La Gaceta Jurídica

Desaciertos en las Elecciones Judiciales del Estado Plurinacional

Apunte legal

Alan Vargas Lima

00:00 / 11 de febrero de 2014

Como ya es de conocimiento público, la flamante ministra de Justicia, Elizabeth Gutiérrez, posesionada re- cién el pasado 23 de enero, declaró públicamente (aunque a título personal) que la elección de autoridades judiciales en Bolivia, realizada en octubre de 2011, fue un “desacierto” (un error o equivocación) y que los máximos operadores de justicia deberían ocupar los cargos por méritos.

Ello, probablemente preocupada por la retardación de justicia y la corrupción que fueron denunciadas en el Informe Presidencial como las debilidades principales del sistema de administración de Justicia en el país.

Esta posición concuerda con la planteada en días anteriores por la exministra de Justicia Cecilia Ayllón, quien también afirmó que fue un error el proceso de elección de magistrados y que tampoco habría compromiso de las autoridades para realizar el cambio, por lo que, demandó un trabajo más eficiente del Consejo de la Magistratura.

La reciente declaración de la nueva ministra parece ser una posición muy objetiva, muy autocrítica (y, por tanto, muy sana) proviniendo de una autoridad estatal, porque está poniendo en la mesa de debate la elección por “voto popular” que, en su momento, fue rechazada por la población a través del voto nulo y que, desde hace mucho tiempo, es motivo de críticas más que de orgullo nuestro.

Como era previsible, la primera reacción frente a tan cruda declaración fue la del Presidente de la Cámara de Senadores quien, situándose a la defensiva, en un intento de aferrarse al discurso de la “revolución judicial” y del “proceso de cambio en la justicia”, señaló que no comparte esta posición (que, por cierto, es de la mayoría de la población boliviana), presuntamente por no tener justificación, pese a la claridad de la declaración.

Sin embargo, también planteó un cambio integral en la administración de justicia para evitar su  retardación, que afecta mucho a las personas que se encuentran en un proceso judicial, con lo cual llega a admitir la certeza de la posición asumida por la ministra, lo que prácticamente significa que este experimento no está funcionando.

Ciertamente son muchas las interrogantes que pueden plantearse en torno a la actual crisis del Órgano Judicial y la fuente de legitimidad de sus autoridades. No obstante, por ahora me quedo con las planteadas en un editorial de La Razón (28/01/14):

¿Fue un desacierto haber elegido por votación popular a las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental?

Esta es una interrogante que bien podría retrotraerse y plantearse a quienes fueron los ideólogos de la elección judicial por voto popular en la Asamblea Constituyente, sin dejar de considerar que, paradójicamente, esta propuesta también surgió (tal vez antes o después) en el interior del Viceministerio de Justicia de aquel tiempo, cuando difundieron esta propuesta como una panacea frente al enorme desprestigio judicial en Bolivia.

Esto, no por hallar culpables, sino por averiguar cuál era el propósito primigenio de realizar una elección judicial en Bolivia. Entonces, ¿fue un desacierto de la población que concurrió a las urnas?

No fue un error nuestro, porque únicamente nos limitamos a emitir el voto conforme a Ley, teniendo en la papeleta a candidatos presuntamente “idóneos”, pero desconocidos, preseleccionados por una cúpula de la Asamblea Legislativa Plurinacional de acuerdo al procedimiento establecido erróneamente en la misma Constitución, cuando debió ser objeto de una ley específica.

Nosotros cumplimos nuestro deber, pero una vez en el recinto electoral cada uno tenía la posibilidad de votar por alguno/a de ellos/as, votar en blanco o votar nulo. El voto blanco expresa una voluntad política de desacuerdo con los candidatos; en cambio, el voto nulo manifiesta la voluntad política de rechazo al sistema o al proceso en sí mismo.

En consecuencia, emitir un voto nulo no constituía una falta ni delito electoral, por lo que no se podía reprimir –como pretendía el entonces Presidente del Tribunal Supremo Electoral– el derecho de los ciudadanos de manifestar su voluntad de rechazar el proceso por falta de transparencia y fue así que esta última opción fue adoptada por la mayoría de la población, lo cual se reflejó en el alto porcentaje de votos nulos al final de aquella jornada electoral.

¿Se trató de un acto fallido? ¿No se había asumido está inédita elección, más bien, como un avance democrático?

Sí, se trató de un acto fallido destinado al fracaso desde el inicio, porque existieron muchas arbitrariedades en la etapa de preselección de candidatos, dado que muchos de ellos fueron seleccionados de acuerdo a su afinidad con el partido de gobierno o, simplemente, según su “autoidentificación”, que en algunos casos resultó ser solamente un fraude.

Entonces, no es nada nuevo admitir que esta preselección se vio afectada por graves vicios de inconstitucionalidad, al realizarse sin la debida transparencia y sin la comprobación objetiva de las capacidades, habilidades y destrezas de los postulantes; habiéndose impuesto finalmente la voluntad política de la mayoría oficialista que seleccionó sus propios candidatos.

Por otro lado, es evidente que la elección de autoridades judiciales se planteó como una forma de descolonizar la justicia, democratizando la participación del pueblo en esta elección para así relegar al olvido las antiguas prácticas parlamentarias de cuoteo y repartición de cargos en el antes denominado Poder Judicial.

Sin embargo, a título de democratizar la justicia, únicamente se pretendió conseguir el voto popular para validar la preselección realizada por un sector oficialista de la Asamblea Legislativa.

¿No es acaso una innovación consagrada en el nuevo texto constitucional? ¿Se elegía mejor a magistrados y consejeros en el Órgano Legislativo?

Evidentemente se trata de una innovación que ha llamado la atención del mundo entero y que le ha dado un plus de exportación a la Constitución boliviana; adempero, con resultados tan polémicos y desalentadores, es muy probable que muchos países no se atrevan a realizar un proceso eleccionario de este tipo, al menos no de forma desordenada y arbitraria como se realizó en Bolivia.

En todo caso, si se pretende un cambio radical en la administración de justicia no debiera ser un órgano político, sino uno independiente, el que se ocupe de la preselección –en concurso de méritos, capacidad y experiencia probada– de los candidatos idóneos a las altas magistraturas judiciales del país, quienes, ante todo, deben demostrar su firme convicción y compromiso con el Estado constitucional de derecho, así como con nuestro sistema constitucional y los derechos humanos.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia