La Gaceta Jurídica

Desorden e ilegalidad en el reordenamiento y asignación de equivalencias para el CPC

“Doctrinalmente, se ha venido entendiendo por tribunal de excepción el que se constituye para juzgar de un caso particular, o de casos individualizados, vulnerando las normas legales de competencia y ex post facto, con lo que supone ello de privación total del principio del juez predeterminado”.Juan Montero Aroca

Reordenamiento judicial

Reordenamiento judicial FOTO: albertodiazabogado.com

La Razón (Edición Impresa) / Francisco Mateo Tarquino Blanco*

18:27 / 10 de febrero de 2016

Como exjuez en materia penal, siento la obligación de hacer conocer mi preocupación sobre el REORDENAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE EQUIVALENCIAS DE JUZGADOS Y TRIBUNALES DEL ÓRGANO JUDICIAL, que se encuentra publicado en la página web del Consejo de la Magistratura.

Esta nueva asignación de equivalencias confiere a los jueces de provincias y Centros Integrados de Justicia competencias que no se encuentran en la ley, la que ocasionará el planteamiento de nulidades y producirá un desorden en la nominación de los mismos generando confusión al público litigante, esto, además de suprimir 33 juzgados provinciales.

El Nuevo Código Procesal Civil (cpc) fue promulgado el 19 de noviembre de 2013, su vigencia plena estaba programada para el 6 de agosto de 2014, la que fue suspendida hasta el 6 de agosto de 2015 para que sea implementado junto al Código de las Familias y del Proceso Familiar, así como el Nuevo Código Niña, Niño y Adolescente, empero existió una nueva suspensión hasta el 6 de febrero del 2016.

Consecuentemente, nos encontramos a las puertas de la vigencia plena de estos nuevos códigos, aspecto que marca el inicio de un nuevo régimen jurídico a través de los Códigos Morales, por tanto, la incorporación de estos preceptos al sistema judicial boliviano debe merecer un análisis profundo de la administración de la justicia actual, catalogada como una justicia lenta, poco humana e inmersa en hechos de corrupción.

Solo con el análisis profundo de estos males, el estudio de la estructura y de la organización del sistema, sumado al análisis del compromiso de la actividad jurisdiccional de los actores se podrá lograr una aplicación correcta de los nuevos códigos.

Lastimosamente, quienes elaboraron las directrices para el reordenamiento de los juzgados parecen no haber observado detenidamente las normas contenidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional (cpe), de la Ley del Órgano Judicial (loj) y los códigos procesales, ocasionando la aprobación de las equivalencias con serias deficiencias en la nominación y distribución de competencias en los juzgados de provincias y los Centros Integrados de Justicia.

Es necesario aclarar cuáles son las bases para nuestra observación y, para ello, hemos diseñado los siguientes parámetros, que deben ser considerados.

El sentido de las equivalencias

El Nuevo Código Procesal Civil, en sus Disposiciones Transitorias, parte Tercera, dispone que a partir de la vigencia plena de este código los juzgados de Instrucción y Partido en lo Civil y Comercial, de acuerdo a lo previsto por la Ley del Órgano Judicial, serán denominados juzgados públicos en materia Civil y Comercial.

Más adelante, señala que tres meses antes de la vigencia plena del código, el Consejo de la Magistratura, por Resolución de Sala Plena, procederá a reordenar y a asignar las equivalencias. Esta misma redacción se encuentra en las Disposiciones Transitorias, parte Tercera, del Código de las Familias.

Ahora bien, ¿qué significa la asignación de EQUIVALENCIAS? Según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas (1), ASIGNAR significa señalar lo que a cada uno o a cada cosa corresponde y EQUIVALENCIA significa Igualdad o asimilación de valor, eficacia, atribuciones, categoría y otras circunstancias.

Entonces, el significado del mandato de la ley era simplemente la asimilación de los juzgados de instrucción en lo Civil y Comercial (que desaparecen con la nueva ley) a los juzgados públicos en lo Civil y Comercial y proceder a su reordenamiento y denominación por el Consejo de la Magistratura, conforme a sus atribuciones.

Cabe aclarar que ninguna de ambas normas, Código Procesal Civil y Código de las Familias, dispone o sugiere la supresión o traslado de juzgados, mucho menos la ampliación de competencias.

Aprobación de las nuevas equivalencias

El Consejo de la Magistratura, mediante acuerdo de Sala Plena N° 001/2016 de 4 de enero de 2016, ha aprobado y publicado en su portal el “Reordenamiento y Asignación de Equivalencias a Juzgados y Tribunales del Órgano Judicial”, en cuyo anexo se detalla la denominación de los juzgados públicos en materia civil y comercial, así como de familia y otras materias en las capitales de departamento donde existen juzgados especializados:

Ciudades    Juzgados    Juzgados    Juzgados                    públicos    públicos    públicos de la                      civiles y    familiares    niñez y                    comerciales                   adolescencia

  • Sucre    14    9    3
  • La Paz    29    15    2
  • El Alto    12    8    1
  • Cochabamba    25    14    3
  • Quillacollo    6    2    1
  • Oruro    15    9    1
  • Potosí    9    7    2
  • Tarija    11    4    2
  • Santa Cruz    30    16    3
  • Montero    4    2    1
  • Trinidad    6    3    2
  • Cobija    4    2    1

Con respecto a este detalle de equivalencia en las ciudades, no existe ninguna observación porque consideramos que se ha cumplido con el mandato. Empero, en las provincias y en los centros integrados se realiza una asignación arbitraria de competencias no enmarcadas en la Ley. Comenzamos indicando que las distintas denominaciones de los juzgados generarán confusiones al juzgador y a su personal y, principalmente, al público litigante.

A continuación tenemos algunos ejemplos que ilustran este desorden y caos creado por el Consejo de la Magistratura:

-El Juzgado de la provincia Oropeza, municipio de Yotala, tendrá la siguiente denominación: Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal 1º.

-En la provincia Zudáñez, municipio Zudáñez, será denominado Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1º (ya no tendrá competencias en materia de Trabajo y Seguridad Social, como el primero).

-En la misma provincia, municipio de Redención Pampa, será denominado Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer (el único a nivel nacional en provincias).

-En la provincia de Tomina, municipio Padilla, la denominación será Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal 1º, otro Juzgado Público de Familia (especializado, pero se reitera esta competencia en el otro juzgado mixto).

Lo más grave, el Tribunal de Sentencia 1º será, a su vez, Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia, de Partido de Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal (desconociendo que estos tribunales son colegiados y compuestos por tres jueces técnicos).

¿Cómo se distribuirá la carga procesal? Y, mientras uno de los jueces lleve un juicio oral en materia de la niñez y adolescencia, ¿el juicio penal quedará suspendido por la ausencia del tercer juez? Estas y otras interrogantes deberán ser explicadas por las autoridades del Consejo.

La jurisdicción y la competencia están expresamente determinadas por ley

El artículo 179 de la cpe dispone que la función judicial es única. La jurisdicción ordinaria es ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia (tsj), los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces…, más adelante señala que existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.

La Ley 025, loj, establece en su artículo 1 que “la presente ley tiene por objeto regular la estructura, organización y funcionamiento del Órgano Judicial”. Por tanto, la estructura, su organización y el funcionamiento de los tribunales y juzgados se encuentran plasmadas en esta normativa.

Es más, en su artículo 11 señala que la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia; emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del Órgano Judicial y el artículo 12 señala que la competencia es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, o autoridad indígena originaria para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto.

El artículo 31 de la LOJ dispone que la jurisdicción ordinaria se ejerce a través de:

1. El Tribunal Supremo de Justicia.

2. Los Tribunales Departamentales de Justicia.

3. Tribunales de sentencia y jueces con jurisdicción donde ejercen competencia en razón de territorio, naturaleza o materia.

El artículo 64 de la loj aclara con mayor detalle la organización y el funcionamiento de los juzgados, señala que el ejercicio de la función judicial en razón de materia, es como sigue:

1. Las juezas y jueces de los juzgados públicos ejercerán su competencia en razón de materia. En tal caso, los despachos a su cargo se denominan Juzgados Públicos de materia Civil y Comercial, Familiar, de la Niñez y Adolescencia, de Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública, de Trabajo y Seguridad Social, de Sentencia Penal, Substancias Controladas y otras establecidas por ley respectivamente.

2. Las juezas y jueces podrán conocer más de una materia cuando la densidad poblacional y la carga procesal así lo justifiquen. En estos casos, los despachos de las juezas o jueces se denominarán Juzgados Públicos Mixtos.

3. Los Tribunales de Sentencia, conocerán de los asuntos penales, anticorrupción y otros especializados conforme a ley.

4. Las juezas y los jueces de Instrucción en lo Penal conocerán los asuntos de su competencia conforme a ley.

Por tanto, la loj describe con claridad la organización y funcionamiento de los tribunales y juzgados y, principalmente, establece la denominación que debe recibir cada uno de los juzgados y tribunales.

Desde el artículo 69 hasta el 81 de la loj se describe las competencias de los juzgados públicos especializados en las diferentes materias: Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Trabajo y Seguridad Social; competencias de los juzgados de Instrucción en lo Penal, de Sentencia Penal, de tribunales de Sentencia y otros.

En cada uno de los artículos, además de individualizar las competencias de cada juzgado, en el último inciso hace referencia a “otras competencias establecidas por ley”; consiguientemente, es la Ley la que otorga las competencias del juzgador en cada materia.

La misma ley, en su artículo 81, dispone la existencia de los JUZGADOS PÚBLICOS MIXTOS, con competencias claramente definidas y cuya función principal es la de conocer y resolver los juicios no conciliados en materia Civil y Comercial; Familiar; Niña, Niño y Adolescente; Trabajo y Seguridad Social; Penal; Violencia Intrafamiliar y otras establecidas por ley, además de conocer los asuntos judiciales no controvertidos y procedimientos voluntarios señalados por Ley.

Con esta disposición queda clara la existencia de Juzgados Públicos Mixtos con competencias claramente definidas por ley. Ello se justifica en el área rural, provincias, cantones y municipios.

Supresión de juzgados e ilegal asignación de competencias a los jueces de provincias y Centros Integrados de Justicia

Por mandato de la loj, cada uno de los juzgados especializados tiene competencias definidas y cualesquier otra competencia que se le asigne tiene que estar establecida en una ley, bajo los parámetros determinados por el artículo 64, parágrafo II, de la loj.

Por otra parte, a los juzgados que conocen más de una materia, la ley los denomina JUZGADOS PÚBLICOS MIXTOS, no pudiendo recibir otra denominación que no esté descrita en la ley.

Lastimosamente, el “Reordenamiento y Asignación de Equivalencias a Juzgados y Tribunales del Órgano Judicial”, aprobado mediante acuerdo de Sala Plena N° 001/2016 de 4 de enero del año en curso, adolece de ilegal y arbitraria asignación de competencias a los juzgados de provincias y a los jueces de los centros integrados, pues de la lectura del citado acuerdo de Sala Plena se nota que no existe fundamento legal alguno para otorgar a los jueces de provincias competencias que no emanen de la ley.

Asimismo, menos existen fundamentos para SUPRIMIR 33 juzgados provinciales a nivel nacional a título de traslados, sin considerar que existe una falta de acceso a la justicia en el área rural, lo que constituye una de las debilidades de la administración de justicia, tal como lo ha señalado el Embajador de la Unión Europea (ue) a través del matutino Los Tiempos del 17 de octubre de 2013.

Lo esencial para juzgar en materia penal es la legalidad que ha quedado plasmada en el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal y establece que nadie será juzgado por comisiones o tribunales especiales ni sometido a otros órganos jurisdiccionales que los constituidos conforme a la Constitución y a la ley, con anterioridad al hecho de la causa.

Lamentablemente, los juzgados de provincias, conforme al Reordenamiento y Asignación de Equivalencias, estarán constituidos al margen de la Constitución y de las leyes.

Los tribunales de Sentencia, así como los juzgados de Instrucción en lo Penal, por su naturaleza han sido creados para conocer causas en materia penal, estas competencias son improrrogables y son regidas por las reglas respectivas de su ley orgánica y por las de éste código, así lo señala el artículo 44 del Código de Procedimiento Penal.

Por otra parte, los tribunales de Sentencia están compuestos por jueces colegiados y tienen la obligación principal de conocer y resolver los juicios orales en materia penal, por tanto, resulta incomprensible asignarles otras materias como de Trabajo y Seguridad Social o de la Niñez y Adolescencia, que, por disposición de la ley, están asignados a jueces unipersonales.

Tampoco comprendemos los motivos para distorsionar las competencias del juez instructor, asignándoles las competencias de Juzgados Públicos Mixtos, extremos que –con seguridad– atormentarán al juzgador para decidir si lleva juicios orales en primera instancia o se dedica a controlar las investigaciones de la comisión de delitos, so pena de ser declarado nulos todos sus actos.

A contrario sensu (en sentido contrario), la competencia del Juzgado de Sentencia unipersonal es la de tramitar causas en primera instancia, además, éste puede ser parte de los Juzgados Públicos Mixtos por expresa determinación del artículo 81 de la loj.

El actual Reordenamiento y Asignación de Equivalencias ocasionará completo desorden en la instalación de conciliadores, que, a nivel nacional, está previsto que sean 157, de los cuales 22 estarán designados en la ciudad de La Paz, 9 en la ciudad de El Alto y 9 para las 20 provincias.

Son 30 municipios en los que existen asientos judiciales, por tanto, un conciliador se hará cargo de tres o cuatro asientos judiciales y viajará constantemente entre estos juzgados. Para cumplir con su labor deben estar dotados de vehículos o pasajes, además de que debe asignárseles una oficina en cada uno de los asientos judiciales donde puedan celebrar sus audiencias, amén de los viáticos.

Pero esta distribución ocasionará una limitación al derecho de acceso a la justicia, pues el usuario tendrá que esperar a que llegue su conciliador.

El artículo 38, numeral 12, de la loj confiere al Pleno del tsj las atribuciones de reasignar y ampliar las competencias de tribunales de Sentencia y juzgados públicos dentro de la jurisdicción departamental, en coordinación con el Consejo de la Magistratura, por ende, son los únicos que pueden ampliar competencias de los tribunales de Sentencia y juzgados públicos, respetando las denominaciones establecidas en la ley, pero tampoco tienen facultades para fusionar competencias de juzgados de Instrucción y juzgados públicos mixtos.

Inducción a usurpación de funciones

De continuar con esta asignación de competencias al margen de la ley, las decisiones que adopten los juzgadores serán objeto de recursos de nulidad por haber sido dictada por una autoridad que no tiene competencias definida por Ley, así lo manda el artículo 122 de la cpe, cuando señala que “son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”.

De este modo, la responsabilidad de estas nulidades por usurpación de funciones la tendrán que enfrentar las autoridades del Consejo de la Magistratura.

Conclusiones

De lo anotado, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

1. Urge la necesidad de REORDENAR el “Reordenamiento y Asignación de Equivalencias de Juzgados y Tribunales del Órgano Judicial”, aprobado por el Consejo de la Magistratura, respecto a los jueces de provincias y los centros integrados, para no perjudicar a más de 305 juzgados distribuidos en 147 municipios a nivel nacional, suprimiendo 33 de ellos.

2. Respetar la estructura, organización y funcionamiento diseñado por la Ley del Órgano Judicial, consiguientemente, en las capitales de departamento son los tribunales o juzgados públicos especializados en cada una de las materias y en las provincias los juzgados públicos mixtos, los juzgados de Instrucción y tribunales de Sentencia con competencias claramente definidas por ley.

3. Presumiblemente, este desorden en los juzgados de provincias responde a la falta de recursos económicos para la creación de nuevos juzgados, empero éste no es justificativo suficiente para inducir a los jueces a la usurpación de funciones, como se pretende. El Consejo de la Magistratura tenía la obligación de prever estos costos.

4. Conocen perfectamente las autoridades del Consejo de la Magistratura que en las provincias existen más causas en materia penal que en otras materias, consiguientemente, es necesario mantener los juzgados de Instrucción bajo la misma denominación, para conocer y controlar la investigación de procesos penales, de anticorrupción y de violencia contra la mujer, cuyas competencias son similares.

Por tanto, al mismo tiempo no pueden ser jueces públicos mixtos, porque tendrían que conocer los juicios orales en los que ha sido juez de control de garantías (procesos penales de menor gravedad o de los delitos flagrantes).

5. También es necesario mantener a los juzgados de Partido Mixto, bajo la denominación de juzgados públicos mixtos, para conocer las causas de diferentes materias.

6. La conversión de los juzgados de Partido a juzgados públicos mixtos permitirá una adecuada distribución de conciliadores, pues serán estos juzgados públicos mixtos los que tendrán una oficina de conciliación, por tanto, se requerirá un número menor a lo previsto, toda vez que, actualmente, existen 16 juzgados de Partido en provincias, que serían convertidos en 16 juzgados públicos mixtos.

7. Es urgente definir si los centros integrados son asimilados como juez público mixto o se mantiene como juez instructor, pero no se puede fusionar ambas competencias.8. El Consejo de la Magistratura deberá incorporar en su poa (plan operativo anual) la creación de más juzgados, siempre y cuando responda a un diagnóstico del movimiento de los procesos, número de causas nuevas, el despacho de las mismas y la densidad poblacional.

*    Es abogado, exjuez de Instrucción en lo Penal, exjuez de Sentencia y exjuez Técnico de Tribunal de Sentencia y exrepresentante del Consejo de la Magistratura. Fue docente de la Universidad Tecnológica Boliviana (UTB) y de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). Posee varios diplomados y maestría en Administración de Justicia, actualmente es doctorante en Derecho Constitucional y Administrativo.

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