La Gaceta Jurídica

Después del fallo, ¿qué?

Definición del TCP

La lección exige un mejor tratamiento y discusión para aprobar normas.

La lección exige un mejor tratamiento y discusión para aprobar normas. Foto: brigadacbba.blogspot.com

La Gaceta Jurídica / Henry Pinto Dávalos

00:00 / 15 de febrero de 2013

Mediante comunicado público, el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) ha anunciado que después de un análisis minucioso de la Ley Marco de Autonomías Departamentales se ha declarado la inconstitucionalidad –inexequibilidad, según la doctrina colombiana que me parece más apropiada para los fines que se pretenden– de los artículos 44, 45, 46 y 47 de ella.

Estos acápites establecían la posibilidad de suspender de sus funciones a una autoridad electa, sea concejal, alcalde o gobernador, con la sola existencia de una “acusación fiscal”, hecho que, según reporta la prensa nacional, motivó la suspensión de más de 100 autoridades electas, entre ellos el alcalde de Sucre, Jaime Barrón, los gobernadores de Beni y Tarija, Ernesto Suárez y Mario Cosío, o el alcalde de Quillacollo, Héctor Cartagena, quienes fueron víctimas de la aplicación de una norma contraria a la Constitución.

Empero, si bien el tema ha sido motivo de algarabía al interior de las filas de la oposición por haber visto en el fallo el instrumento que los libera de la soga a la cual se encontraban atadas, se está obviando un aspecto central que es la responsabilidad de quienes tienen en sus manos el mandato constitucional de aprobar normas, aplicarlas y ponerlas en vigencia.

En efecto, la Constitución Política del Estado (cpe) incorpora entre sus sabias previsiones que los bolivianos y bolivianas no sólo tenemos derechos (de cuatro generaciones) y garantías, sino también deberes previstos inicialmente en el artículo 108, que de modo categórico afirma que son deberes de todos y todas “conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”, previsión que se reafirma en el artículo 235 de la misma norma suprema referido a los servidores públicos, donde se ratifica que constituye una obligación de todo funcionario público el “cumplir la Constitución y las leyes”.

Si esto es así y si realmente aplicamos la Constitución sin imprimir ningún tipo de interpretación ajena al Derecho Constitucional, vendríamos a concluir que las autoridades que aprobaron, promulgaron y aplicaron dichas leyes –háblese de los responsables del Legislativo y del Ejecutivo nacional, principalmente– han incumplido sus deberes constitucionales, aprobando y poniendo en marcha una norma que tal como lo ha dicho el tcp es contraria y lesiva a la Constitución.

El hecho, en el peor de los casos, debería motivar no sólo sanciones éticas al interior de cada órgano contra los responsables, sino también sanciones de tipo penal, por cuanto el daño provocado con la aplicación de la norma inconstitucional ha sido causado tanto a las personas o autoridades particulares que hubiesen sido víctimas de su aplicación, cuanto a la misma sociedad boliviana y al normal desarrollo de la gestión pública, provocando enfrentamientos innecesarios, conflictos sociales, bloqueos, marchas, baja inversión pública, fuga de recursos económicos y, en más de un caso, la pérdida de una vida humana.

El Código Penal, en su artículo 153 y 154 y bajo los tipos penales de Resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes e Incumplimiento de Deberes, establece la posibilidad jurídica de que cualquier resolución, orden o disposición  que sea contraria a la Constitución constituye delito penal, sancionando incluso la omisión en cuanto al cumplimiento de deberes se refiere hasta con 10 años de reclusión.

La norma debería aplicarse en el caso presente, no tanto por sancionar a los eventuales administradores del poder, quienes incluso tienen la garantía de la presunción de inocencia a su favor, sino principalmente para sentar un precedente relevante para que ningún funcionario, sea cual fuera su jerarquía o afiliación política, incurra en este tipo de actos que no sólo dicen mal de nuestra cultura constitucional, sino que causan profundo malestar y daño a las familias que, por azares del destino, se ven sometidas a procesos irregulares, amparados, además, en normas inexistentes, es decir, fuera del orden constitucional.

*    Es catedrático de Derecho Procesal Constitucional (UMSS).

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