La Gaceta Jurídica

Derechos Reales en auditoría

…los datos obtenidos ayudarán a procesar a los responsables de actos ilegales, si es que los hubiera, y dejar un informe que sirva para “sanear” la institución de manera definitiva, cosa posible con mucha voluntad y responsabilidad civil de quienes tienen esto en sus manos.

Editorial

00:00 / 03 de julio de 2015

Dentro del complejo de entidades estatales identificadas hace mucho tiempo como “proclives” a la corrupción se encuentra Derechos Reales, que, por el carácter de sus obligaciones y el elevado monto de dineros que maneja, ha sido por decenios centro de denuncias y quejas de diversa magnitud, las cuales en pocas ocasiones han sido escuchadas hasta ser motivo de investigación o destitución de funcionarios, aunque, en una entrevista con La Razón, el presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, señaló que en La Paz fueron depuestos unos 20 funcionarios por actos ilícitos.

Los principales hechos de corrupción conocidos en esa institución tienen que ver con el cobro indebido para los trámites sobre patrimonio que se procesan en sus oficinas, además de pagos irregulares exigidos o insinuados a los propietarios de inmuebles y de otros bienes para que los morosos procedimientos sean más acelerados.

Pero es obvio que estos presuntos actos anómalos no solo implican a los registradores, quienes son los más señalados por las acusaciones, pues ellos también dependen de una cadena de oficinistas que se encargan de otros aspectos de las diligencias y, de ocurrir la ilegalidad, deben compartir el “ingreso”.

En todo caso, al parecer, y de modo general, en estas últimas gestiones la situación de Derechos Reales ha mejorado sustancialmente, pues las denuncias sobre cobros se han reducido mucho, lo cual puede deberse a lo que también siempre ocurrió, que la población que ventila sus expedientes prefiere no denunciar para no tener mayores problemas en su asunto. Sin embargo, persisten las quejas por las demoras en las filas y en la entrega de resultados, lo que tal vez tiene que ver con la falta de capacitación de los funcionarios para hacer su trabajo más eficiente o la insuficiencia de éstos para atender al público.

Sea cual fuere la situación de la instancia estatal en cuestión, esta semana se ha iniciado el proceso de auditorías internas que se extenderá por 90 días y abarcará a las regionales de todo el país. Esta acción se convierte en muy importante para diagnosticar, por un lado, precisamente el estado de Derechos Reales en cuanto a su trabajo, idoneidad en los trámites y relación con el público y, por otro, identificar actos ilegales, aunque éstos no estarán anotados en los registros o en los libros utilizados.

Encarar esta labor de control es beneficioso para la población que requiere los servicios de la entidad, pues se trata de una acción combinada debido a que la comisión conformada para el particular tiene integrantes del Consejo Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve) y de Transparencia del Órgano Judicial, quienes podrán escudriñar en los archivos y cuadernos de registro para constatar denuncias ya formuladas o encontrar anomalías.

Lo fundamental es que las auditorías sean realizadas con la mayor acuciosidad posible, de este modo los datos obtenidos ayudarán a procesar a los responsables de actos ilegales, si es que los hubiera, y dejar un informe que sirva para “sanear” la institución de manera definitiva, cosa posible con mucha voluntad y responsabilidad civil de quienes tienen esto en sus manos.

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