La Gaceta Jurídica

Derecho primordial de informar

El Señor Justicia

La Gaceta Jurídica / Carlos Conde Calle

00:00 / 12 de octubre de 2012

La pertinencia y oportunidad de esta columna está justificada. Hemos escrito bastante sobre los deberes del periodista; pero éste también tiene derechos tales como a celebrar un contrato laboral, a la cláusula de conciencia, al secreto profesional y otros. Nos ocuparemos del derecho a informar que tiene el periodista frente a los titulares del derecho a la información, que somos todos los lectores, oyentes y televidentes.

Debo partir de un artículo registrado en el Animal Político del matutino La Razón, del 30 de septiembre último. El periodista Edwin Flores Araoz sostiene que “...ahora, vemos señales del periodismo que genera incertidumbre. En este ámbito existe un seudoperiodismo (sensacionalismo) que considera que la noticia es sinónimo de mercancía; que apunta a las emociones/sensaciones antes que a las razones; que escandaliza antes de informar (...), hace héroes al delincuente y delincuente al justo; vende, pero no tiene credibilidad ni influencia; busca la emulación del periodista y del medio con la lucha de la primicia por la primicia; es parcial y sectario, hace que prime la venganza y la libertad de expresión...” (sic).

Comparto el diagnóstico. Precisa- mente, nuestra columna nace para contribuir a la formación de periodistas. Nuestro propósito no es dañar ni lastimar a nadie; como cientista social sostengo que mis verdades son provisionales; no creo poseer la verdad absoluta. El periodista Flores concluye: “Ante esta realidad hace falta tomarse un tiempo de reflexión, asumida como una relación íntima entre el observador (periodista), lo observado (dichos y hechos de la realidad social)”. De acuerdo.

Empecemos por afirmar que uno de los derechos del periodista INFORMAR. Este derecho está consagrado en el artículo 1 de la LEY DE IMPRENTA, cuando manda: “todo hombre tiene derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, SIN PREVIA CENSURA, SALVO LAS RESTRICCIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE LEY”. Lo que quiere decir que el DERECHO A INFORMAR no es absoluto, sino relativo. Sobre los límites jurídicos y éticos nos remitimos a ensayos anteriores. En todo caso, el artículo 11 de esa ley establece los límites al derecho a informar; no se debe publicar noticias que atenten contra el derecho a la intimidad o los derechos del niño, la niña y adolescente.

El artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana Sobre Derechos Humanos) sostiene que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de BUSCAR (...) y difundir informaciones e ideas de toda índole (...) 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente, NO PUEDE ESTAR SUJETO A PREVIA CENSURA, SINO A RESPONSABILIDADES ULTERIORES...” (sic). La Ley de Imprenta y este pacto son concordantes: el periodista no puede ser censurado previamente. Sin embargo, como vivimos en un país de Leyes, sabe que su RESPONSABILIDAD penal o civil es posterior. Es una obviedad decir que el delito o la falta se consuma con la publicación de la noticia, conforme al artículo 7 de la Ley de Imprenta. La norma dice: “no hay delito de imprenta sin publicación” (sic).

La actual Constitución consagra el derecho a informar en el artículo 106, cuando sostiene que “El Estado garantiza (...) la libertad de expresión (...) el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, SIN CENSURA PREVIA. III El Estado garantiza a los trabajadoras y trabajadores de la prensa LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, el DERECHO a la Comunicación y a LA INFORMACIÓN”. Sin embargo, éste derecho no es absoluto, sino relativo. La misma constitución pone los límites, en el artículo 107 ordena que “la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE VERACIDAD Y RESPONSABILIDAD” (sic).

El Estatuto Orgánico del Periodismo en Bolivia, aprobado mediante Decreto Supremo 20225 de 9 de mayo de 1984, en su artículo 10 manda que “la libertad de información plena corresponde al periodista y le da derecho de acceso a toda fuente informativa para comunicar hechos y conocimientos, sin otras restricciones que las establecidas por la Ley de Imprenta de 19 de enero de 1925”.

El derecho a informar, buscar hechos noticiables, no es absoluto; puede entrar en colisión con otros derechos, v. gr., intimidad. Entonces, el periodista debe evaluar los contornos jurídicos del hecho informable; por supuesto que debe considerar los deberes éticos. Antes de buscar la información, el periodista debe responder a dos requerimientos: a) conocimiento del tema (por ejemplo, si cubre tribunales, debe leer los códigos y leyes o debe cursar Derecho); b) debe evaluar previamente los riesgos y responsabilidades que conlleva la noticia que se publicará en el periódico, la radio y televisión.

El periodista es el que tiene un vínculo cercano con las fuentes. Debe saber que puede ser manipulado, usado maliciosamente por la fuente. En esta relación están los dilemas éticos, de los que nos habla Bruno Swain; v. gr, la presentadora de noticias que es novia de un diputado. Difícil. ¿Qué hacer? El periodista debe saber que su mayor patrimonio es su credibilidad; el día que malinforme, desinforme, manipule, nadie más le creerá. El periodista debe cuidarse de sus fuentes.

El periodista debe ser lo más plural posible; que en la nota informativa estén parte y contraparte; oficialismo y oposición. Que la noticia sea lo más completa posible. Es evidente que, por la falta de tiempo, a veces no podemos tener todos los elementos del hecho noticioso, pero debemos desplegar los mayores esfuerzos por tener la nota completa. Se debe procurar, radicalmente, separar la información de la opinión. El titular del derecho a la información, que es el público, tiene derecho a informarse. No se debe vender opiniones como información. Si el periodista quiere opinar, que utilice los géneros opinativos; esto es, que escriba un artículo, ensayo, crónica, reportaje o sostenga una columna. El lector, oyente y televidente tiene derecho a disentir de su opinión, porque tiene su propio enfoque.

El periodista, no debe ser censurado. Pero eso no significa que puede informar lo que se le antoje. Debe sujetar las noticias al ordenamiento jurídico vigente; lo contrario constituirá el ejercicio irresponsable del oficio de informar. Aunque algunos sostienen lo contrario, para nosotros no debe informarse el RUMOR. Tampoco se debe inventar fuentes que no existen.

No debemos utilizar los medios para amenazar, poner al aire nuestros odios personales.

Finalmente, este derecho a informar está sujeto a una ley especial: el derecho de acceso a las fuentes oficiales de información. Esto significa que el Estado debe brindar información a todo ciudadano, fundamentalmente a los periodistas. Existen decretos, pero se requiere una ley. El Estado debe emitir una que diga qué documentos son reservados y qué documentos no lo son. Se puede acceder a los documentos considerados reservados previo requerimiento judicial o fiscal y debidamente justificado. Pero, Estado y periodistas deben tener una ley de acceso a la información pública para evitar manejos poco serios de las noticias.

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