La Gaceta Jurídica

Descongestión del sistema penal

…un aspecto de la norma que seguramente será cuestionado es el referido a los jueces ciudadanos, pues ellos quedarán suspendidos de algunos procesos si se considera que las personas convocadas para esta responsabilidad no pueden ser notificadas fácilmente o generan retardación de justicia.

Editorial

00:00 / 04 de noviembre de 2014

El sistema judicial nacional, pese a diversas acciones que se aplican para cambiar el estado de cosas, se caracteriza por el retraso en investigaciones, procedimientos y etapas de sentencia en los procesos; además de ello, son poco cuantificables pero muy evidentes los hechos de corrupción, chicanería y acciones perjudiciales en la ventilación de los casos en los juzgados.

Esto ha provocado que, en especial, la medida de detención preventiva se convierta en una violación de los derechos humanos, debido a que la mayoría de la población carcelaria del país se encuentra privada de libertad sin sentencia ejecutoriada. Según el procurador general del Estado, Héctor Arce, en una aparición en la red atb, esta condición tal vez se encuentra cerca del 83 por ciento, es decir que solo el 17 por ciento de los reclusos y reclusas permanece en las cárceles con sentencia ejecutoriada.

Además de estos problemas, existen otros que hacen a la administración de justicia un calvario para los y las litigantes, es decir que, desde los gastos que infringen la gratuidad de la justicia y las actuaciones de algunos jueces, fiscales, abogados y jueces ciudadanos, las personas deben hacer frente a muchos obstáculos para que las causas se ventilen con regularidad, pertinencia y celeridad.

Con estos antecedentes y como un nuevo intento de transformar o, por lo menos, mejorar la aplicación de penas y la determinación de fallos, el miércoles fue promulgada la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal con el objetico principal de terminar con la retardación en los procesos penales, aspecto que es criticado incluso por Naciones Unidas y otros organismos internacionales y nacionales.

En una breve relación de la norma, se aprecia que la vacación judicial colectiva es eliminada porque este fuero retrasa los juicios debido a que los juzgados se mantienen cerrados alrededor de 30 días al año; con la determinación, los tribunales permanecerán abiertos sin afectar las vacaciones individuales de jueces y fiscales de acuerdo a lo que les corresponda según el precepto laboral. Otro de los aspectos que determina la nueva ley es archivar temporalmente los procesos penales que no han tenido movimiento durante un año, los cuales pasarían a un almacenamiento definitivo si se encuentran una segunda gestión en demora.

A primera impresión, esta disposición daría pie a que los juristas “chicaneros” provoquen tardanzas hasta que la causa sea archivada, sin embargo, se ha previsto que los recursos, incidentes, excepciones y recusaciones solo podrán ser utilizados por los abogados una vez y si éstos intentan repetirlos serán inicialmente amonestados, luego sancionados económicamente y, como correctivo final, separados del caso que atiendan, así se evitaría la aplicación recurrente de estos mecanismos para el retraso de procesos.

Por otra parte, un aspecto de la norma que seguramente será cuestionado es el referido a los jueces ciudadanos, pues ellos quedarán suspendidos de algunos procesos si se considera que las personas convocadas para esta responsabilidad no pueden ser notificadas fácilmente o generan retardación de justicia. Las apreciaciones al respecto coinciden en que esta evaluación de las actitudes de los jueces ciudadanos también podría ser perjudicial para la celeridad de causas; en contrapartida, existen entendidos en el sistema judicial que consideran la participación de jueces ciudadanos como un avance en los procesos penales.

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