La Gaceta Jurídica

Después del referéndum, tenemos que hablar

Apunte legal

Alan E. Vargas Lima

00:00 / 23 de septiembre de 2015

Como bien conocemos, el estatuto autonómico es la norma institucional básica de las entidades territoriales autónomas, de naturaleza rígida, cumplimiento estricto y contenido pactado, reconocida y amparada por la Constitución Política del Estado (cpe) como parte integrante del ordenamiento jurídico.

Expresa la voluntad de sus habitantes, define sus derechos y deberes, establece las instituciones políticas de las entidades territoriales autónomas, sus competencias, la financiación de éstas, los procedimientos a través de los cuales los órganos de la autonomía desarrollarán sus actividades y las relaciones con el Estado.

Sin embargo, la última jornada democrática nos ha dejado con sabor a poco y, según los medios de comunicación, el ausentismo y la desinformación, sumados a cierto grado de desinterés, han sido algunos de los factores que determinaron el rechazo de la ciudadanía a los textos estatutarios.

Por ejemplo, a media jornada del referendo autonómico del pasado domingo se advirtió un marcado ausentismo, tanto en La Paz, Cochabamba y Potosí, que se reflejó en los recintos electorales, según informaron en su momento algunas autoridades. Así también, a tiempo de hacer un recorrido por diferentes centros de votación durante la mañana en la ciudad de La Paz se pudo constatar la baja afluencia de ciudadanos a las urnas para emitir su voto, en relación a otras oportunidades.

Entre algunas de las causas que provocaron el ambiente de ausentismo se puede mencionar que algunas mesas abrieron tarde, que hubo retraso de los jurados electorales y también el notable desinterés de la población, además de una perceptible desinformación, a diferencia de lo que ocurrió en otros procesos electorales.

Según algunos, el ausentismo se puede interpretar como una reacción ciudadana frente a la poca información sobre el contenido de los proyectos de estatutos autonómicos que se pusieron a consulta en aquella jornada (y ello, no porque no hubieran existido “campañas informativas”, sino porque, a pesar de todo, fueron difundidas por poco tiempo, tornándose en insuficientes).

Al día siguiente el reporte parcial del Tribunal Supremo Electoral (tse) sobre el referendo autonómico realizado en cinco departamentos daba cuenta de que los habitantes de los centros urbanos rechazaron mayoritariamente los estatutos que fueron propuestos a su consideración. De este modo, según los resultados preliminares, más del 70 por ciento de los votantes se inclinaron por el “No”, actuando en rechazo a la propuesta alentada desde el Ministerio de Autonomías.

En otras palabras, el “Sí” a las propuestas de estatuto autonómico departamental únicamente logró un respaldo de 30 por ciento, aproximadamente (según lo ocurrido en La Paz). Sin embargo, se debe recordar que este cómputo corresponde a las ciudades, donde se ha percibido un voto opositor muy consolidado, quedando pendientes los datos de las zonas periurbanas y rurales.

¿Cuál es el significado de este panorama inicial? ¿Es acaso una mu- estra de rechazo rotundo a una propuesta del gobierno?

Ciertamente, el sector oficialista hizo varios esfuerzos por lograr convencer a la ciudadanía para que votara a favor de los estatutos autonómicos, sin embargo, a pesar de ello, la reacción de la población, por las causas antes señaladas, fue en sentido contrario.

Y es que el referéndum autonómico constituía una gran oportunidad para consolidar definitivamente las autonomías departamentales; no obstante, la ciudadanía aprovechó esta oportunidad para manifestar su rechazo a una propuesta estatutaria que probablemente no cumple con sus expectativas o que, simplemente por provenir de un aparato gubernamental centralista, ya no es creíble, lo cual se halla respaldado por algunas disposiciones de los propios estatutos que, a simple vista, tienden a consolidar el centralismo en la toma de decisiones y no así la autonomía plena.

¿Qué sucederá ahora? De acuerdo con el artículo 54 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización se ha previsto que, en resguardo de la seguridad jurídica de las autonomías, sus estatutos autonómicos y cartas orgánicas deberán ser aprobadas por referendo; sin embargo: “Si el resultado del referendo fuese negativo, el Tribunal Electoral Departamental llevará a cabo un nuevo referendo dentro de los ciento veinte (120) días de emitida la declaración de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional Plurina- cional para un nuevo proyecto de estatuto autonómico o carta orgánica, luego de su modificación por el mismo órgano deliberativo”.

Vale decir que aún resta un breve lapso, con su trámite consiguiente ante el Tribunal Constitucional Plurinacio- nal, para que nuevamente se someta a decisión de la población el proyecto de Estatuto Autonómico, pero no puede ser el mismo texto que ya ha sido rechazado, sino uno modificado de acuerdo a las legítimas demandas y necesidades del departamento en donde se pretende ponerlo en vigencia.

Ello conlleva una tarea de profunda socialización y explicación amplia de todas sus normas y contenidos principales para ver su grado de adecuación a las necesidades más urgentes e indispensables de la población; asimismo, también implica que deberá superar todas aquellas observaciones de que hubiera sido objeto en su contenido, como ya se hizo conocer en su momento por parte de diversos sectores sociales que, desde un inicio, expresaron su rechazo frente al texto de los proyectos de Estatuto.

En consecuencia, se requiere habilitar un diálogo abierto, efectivo, democrático, plural e intercultural para que todos podamos entender el alcance de muchas de las disposiciones estatutarias, para que finalmente podamos sentirnos seguros del instrumento que vayamos a aprobar con nuestro voto, porque nuestra decisión debe respetarse y en este caso es absolutamente vital e indispensable para consolidar autonomías departamentales.

Conversemos, dialoguemos, pero, sobre todo, entendámonos hablando un mismo lenguaje y, en ese marco, lleguemos a un acuerdo satisfactorio que se traduzca en un pacto consensuado y conocido por todos y todas y proyectemos un solo futuro para todos y todas sin exclusiones. Entonces, como verán: “Tenemos que hablar”.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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