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¿Despenalización del aborto?

Uruguay:

Los legisladores uruguayos se encuentran en la disyuntiva.

Los legisladores uruguayos se encuentran en la disyuntiva. Foto: gerardoamarilla.blogspot.com

La Gaceta Jurídica / Isabel Pérez/SEMlac

00:00 / 24 de enero de 2012

Pese a las amenazas realizadas por la Iglesia uruguaya de excomulgar a los legisladores que votaran a favor de la despenalización del aborto, el Senado aprobó el pasado 27 de diciembre un proyecto que permite a las mujeres decidir la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación.

La Cámara Baja tratará el proyecto en abril de este año, cuando retome su actividad luego del receso previsto hasta marzo. No obstante hay dudas respecto a la decisión que tomarán algunas legisladoras de la fuerza mayoritaria; se espera que el Frente Amplio llame a votar en Diputados por disciplina partidaria.

La despenalización del aborto es, además, parte del programa de gobierno presentado para el periodo 2010-2015 por el partido de gobierno. La decisión adoptada en diciembre por el Senado reafirma la tomada en la legislatura anterior (2008) y no cuenta esta vez con la presión del veto del Presidente de la República.

El anterior mandatario, Tabaré Vázquez, perteneciente a la misma fuerza política de gobierno, concretó el veto y dejó sin efecto el artículo 2 de la ley de salud sexual y reproductiva. Sin embargo, el resto del texto está vigente y otorga acceso universal a métodos anti- conceptivos y capacitación a docentes en derechos sexuales y reproductivos.

Esto hace de la normativa una “ley chueca”, que genera una “incongruencia normativa y sanitaria”, según la legisladora oficialista Constanza Moreira. En su tratamiento actual la propuesta despertó, sin embargo, fuertes reacciones de la Iglesia y de los movimientos provida.

Las amenazas eclesiásticas previas a la votación fueron duras para legisladores y legisladoras que votaran a favor y ampliamente rechazadas por todos los sectores políticos. La excomunión prevista, de todos modos, no se ha concretado. Por el contrario, inmediatamente llegaron repercusiones de integrantes del gobierno que manifestaron su apoyo a la propuesta.

Tanto el ministro como el viceministro de salud explicaron, en los días siguientes, que las instituciones públicas y privadas prestadoras de salud estarán obligadas, de aprobarse la ley, a asistir a aquellas mujeres que deseen interrumpir un embarazo. No hacerlo, dijeron, conllevaría sanciones. “Tenemos el derecho y el deber de dar todas las condiciones a nuestras mujeres para la interrupción de un embarazo no deseado”, insistió el ministro Venegas en los días siguientes.

Al mismo tiempo, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, acompañó la votación en la Cámara y aseguró que “estamos ante la aprobación de un derecho ciudadano, el derecho a la maternidad elegida, a la salud sexual y reproductiva”.

La Cámara alta representó en su votación la voluntad ciudadana uruguaya, que desde hace años se muestra mayoritaria a la despenalización del aborto (63 por ciento, según encuestas de opinión pública). La legisladora oficialista Mónica Xavier, impulsora principal del proyecto, argumentó en la oportunidad que el aborto puede ser considerado “pecado” por alguna religión, pero “para el Estado no puede ser igual pecado a delito”.Explicó, además, que la ley vigente es “ineficaz, discriminatoria e injusta, porque algunas pueden llevar adelante sus decisiones y otras no”. Los argumentos esgrimidos en contra del proyecto están vinculados a la defensa de la vida desde la concepción, en general provenientes de la religión.

Según el texto aprobado por la Cámara alta “toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional”. Agrega que el plazo no se aplicará si el embarazo es producto de una violación, si está en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran “malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina”.

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