La Gaceta Jurídica

Destinatarios y mecanismos jurídicos

El acto y los usuarios

Las organizaciones de salud fueron apoyadas por estudiantes del área.

Las organizaciones de salud fueron apoyadas por estudiantes del área. Foto: Archivo La Razó́n

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00:00 / 27 de abril de 2012

En el caso de la huelga en servicios esenciales, surge una problemática respecto a la presión, es decir, aparece un destinatario indirecto, que es precisamente el usuario del servicio, toda vez que el huelguista concentra su presión sobre el usuario, buscando por esta vía potenciar su acción sobre el empleador y los poderes públicos. En otras palabras, la mayoría de las veces el usuario se vuelve rehén de un conflicto, la misma nota de “esencialidad” está imbuida por el grado de perjuicio que la huelga provoca en el usuario.

Por ello, un servicio cuya interrupción no daña excesivamente al usuario difícilmente podría calificarse de esencial, el grado de esencialidad es proporcional al grado de perjuicio ocasiona en el usuario, por tanto, la consecuencia jurídica de estas consideraciones es que en todos los casos de huelga en servicios esenciales existe una mayor o menor colisión entre los derechos del huelguista y los derechos del usuario.

Por ello, se considera necesario reglamentar la huelga en los servicios esenciales y no solo penalizar, toda vez que la huelga en todos los casos es viable y no prohibitiva; sin embargo, pese a que la huelga en los servicios esenciales no debe originarse, por otro lado deben existir garantías compensatorias a favor de los trabajadores privados del derecho de huelga (sector salud), porque la huelga es uno de los medios fundamentales para hacer valer sus intereses.

Aquella protección compensatoria está referida a procedimientos de conciliación y arbitraje adecuados, imparciales y rápidos para que los interesados puedan participar en todas las etapas y en los que los laudos dictados deberían ser aplicados por completo y rápidamente; esto es importante porque se lograría obtener y conservar la confianza de ambas partes, por tanto, es imprescindible que puedan participar en la definición y en la puesta en práctica del procedimiento, que debería, además, prever garantías suficientes de imparcialidad y de rapidez y tener carácter obligatorio para ambas partes y su consecuencia inmediata es la aplicación rápida.

En nuestro país no ocurre aquello, el Estado como institución ha perdido confianza y para los sectores no tiene interlocutores creíbles, como consecuencia, el sector declaró la huelga general indefinida bajo el amparo de la cpe en su artículo 53, que indica: “Se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus derechos, de acuerdo con la ley” (textual).

La misma constitución manifiesta en su artículo 13, par. I. que: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”, por tanto, el derecho a la huelga tiene carácter de inviolabilidad y es deber del Estado proteger y respetar para el efectivo cumplimiento de este derecho.

PASOS JUDICIALES

La forma de abrogar un Decreto Supremo (ds) atentatorio a los intereses de los trabajadores de salud de manera legal sin ingresar a la huelga sería la de interponer una acción de inconstitucionalidad del ds 1126, porque la misma constitución señala en su artículo 132 que: “Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la Acción de Inconstitucionalidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley” (textual).

Es decir, la acción de inconstitucionalidad procede contra normas que niegan derechos, por consiguiente el ds 1126 es inconstitucional porque las seis horas constituyen derechos adquiridos por parte del sector salud que no pueden suprimirse unilateralmente por el Estado (empleador) y son inatacables por las leyes o convenios colectivos posteriores a aquél durante cuya vigencia se configuraron.

Además, los derechos adquiridos solo pueden diluirse en un marco normativo más favorable en su conjunto, sin que quepa su supresión sin la obtención de provecho o ventaja alguna en este caso para los trabajadores del sector.

Sin embargo, el sector salud, al carecer de confianza en las instituciones estatales (administración de justicia) y en las normas ve como única y más efectiva vía para abrogar el ds 1126 iniciar la huelga, esto tiene su fundamento debido a que el Estado no es imparcial en su accionar, tal como sucedió con el tema del Tipnis.

Estas acciones generan el conflicto en el sector salud y, de esta manera, se deja a segundo plano el rol protagónico del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), que es el encargado de velar por la supremacía de la Constitución, ejerciendo el control de constitucionalidad y precautelando el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales.

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