La Gaceta Jurídica

Desaciertos del anteproyecto presentado

Ley integral de la Amazonía

La destrucción de la Amazonía en el lado brasileño es evidente, en Bolivia puede aumentar.

La destrucción de la Amazonía en el lado brasileño es evidente, en Bolivia puede aumentar. Foto: bolivida.wordpress.com

La Gaceta Jurídica / Iván Bascopé Sanjinés

00:00 / 15 de octubre de 2013

El anteproyecto de Ley Integral que pertenece a la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (Cirabo) y a la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoab) entregado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) no es una norma que promueva el desarrollo integral de la Amazonía en Beni, Pando y el Norte de La Paz, mucho menos para los pueblos indígenas de esas regiones.

Estableciendo un organismo especial, descentralizado para promover actividades propias de la región, debemos destacar que no establece ningún criterio, mecanismo y herramienta para hacer efectivo un desarrollo sustentable de acuerdo a la visión interétnica y la propiamente regional que aglutina una serie de actores locales, que tiene su propia vocación productiva y de desarrollo.

En esta visión de sostenibilidad, la propuesta no pasa de ser de raigambre declarativa, pues está abocada a destacar lo que ya establece la propia Constitución Política del Estado (cpe) y otras normas del sector ambiental y de los recursos naturales, como la Ley de la Madre Tierra, señalando el dogma del equilibrio de los ecosistemas, pero sin identificar cuáles son éstos, cómo se reproducen, cómo se gestionan, cómo debe protegérselos y cómo se realiza el aprovechamiento de los recursos naturales que son bondades que se otorgan desde la naturaleza.

En ninguna parte se refiere siquiera a los territorios indígenas que se ven involucrados, su situación legal en cuanto tenencia de la tierra o cuántos están en situación de aislamiento voluntario; en ello no considera a las áreas protegidas nacionales y municipales que existen en la Amazonía.

Tampoco incluye las formas que se debe desarrollar para una gestión socioambiental acorde al tratamiento de la Ama- zonía, con amplia participación de todos los actores; no establece ninguna herramienta como el monitoreo socioambiental, compensaciones, proyectos redd (Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques), servicios ambientales, prevención de riesgos, cambio climático, etc., que son problemáticas cotidianas que hacen a las políticas públicas del sector ambiental y de los recursos naturales.

De esta forma, establece un imaginario de desarrollo integral, pero sin contemplar la regulación o mediación de los conflictos socioambientales, muchos de ellos ligados a las construcción de hidroeléctricas, carreteras e industrias extractivas (Cachuela Esperanza, El Bala, Corredor Norte, Tipnis, entre otros).

Sobre ello, ¿habría que preguntarnos dónde quedan los planes de vida de los pueblos indígenas? En el anteproyecto de ley son suplantados por el Plan Nacional de Desarrollo, ya desfasado en sus planteamientos y logros esperados, además, no tiene ningún referente hacia ellos o mínimamente con base a algún modelo exitoso, entonces ¿qué desarrollo otorgará a los pueblos indígenas?

Del otro lado, incluyente de la Amazonía, pues representa su propia identidad multicultural al igual que sus iniciativas de desarrollo, excluye de sopetón los planes regionales y sectoriales del sector ganadero, empresarial, agrícola por una mirada cortoplacista de interacción con el Estado.

Para esto, este anteproyecto de ley mínimamente debe incorporar el rol y finalidad de la Evaluación Ambiental Estratégica para la Amazonía. Por otra parte, se menciona el aprovechamiento de los recursos naturales sin decir cuáles son y sin contemplar las reglas o estándares para un manejo de los bosques, sin deforestación ni desertificación.

Se plantea en términos de horizonte regional un desarrollo postextractivista, sin extracción de recursos naturales renovables ni no renovables. Empero, no existen en sus planteamientos mecanismos o incentivos para las comunidades en cuanto a su desarrollo, tampoco para efectivizar su economía comunitaria a partir del aprovechamiento tradicional de los recursos naturales. En otras palabras, se las deja sin economía.

Respecto a los megaproyectos hay ambigüedades, el documento señala que éstos son permitidos siempre que sean de interés nacional, introduciendo muy sutilmente la declaratoria del interés nacional a través de la soberanía estatal de los recursos naturales, que en otras legislaciones se contrapone con el consentimiento previo, libre e informado que se requiere, como señala la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

No contiene ni en espectro (nada) sobre el derecho de consulta de las comunidades indígenas frente a estos proyectos, megaproyectos e inversiones ya identificadas para la Amazonía, por lo cual es un anteproyecto de ley que se olvida de los derechos de desarrollo y libre determinación de los pueblos indígenas.

Finalmente, y en la línea estatal-institucional, como esto de la declaratoria de interés público, desde el artículo 7 hasta el final, la propuesta se dedica a fundar una nueva estructura institucional con el nombre de Servicio de Desarrollo Integral Amazónico Boliviano, que no será otra cosa que el Ademaf que ahora existe, vinculada a las ONG y que fungirá como ente regulador, pero, a la vez, como programa de desarrollo conforme a la política gubernamental, aspecto que no acaba de convencer sobre el cómo se puede lograr el desarrollo integral, complejo y multicultural de esta región.

Es preocupante y más aún sin el debate público necesario para encarar el tratamiento legislativo desde la participación de los legítimos dueños de la Amazonía, quienes tienen el deber de plantear sus propias propuestas, así como su propio desarrollo.

Es abogado, coordinador regional de la Red Jurídica Amazónica (RAMA).

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