ante los tribunales ordinarios…” La condición para abrir los tribunales ordinarios es que el periodista o persona particular, usando de los medios de comunicación, atribuya estos delitos personalmente, esto es que se individualice con nombre y apellidos al funcionario público.

Finalmente, siempre desde la perspectiva legal y no ética, queremos informar que estos procesos, conforme al artículo 289 del cp y artículo 28 de la Ley de Imprenta, terminan con la DISCULPA del ofensor (periodista o particular). En cambio, cuando hablamos de los DERECHOS A LA INTIMIDAD, aunque lo que se revele sea verdadero, igual corresponde la reparación del daño en vía civil o penal.

Cuando se quiere atribuir responsabilidad al periodista, se habla de la DOCTRINA DE LA REAL MALICIA, tema que remito a un futuro artículo.

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