La Gaceta Jurídica

Derecho humano a la participación política

(Parte II)

Foto: elsigloweb.com

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La Gaceta Jurídica / Enrique Bernales Ballesteros

00:00 / 30 de agosto de 2013

Condiciones para la efectiva vigencia de la participación política

En primer lugar, para una efectiva participación política se requiere, necesariamente, el respeto del conjunto de derechos humanos, pues ellos son indivisibles, en tanto que no existen categorías de derechos, e interdependientes, pues la violación de un derecho genera, en mayor o menor medida, la violación de otros derechos. Por tanto, no basta con que el Estado garantice la participación política, sino que, a la vez, debe garantizar los demás derechos para evitar que el derecho a la participación se vea vulnerado por vía indirecta.

Esta interdependencia ha sido reconocida por los Estados en la Declaración y Programa de Acción de Viena, donde se indica que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente.

La democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural y en su plena participación en todos los aspectos de la vida. (...) La comunidad internacional debe apoyar el fortalecimiento y la promoción de la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el mundo entero (1).

La primera conexión se establece entre la participación política y el derecho de los pueblos a la libre determinación. El Comité de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 1, párrafo 1 del Pacto Internacional, ha señalado que (…) los pueblos gozan del derecho a determinar libremente su condición política y del derecho a elegir la forma de su constitución o gobierno. El artículo 25 trata del derecho de las personas a participar en los procesos de dirección de los asuntos públicos. Como derechos individuales, tales derechos pueden dar lugar a reclamaciones en virtud del primer Protocolo Facultativo (2).

Asimismo, resulta indispensable que los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal sean asegurados, por cuanto es necesario evitar, por ejemplo, en épocas electorales, las antiguas prácticas de desapariciones forzadas, hostigamientos, deportaciones, etc., que inicialmente realizaban los regímenes autoritarios contra sus opositores políticos.

No obstante, es cierto que la violación de estos derechos en conexión con la participación política suele tener nuevas manifestaciones. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos en el caso Svetik contra Belarús (3) –al resolver sobre un boicot de las elecciones locales como forma de expresión política–, sostuvo que, a los efectos de proteger este derecho, los Estados Parte del Pacto Internacional deben prohibir la intimidación o coerción de los votantes mediante una legislación penal de estricta aplicación. En ese sentido, la intimidación y coerción deben diferenciarse de la exhortación a los electores a boicotear una elección, lo cual en principio no se encuentra prohibido.

De otro lado, la participación política requiere del respeto al principio de no discriminación, requisito importante para la realización de cualquier proceso de participación política, a fin de evitar que determinados sectores de la sociedad sean excluidos. Su marginación les impediría dar a conocer sus problemas, plantear sus propuestas y manifestar su posición frente a cualquier medida gubernamental.

Al respecto, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos considera que forma parte de las obligaciones de los Estados el cerciorarse que “(…) la ley garantice a la mujer los derechos amparados por el artículo 25 en pie de igualdad con el hombre y adoptar medidas eficaces y positivas, incluida las medidas necesarias de discriminación inversa, para promover y asegurar la participación de la mujer en los asuntos públicos y en el ejercicio de cargos públicos” (4).

Similar preocupación plantea el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pues los informes de los Estados Partes que examina anualmente le permite establecer que (…) la mujer está excluida del desempeño de altos cargos en el gobierno, la administración pública, la judicatura y los sistemas judiciales. Pocas veces se nombra a mujeres para desempeñar estos cargos superiores o de influencia y, en tanto que su número tal vez aumente en algunos países a nivel inferior y en cargos que suelen guardar relación con el hogar y la familia, constituyen una reducida minoría en los cargos que entrañan la adopción de decisiones relacionadas con la política o el desarrollo económicos, los asuntos políticos, la defensa, las misiones de mantenimiento de la paz, la solución de conflictos y la interpretación y determinación de normas constitucionales (5).

La Corte Interamericana también se ha pronunciado en lo relativo al principio de no discriminación y su relación con la participación política. Para la Corte, tal principio “(…) posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el Derecho Internacional como en el interno; se trata de un principio de derecho imperativo (…)” –es decir, habría ingresado en el dominio del jus cogens–.

Por consiguiente, dice la Corte, “(…) los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones de carácter discriminatorio, combatir las prácticas de este carácter y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas” (6).

Para la Corte sólo se asegura el derecho a la participación política sin discriminación cuando “(…) el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos, los dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación” (7).

La observancia del principio de legalidad, dice la Corte, “(…) exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones” (sic) (8).

La conclusión de la Corte no podría ser distinta. Según lo establecido en el artículo 23 inciso 2 de la Convención Americana, es posible reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades políticas reconocidos en su inciso 1, exclusivamente por las razones que este establece en ese inciso. La restricción debe encontrarse prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo.

Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue (9).

Para el ejercicio de la participación política también resulta importante que exista una libre comunicación e intercambio de información e ideas sobre política entre los ciudadanos, los candidatos y los representantes elegidos. Desde esta perspectiva, las libertades de opinión y de expresión son derechos cuyo respeto permite formarse un panorama sobre la política gubernamental, respaldarla o criticarla y plantear propuestas para mejorarla o para cambiarla.

En ese sentido, hace dos años el Comité de Derechos Humanos tuvo oportunidad de pronunciarse sobre un caso relacionado a la vinculación entre estas libertades y la participación política. Se trata del caso Yong Joo Kang contra República de Corea (10), donde el Comité sostuvo que la aplicación de un sistema de conversión ideológica a un recluso condenado por espionaje por la distribución de información disponible públicamente violaba su derecho a la libertad de opinión y expresión.

El peticionario, junto con otros conocidos suyos, se oponía al régimen militar del Estado. En 1984 distribuyó panfletos en los que criticaba al régimen y el uso de las fuerzas de seguridad para acosarlo a él y a otros. Luego de ser detenido y mantenido incomunicado 36 días y, presuntamente, torturado y maltratado, confesó que era espía de Corea del Norte.

Posteriormente, fue juzgado por presuntas violaciones a la Ley de Seguridad Nacional y condenado a cadena perpetua, sobre la base de sus confesiones. Para el momento de la decisión del Comité, el peticionario se encontraba en libertad. En su fallo, el Comité evaluó el sistema de conversión ideológica –que presuntamente se le habría aplicado estando en prisión en calidad de “delincuente confidente” de los comunistas–.

Este sistema tenía el propósito de inducir un cambio en la opinión política a través de medidas tales como el confinamiento en solitario por largos periodos para quienes no demostrasen signos de arrepentimiento tras haber cometido delitos que apuntaban a destruir el orden de libertad democrática básica negándolo (Reglamento de 1951 sobre clasificación y tratamiento de condenados).

En su denuncia, el peticionario sostuvo que se le mantuvo en confinamiento solitario por trece años por negarse a “cambiar” sus creencias políticas. Argumentaba que la coerción para que cambiara de opinión política y la retención de beneficios –como la posibilidad de obtener la libertad condicional– si no se convertía equivalían a una violación de su derecho a la libertad de conciencia.

Ante los hechos, el Comité concluyó que el sistema de conversión ideológica violaba los derechos enunciados en los artículos 18 y 19 del Pacto, pues era coercitivo y aplicado en forma discriminatoria con el objetivo de alterar la opinión política de un recluso ofreciéndole incentivos de tratamiento especial en la cárcel y una mayor posibilidad de libertad condicional:

El Comité considera que este sistema que el Estado Parte no ha demostrado que sea necesario a los efectos de ninguna de las restricciones lícitas enumeradas en los artículos 18 y 19, limita la libertad de expresión y de manifestar las creencias, lo que entraña discriminación por las opiniones políticas y, por lo tanto, viola el párrafo 1 del artículo 18 y el párrafo 1 del artículo 19, así como también el artículo 26 en ambos casos (párrafo 7.2).

Para el desarrollo de las actividades políticas también son necesarias las libertades de reunión y asociación, pues se convierten en derechos de especial relevancia para desarrollar la dimensión colectiva del derecho a la participación política. La importancia de ambas libertades ha sido reconocida por el Comité de Derechos Humanos, pues considera que la participación política “(…) se respalda garantizando la libertad de expresión, reunión y asociación” (11).

En segundo lugar, para que se logre una efectiva participación política no basta con reconocer los derechos humanos mencionados, es importante también que las instituciones encargadas de tutelarlos, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los tribunales o cortes constitucionales puedan desarrollar sus funciones sin verse afectadas por clase alguna de interferencia (12).

Esto implica que se respeten las denominadas garantías institucionales, que según la Corte Constitucional de Colombia pueden ser entendidas como (…) la protección constitucional conferida a determinadas instituciones, típicas, por lo tanto, necesarias de la organización político-administrativa. La garantía institucional es un límite inclusive para el propio legislador, necesaria en la configuración y regulación de determinadas instituciones; asegurando que no haya ni supresión ni vaciamiento ni desfiguración de la imagen maestra (13).

La Corte Constitucional hace hincapié en que la garantía institucional no existe sin la previa existencia del Estado, mientras el derecho fundamental existe per se. “Al ser ambos integrados a la Constitución, el derecho fundamental constitucional crea derechos subjetivos de manera inmediata, mientras que de la garantía institucional constitucionalizada los derechos subjetivos sólo se desprenden en forma mediata (…)”. Sin embargo, su importancia resulta vital, por ejemplo, para salvaguardar la independencia del legislador (inmunidad parlamentaria) o del juez (independencia judicial).

En tercer lugar, debido principalmente a que muchas expresiones de la participación política se traducen en procesos electorales, el Comité de Derechos Humanos ha dispuesto proteger el resultado de las consultas o elecciones populares para que reflejen fielmente la voluntad ciudadana.

Según el Comité, en todo Estado debe existir un sistema electoral “(…) para que supervise el proceso electoral y garantice que se desarrolla en forma justa e imparcial y de conformidad con disposiciones jurídicas compatibles con el Pacto” (14). En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que un sistema electoral debería (15):

-Ser compatible con el derecho a la participación política.

-Garantizar el respeto de los resultados de las elecciones y su puesta en práctica.

-Respetar el principio de un voto por persona.

-Otorgar igual valor a todos los votos.

-Delimitar los distritos electorales y señalar el método de asignación de votos que no debe desvirtuar la distribución de los votantes ni comportar discriminación alguna contra ningún grupo, ni tampoco excluir o restringir en forma irrazonable el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes.

-Crear una junta electoral independiente para que supervise el proceso electoral y garantice su desarrollo en forma justa e imparcial.

En conclusión, la participación política requiere del respeto de los demás derechos inherentes al ser humano, así como de las garantías institucionales que aseguren la independencia y autonomía de los órganos del Estado encargados de tutelarlos. De lo contrario, la vigencia de los derechos humanos en general se pone en cuestión.

El juez Antonio Cançado Trindade nos recuerda con propiedad que la Corte Interamericana, en el ejercicio de su competencia en materia contenciosa, ha resaltado que los Estados Parte tienen el deber de organizar todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder del Estado, con la finalidad de prepararlas para asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos.

“Es así, agrega, que en el continente americano se esté formando gradualmente una jurisprudencia de reconocimiento de los estrechos vínculos entre la democracia y los derechos humanos. Por tanto, derechos humanos y las instituciones democráticas son conceptos indesligables y necesitan existir mutuamente” (16).

Para el continente americano tal aseveración resulta indesligable para los Estados, pues la propia Organización de Estados Americanos tiene como principio rector el respeto de la democracia representativa sobre la base de lo cual se ha adoptado la Carta Democrática Interamericana, donde puede palparse la íntima relación entre democracia y derechos humanos y se acepta una cláusula democrática que promueve un régimen de defensa colectiva de la democracia y sus componentes.

En el continente europeo, dice Cançado Trindade, el Estatuto del Consejo de Europa condiciona el estatus de miembro a la aceptación de los principios del Estado de Derecho y del goce de los derechos humanos por todas las personas bajo la jurisdicción de cada Estado miembro (17).

En la práctica, el Consejo de Europa ha condicionado la admisión de miembros a tres requisitos.

El primero abarca los siguientes elementos: realización de elecciones pluralistas, en intervalos razonables, por voto secreto y sufragio universal, con los parlamentos gozando de plena autonomía y compuestos de representantes de partidos políticos con libertad de organización y expresión.

El segundo comprende los siguientes elementos: el principio de legalidad, el acceso a la justicia, el derecho a una administración correcta de la justicia, las garantías del debido proceso, de audiencias públicas, de la imparcialidad de los jueces y de la proporcionalidad de las penas.

El tercero abarca las obligaciones consagradas en la Convención Europea de Derechos Humanos, sumadas a las de la Carta Social Europea y de la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y de Trato o Punición Inhumano o Degradante.

Continuará

Notas

1. Asamblea General de las Naciones Unidas. “Declaración y Programa de Acción de Viena”, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, párrafo 18. A/CONF.157/23, del 12 de julio de 1993.

2. Comité de Derechos Humanos. Observación general Nº 25. Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (57 periodo de sesiones, 1996), párrafo 2.

3. Comité de Derechos Humanos. Comunicación Nº 927/2000. Svetik v. Belarús. En http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/18a47c57f4693987c1256f0000482f30?Opendocument

4. Comité de Derechos Humanos. Observación general Nº 25. Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (57 periodo de sesiones, 1996).

5. Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Observación general Nº 23. Vida política y pública (16 periodo de sesiones, 1997), párrafo 30.

6. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Opinión consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A, Nº 18, párrafo 88; Condición jurídica y derechos humanos del niño. Opinión consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A, Nº 17, párrafo 44; y Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A, Nº 4, párrafo 54.

7. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yatama. Sentencia sobre el fondo del 23 de junio del 2005, párrafo 195.

8. Ibíd., párrafo 206.

9. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C, Nº 111, párrafo 96 y 133; Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C, Nº 107, párrafo 121 y 123; y La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-5/ 85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A, Nº 5, párrafo 46.

10. Comité de Derechos Humanos. Comunicación Nº 878/1999. Yong Joo Kang contra República de Corea. En http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.78.D.878. 1999.Sp? Opendocument.

11. Comité de Derechos Humanos. Observación general Nº 25. Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (57 periodo de sesiones, 1996), párrafo 8.

12. Comisión Andina de Juristas, ob. cit., p. 247.

13. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia sobre la acción de tutela nº T-322, del 23 de julio de 1996, p.16.

14. Comité de Derechos Humanos. Observación general Nº 25. Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (57 periodo de sesiones, 1996), párrafo 20.

15. Comisión Andina de Juristas, ob. cit., p. 247. Citando a: Comité de Derechos Humanos. Observación general Nº 25. Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (57 periodo de sesiones, 1996), párrafo 20 y 21.

16. Cançado Trindade, Antonio A. Presentación en la ceremonia conmemorativa del segundo aniversario de la adopción de la Carta Democrática Interamericana. San José de Costa Rica, 11 de septiembre, 2003, p. 4.

17. Ibíd.

Es doctor en Derecho, director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas (CAJ) y profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Trabajo realizado con la colaboración de Luis Enrique Aguilar Cardoso, investigador del Área de Democracia CAJ.

Tomado de: Revista del Instituto de Estudios Internacionales IDEI Bolivia, año 3, Nº 67, agosto de 2013.

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