La Gaceta Jurídica

Derecho humano a la participación política

(Parte final)

Foto: elproyectomatriz.wordpress.com

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La Gaceta Jurídica / Enrique Bernales Ballesteros

00:00 / 06 de septiembre de 2013

Derecho al acceso a la función pública

La importancia del derecho de tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad “(…) radica en que protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a través de funciones públicas, tanto para el caso de los funcionarios elegidos por votación popular” (1). En ese sentido, este derecho se constituye en pieza clave para la organización y funcionamiento de las instituciones públicas.

En Europa, el Convenio Europeo no confiere el derecho a acudir a los tribunales por conflictos relacionados con los nombramientos en ciertos sectores de la administración pública. No obstante, el Tribunal Europeo se pronunció en 1999 sosteniendo que el criterio que debía asumir el Tribunal debe ser funcional y basarse en la naturaleza de los deberes y responsabilidades que el cargo en cuestión entraña.

El Tribunal consideró que en cada caso debía determinarse si “(…) el cargo entraña –habida cuenta de la naturaleza y los deberes y responsabilidades a él asociados– una participación directa o indirecta en el ejercicio de facultades conferidas por el derecho público y funciones encaminadas a salvaguardar los intereses generales del Estado o de otras autoridades públicas” (2).

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que:

a) para garantizar el acceso en condiciones generales de igualdad, resulta indispensable que los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución sean razonables y objetivos;

b) es posible la adopción de medidas positivas; y

c) debe garantizarse, en caso necesario, este derecho frente a cualquier injerencia o presión política y acto de discriminación en el ejercicio de los derechos que les corresponde conforme al apartado c) del artículo 25 (3).

Para los países americanos, la Corte tuvo oportunidad de expresarse sobre este derecho con su sentencia del Caso Yatama. En dicho caso la Corte señaló que:(…) el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los miembros de las comunidades indígenas (…) puedan participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas que inciden o pueden incidir en sus derechos y en el desarrollo de dichas comunidades, de forma tal que puedan integrarse a las instituciones y órganos estatales y participar de manera directa y proporcional a su población en la dirección de los asuntos públicos, así como hacerlo desde sus propias instituciones y de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y formas de organización, siempre que sean compatibles con los derechos humanos consagrados en la Convención (4).

En este caso, la organización indígena Yatama, cuyo objetivo es la defensa de sus territorios y recursos, se constituyó en partido político para presentarse a las elecciones municipales.

Durante el proceso de verificación de las firmas, el Consejo Supremo Electoral excluyó a Yatama de las elecciones.

Derecho a constituir organizaciones políticas

Para finalizar, evaluaremos el desarrollo de una expresión adicional de la participación política no prevista explícitamente en los convenios internacionales. Se trata de la posibilidad de constituir partidos políticos. Al respecto, la Corte Interamericana se pronunció en el caso Yatama, en cuya resolución expresó, entre otras cosas, que (5):

-La Convención Americana no establece que la única posibilidad para postular a un cargo público sea a través de un partido. Si bien se reconoce la importancia que revisten los partidos políticos como formas esenciales para la democracia, existen otras formas que son inclusive necesarias para favorecer o asegurar la participación política de grupos específicos de la sociedad, tomando en cuenta sus tradiciones y ordenamientos especiales, cuya legitimidad ha sido reconocida e incluso se halla sujeta a la protección explícita del Estado.

-Los partidos y organizaciones políticas deben tener propósitos compatibles con el respeto de los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana.

-La participación en los asuntos públicos de organizaciones diversas de los partidos es esencial para garantizar la expresión política legítima y necesaria cuando se trate de grupos de ciudadanos que, de otra forma, podrían quedar excluidos de esa participación.

El Tribunal Europeo también se ha referido a la creación y funcionamiento de los partidos políticos, pero a través de la protección y garantía del derecho a la libre asociación, recogido en el artículo 11 del Convenio Europeo. Al respecto ha afirmado que, a pesar de no estar específicamente regulado en el Convenio Europeo, su creación está amparada por el derecho a la asociación basándose en tres argumentos (6):

a) Una asociación no puede ser privada de la protección por el hecho de que un Estado considere que forma parte de las estructuras constitucionales.

b) El término incluido del artículo 11 del Convenio indica que los sindicatos son uno de los tipos de asociación protegidos por el Convenio –el tratado los menciona específicamente–.

c) Los partidos políticos son una forma de asociación esencial para el propio funcionamiento de la democracia.

Respecto de la disolución de un partido, el Tribunal Europeo (7) ha señalado que ésta es lícita siempre que sea legítima –establecida en el Convenio– y, además, debe ser necesaria en una sociedad democrática. En el sentido de éste y otros artículos similares, el Tribunal Europeo entiende que una sociedad democrática se caracteriza por el “pluralismo, tolerancia y espíritu de apertura” y que, para que una medida sea necesaria, debe responder a una “necesidad social imperiosa” y ser proporcional con el fin legítimo perseguido.

De esta jurisprudencia pueden inducirse los siguientes principios fundamentales (8):

-El derecho a la libertad de asociación debe interpretarse a la luz del derecho a la libertad de expresión, artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (cedh), que no sólo protege las informaciones o ideas consideradas inofensivas, sino también a aquellas que ofenden y escandalizan.

-La ilegalización de partidos políticos es una medida extrema y, en consecuencia, las excepciones previstas en el artículo 11.2 deben ser interpretadas de forma restrictiva.

-Los partidos políticos pueden proponer cambios legales y constitucionales siempre que se den dos condiciones: a) que los medios utilizados sean legales y democráticos y b) que los cambios propuestos sean compatibles con los principios democráticos fundamentales.

En consecuencia, un partido que incitase a la violencia o propusiese una política incompatible con una o más reglas de la democracia, no se beneficiaría de la protección del Convenio, sin perjuicio, naturalmente, de que pueda gozar de protección en el derecho estatal.

-Para apreciar si se dan las causas que permiten disolver un partido político, deben tomarse en consideración tanto los estatutos y programas del partido como sus acciones concretas y las posiciones que defiende.

-En lo relativo a la utilización de medios ilícitos, de esta jurisprudencia pueden extraerse tres importantes conclusiones:

  • En primer lugar, que la coincidencia total o parcial entre los objetivos de los partidos políticos y los objetivos de grupos armados o terroristas no implica necesariamente una conexión entre los partidos políticos y la violencia.
  • En segundo lugar, que la referencia a la integridad territorial debe ser interpretada muy estrictamente y en conexión con los medios propuestos y los derechos ajenos.
  • Por último, que la incitación o aprobación de la violencia debe ser clara, no bastando con afirmar que la causa que defienden los terroristas constituye una justa causa.

Colofón

Hasta aquí se ha tratado de sistematizar y analizar la evolución de un derecho sustancial para la democracia. Derecho muchas veces desacreditado y hasta cuestionado cuando tiene visos de obligatoriedad.

Se espera que este trabajo ayude a una mejor comprensión de sus múltiples dimensiones y permita entrar al análisis de los criterios que informan la regulación del derecho a la participación política. Los estándares internacionales, como se puede ver, marcan una ruta especial, pro hommine, que debemos seguir.

Cochabamba, 15 de agosto de 201

Notas

1. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yatama. Sentencia sobre el fondo del 23 de junio del 2005, párrafo 200.

2. STEDH. Pellegrin contra Francia, caso Nº 28541/1995; sentencia del 8 de diciembre, 1999.

3. Comité de Derechos Humanos. Observación general Nº 25. Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (57 periodo de sesiones, 1996), párrafo 23.

4. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yatama. Sentencia sobre el fondo del 23 de junio del 2005; párrafo 225.

5. Ibíd., párrafos 215 a 217.

6. STEDH. United Communist Party of Turkey and others v. Turkey, sentencia del 30 de enero, 1998.

7. STEDH de 30 de enero de 1998, Partido Comunista Unificado de Turquía (TBKP) y otros contra Turquía; STEDH de 25 de mayo de 1998, Partido Socialista (SP) y otros contra Turquía; STEDH de 8 de diciembre de 1999, Partido de la Libertad y la Democracia (IZDEP) y otros contra Turquía; STEDH de 31 de julio de 2001, Partido de la Prosperidad (Refah Partisi, RP) y otros contra Turquía; SETDH de 9 de abril de 2002, Partido del Trabajo del Pueblo (HEP) y otros contra Turquía; STEDH de 10 de diciembre de 2002, Partido de la Democracia (DEP) y otros contra Turquía; STEDH de 13 de febrero de 2003, Partido de la Prosperidad (Refah Partisi, RP) y otros contra Turquía; y STEDH de 12 de noviembre de 2003, Partido Socialista de Turquía (STP) y otros contra Turquía.

8. Sobre la base de DEOP MADINABEITIA, Xabier. “Los derechos políticos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, manuscrito, pp. 8-11.

Es doctor en Derecho, director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas (CAJ) y profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Trabajo realizado con la colaboración de Luis Enrique Aguilar Cardoso, investigador del Área de Democracia CAJ.

Tomado de: Revista del Instituto de Estudios Internacionales IDEI Bolivia, año 3, Nº 67, agosto de 2013.

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